El Decreto 0488 del 1 de mayo de 2025 representa un avance histórico para los pueblos indígenas de Colombia, al establecer las condiciones legales, administrativas y financieras para la conformación de Entidades Territoriales Indígenas (ETI). Esta figura permite a las comunidades ejercer su derecho al autogobierno, acceder directamente a recursos públicos y organizarse territorialmente conforme a sus formas de vida, cosmovisión y gobierno propio. Además, el decreto reconoce la diversidad étnica del país y fortalece el principio de autodeterminación, abriendo un camino concreto para que los pueblos indígenas gestionen sus asuntos sin depender exclusivamente de estructuras municipales o departamentales.

Esta norma responde a sentencias como la T-302 de 2017 y otros fallos de la Corte Constitucional que exigen superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que enfrentan muchos territorios indígenas, especialmente en regiones como La Guajira. No obstante, su implementación exige superar retos importantes, como el fortalecimiento institucional de los cabildos, la armonización con otras entidades territoriales y el acompañamiento técnico del Estado. A pesar de los desafíos, el Decreto 0488 ofrece una herramienta crucial para avanzar hacia la reparación histórica, la inclusión efectiva y el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La triple frontera ofrece un punto de vista único que revitaliza la conceptualización de los principales puntos de vista teóricos que ofrecen las Relaciones Internacionales. ¿La teoría acierta en su acercamiento o falla en intentar definir un entorno sumamente diverso? Gracias al Aula Viva de la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la triple frontera ahora también se analiza desde las Relaciones Internacionales y su respectivo repertorio conceptual.

En el corazón de la Amazonía colombiana, el cuerpo es vivido como territorio: una unidad simbólica, política y espiritual que se forma en relación profunda con la selva y la comunidad. Este artículo explora cómo los procesos formativos de los Guardias Indígenas Socioambientales, facilitados por la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), se basan en una pedagogía situada que reconoce el cuerpo como lugar de saber, memoria y resistencia. A partir de prácticas cotidianas —como el trabajo en la chagra, la defensa del territorio y los rituales colectivos— el cuerpo se convierte en sujeto activo de cuidado y transformación. Inspirado por pensamientos indígenas y pedagogías críticas, el texto propone una comprensión integral del cuerpo como mapa del Buen Vivir, donde cada parte encarna una dimensión vital del equilibrio entre comunidad, naturaleza, organización y vida. Frente a contextos de violencia, este cuerpo colectivo apuesta por la defensa de la vida, no desde la guerra, sino desde el cuidado, la espiritualidad y la experiencia.

El 30 de abril de 2025, el Gobierno de Colombia expidió el Decreto Ley 0480, que establece el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) como política de Estado. Este hito marca un avance significativo en el reconocimiento del derecho fundamental a la salud de los pueblos indígenas, basado en los principios de autonomía, derecho propio, ley de origen e interculturalidad. El SISPI permite a cada pueblo decidir voluntariamente su adopción, y les otorga facultades para diseñar, gestionar y evaluar modelos de atención en salud que integren saberes ancestrales y medicina occidental.

El decreto contempla elementos clave como gobernabilidad indígena, creación de instituciones propias, un sistema de información autónomo (InfoSISPI), y un enfoque integral de la salud ligado al territorio, la espiritualidad y el bienestar colectivo. Sin embargo, su implementación enfrenta retos estructurales: la falta de capacidades técnicas en muchos territorios, limitaciones de infraestructura y conectividad, debilidades institucionales locales y riesgos de cooptación externa.

La puesta en marcha del SISPI exige organización comunitaria, acompañamiento técnico, voluntad política y respeto intercultural. Más allá de una reforma sectorial, el SISPI representa una oportunidad histórica de reparación y justicia social, y plantea una pregunta crucial: ¿están las comunidades y el Estado preparados para caminar juntos hacia un modelo de salud verdaderamente intercultural y autónomo?

En La Guajira, Colombia, donde la desprotección estatal ha dejado a la niñez Wayuu en condiciones críticas, surgió la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017 como una respuesta ética, técnica y obstinadamente comprometida con la defensa de los derechos fundamentales. Esta veeduría —conformada por un equipo interdisciplinario de alta calidad— se ha convertido en un actor clave al documentar, denunciar y exigir el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional frente a la crisis humanitaria de los niños Wayuu. Desde una perspectiva comunitaria, crítica y persistente, ha enfrentado al Estado con evidencia rigurosa, testimonio social y profunda convicción, posicionándose como un referente de vigilancia ciudadana transformadora. Más que un ente de control, ha sido un símbolo de coherencia y dignidad en un territorio donde la vida de un niño depende, muchas veces, del cumplimiento real y no simbólico de las políticas públicas.

La proyección social de la Universidad de La Guajira ha alcanzado un hito significativo con la implementación de la tercera fase del diplomado en Gobierno Comunitario y Control Ciudadano en rancherías wayuu de Maicao, Uribia y Manaure. Esta iniciativa, desarrollada en alianza con la Fundación Caminos de Identidad – FUCAI y la Veeduría Ciudadana, se enmarca en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, fortaleciendo el rol social de la academia en territorios indígenas. A través de un proceso formativo teórico-práctico, se capacitó a 229 participantes, en su mayoría mujeres y jóvenes, en temas como legislación indígena, estructura del Estado, participación ciudadana y gobierno comunitario del agua. El diplomado permitió a las comunidades desarrollar autodiagnósticos, construir planes de vida y apropiarse de herramientas jurídicas y técnicas para exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales. La participación de estudiantes de Uniguajira en el acompañamiento de campo reforzó el vínculo entre la academia y las comunidades, consolidando un modelo de formación intercultural que fomenta la autonomía, la identidad y el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado colombiano.

El uso creciente del incidente de desacato como mecanismo judicial en La Guajira para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales ordenados en fallos de tutela, especialmente tras la Sentencia T-302 de 2017. En un contexto de crisis humanitaria marcada por desnutrición, desempleo, falta de servicios básicos, incumplimientos contractuales estatales y migración, se destaca el desacato como una vía de presión ante la ineficacia estructural del Estado. Se expone el fundamento legal del desacato como desobediencia a mandatos judiciales y se enfatiza su carácter coercitivo, el cual, aunque útil, resulta limitado al condicionar el restablecimiento de derechos a la voluntad del infractor. El texto alerta sobre la ineficiencia del incidente de desacato como único instrumento para hacer valer derechos en el territorio y resalta la urgencia de adoptar medidas más eficaces, con mayor articulación institucional y comunitaria. Se presentan casos recientes de comunidades wayuu que, ante la falta de agua potable, han iniciado acciones legales, previendo una proliferación de demandas similares. El artículo concluye señalando la persistencia del estado de cosas inconstitucional en La Guajira, la falta de cumplimiento estructural de la Sentencia T-302 y la necesidad urgente de acción estatal real y efectiva.

El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) se realizará por primera vez en Riohacha, La Guajira, del 1 al 3 de septiembre de 2025, marcando un hito al centrar la atención internacional en una región fronteriza profundamente afectada por la migración venezolana. La elección de esta sede responde a la necesidad urgente de visibilizar los desafíos estructurales y humanitarios que enfrenta La Guajira, especialmente los reconocidos por la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración de derechos del pueblo wayuu