En La Guajira, la agricultura no empezó con un tractor, sino con la terquedad de un wayuu que decidió sembrar en el desierto. Desde las huertas de Libardo Pushaina hasta las cocinas donde renacen las recetas de las abuelas, FUCAI y Manos Unidas acompañan un proceso en el que la soberanía alimentaria se construye con agua escasa, semillas resistentes y una certeza profunda: las soluciones nacen de las propias comunidades wayuu.

En muchas partes del mundo, la historia se ha contado desde las ciudades grandes, desde los palacios del poder, desde las universidades que miran los mapas desde arriba. Allí se dibujan los centros: lugares donde se concentran la riqueza, las decisiones y las palabras que pretenden explicar el mundo.

La IX sesión del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas se realizó el 5 de marzo en Riohacha en un momento decisivo para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017. El encuentro tenía como propósito presentar el Plan de Acción Estructural orientado a superar el estado de cosas inconstitucional identificado por la Corte Constitucional en La Guajira, particularmente frente a la vulneración sistemática de derechos fundamentales del pueblo wayuu.

Hablar de género en comunidades indígenas no implica trasladar modelos externos. Implica reconocer que la autonomía también incluye la posibilidad de ampliar la participación y reconocer capacidades históricamente invisibilizadas.

En la Amazonía colombiana, en territorios como Leticia y Puerto Nariño, sembrar un árbol puede ser un acto sencillo. Restaurar un bosque no lo es.

Cuando llegué como profesional de campo, formado en técnicas productivas y acostumbrado a indicadores de rendimiento, creía entender lo que significaba reforestar: producir plántulas en vivero, seleccionar un área degradada, transportar el material vegetal, sembrar y registrar el número de individuos establecidos. El éxito, pensaba, estaba en la cifra final del informe.

Hoy es 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, y la retórica habitual nos invita a celebrar la biodiversidad como si fuera un tesoro guardado en una caja fuerte. Pero la realidad es menos brillante y mucho más urgente. No estamos ante una fiesta, sino ante una cuenta regresiva. En Colombia, la vida silvestre no es un adorno del paisaje; es el sistema de soporte que evita que el país entero se convierta en un erial. Y este año, la efeméride cae justo en la antesala de unas elecciones que decidirán si terminamos de cruzar el umbral hacia el desastre o si logramos frenar en seco.

En la más reciente Asamblea General Wayuu realizada el 18 de febrero en Uribia, autoridades tradicionales, líderes y comunidades emitieron un mandato colectivo que reafirma su derecho al gobierno propio. La decisión, adoptada en la capital indígena de Colombia, trasciende la coyuntura política y se consolida como una expresión organizada de autonomía territorial.

En Colombia estamos otra vez en campaña electoral. El país entra en ese momento curioso en el que todo parece explicarse con frases cortas y certezas contundentes. Los debates se llenan de diagnósticos rápidos, enemigos fáciles y soluciones que caben perfectamente en treinta segundos de televisión.

En FUCAI todos los años que pasan dejan huella.
Son años que dejan raíces.

El 2025 fue un año de raíces.

Mientras el mundo discutía el futuro de los bosques en auditorios climatizados, en los territorios indígenas de Colombia se sembraban árboles reales, se defendían ríos concretos y se abrazaban niños que todavía creen que el mañana puede ser distinto.

En 2023, cuatro niños indígenas sobrevivieron durante 40 días en la selva amazónica tras el accidente de una avioneta. La historia ocurrió en el departamento del Caquetá, en la Amazonía colombiana, y fue seguida por el país y el mundo entero. Lo que muchos interpretaron como un milagro fue, en realidad, la manifestación concreta de saberes ancestrales transmitidos por generaciones.

Durante más de diez años, el pueblo Sikuani ha esperado el cumplimiento efectivo de una Sentencia relacionada con la restitución de su territorio ancestral. Lo que para muchos podría interpretarse como un trámite judicial prolongado, para esta comunidad indígena representa una lucha histórica por el reconocimiento, la dignidad y la supervivencia cultural, en un territorio que por décadas ha sido el centro de la exploración , explotación y desarrollo.  No se trata únicamente de un fallo jurídico; se trata de la reivindicación de una relación milenaria con la tierra, profundamente ligada a su identidad colectiva.

En La Guajira, el pueblo Wayuu continúa enfrentando una crisis humanitaria estructural que afecta de manera desproporcionada a la niñez y a las familias en mayor condición de vulnerabilidad. A pesar de que la Corte Constitucional declaró en 2017 un Estado de Cosas Inconstitucional mediante la Sentencia T-302, las condiciones materiales de vida siguen reflejando profundas fallas en la garantía de los derechos al agua, la alimentación, la salud y la participación. La persistencia de la pobreza extrema, la desnutrición infantil y la precariedad institucional evidencian que el problema no es coyuntural, sino estructural y acumulado durante décadas de abandono estatal.

Colombia no es un país que tenga una sola lengua.
Colombia es un país que respira en plural.

Mientras en las oficinas del centro se firman decretos en castellano, en la selva alguien canta al río en una lengua que no aparece en los noticieros. En la Sierra, una abuela le explica al nieto por qué el viento no se toca. En el Caribe, la palabra viaja con sal en la piel. En el Vaupés, el silencio también habla.

Somos una nación que se oye en muchas direcciones.

En Colombia tenemos una inclinación casi literaria a responder las tragedias con frases memorables. Cuando el problema es inmenso, la solución suele ser jurídica. Cuando la realidad es escandalosa, la elevamos a doctrina. Así ocurrió en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos en la sentencia STC4360-2018. La decisión afirmó que la Amazonía es “entidad sujeto de derechos titular de protección, conservación, mantenimiento y restauración”, y ordenó la construcción de un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano.

La frase era poderosa. El gesto, histórico. El efecto, menos claro.

En este Día de la Justicia Social, la realidad nos exige claridad y franqueza, especialmente hacia aquellos países que han liderado el desarrollo industrial y que hoy, desde sus centros de pensamiento, continúan diseñando el futuro global. La verdad es contundente: no existe justicia social sin justicia ambiental. Y en este escenario, la Amazonía no es un territorio periférico que protegemos por altruismo, sino el epicentro de un tablero donde se juega la estabilidad de toda la humanidad.

En el marco del Día del Control Biológico, es necesario ampliar la mirada sobre lo que significa “controlar” en los sistemas productivos amazónicos. Para muchas comunidades indígenas, el enfoque no parte de identificar plagas como enemigos, sino de reconocer desequilibrios en la selva.

Hay nombres que no caben en un obituario porque su historia sigue ocurriendo. Kimy Pernía Domicó —líder del pueblo Embera Katío del Alto Sinú— no defendía solo un cauce de agua: defendía un orden de vida. Su lucha contra la hidroeléctrica Urrá I (en el río Sinú, Córdoba) se sostuvo en argumentos que, leídos desde la cosmovisión embera, no eran “creencias” sino criterios de gobernanza ecológica: qué es un río, cómo se comporta, qué equilibrios sostiene y qué consecuencias trae someterlo.

Hoy, cuando Córdoba enfrenta una emergencia por inundaciones asociada a lluvias atípicas y al manejo del embalse, la historia de Kimy no es pasado: es una memoria-alarma. 

La violencia que marcó a La Guajira durante el conflicto armado no ha desaparecido; se ha transformado. Hoy se expresa en la persistencia del hambre, en la falta de agua, en la desprotección de la niñez y en la sensación de abandono frente a decisiones judiciales que no se cumplen

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha definido que el servicio de atención integral a la niñez wayuu en La Guajira inicie en la segunda semana de febrero, bajo un esquema de gestión directa y contratación ajustada a los mandatos de la Sentencia T-302 de 2017. En una reciente circular la entidad traza una hoja de ruta que busca garantizar continuidad, control público y enfoque diferencial en uno de los territorios más sensibles del país, donde la niñez enfrenta riesgos estructurales asociados al racismo histórico, pobreza, desnutrición y exclusión.

Hoy cuando celebramos el día de la  Energía y cuando las noticias en el mundo , nos golpean con el intenso invierno que viven los países del norte y del sur, podemos reflexionar no solo sobre avances tecnológicos que permite que cientos de personas en sus hogares puedan disfrutar de su sistema de calefacción, pero, ¿A qué costo?  ¿Qué modelo y que países sostienen el modelo de comodidad mundo actual?

Aunque se anuncian metas de descarbonización y se expanden parques solares y eólicos, el planeta sigue dependiendo en gran medida del carbón, el petróleo y el gas. Durante los inviernos intensos del hemisferio norte, el consumo de combustibles fósiles aumenta considerablemente para garantizar calefacción y estabilidad energética. Esta realidad evidencia que la transición energética no es únicamente un cambio técnico, sino un proceso profundamente político y ético.

La población wayuu sigue a la espera del cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017. Aún la superación del Estado de Cosas Inconstitucionales sigue a la espera y la entrega del Plan de acción continúa con un retraso de 7 años. ¿Hasta cuándo?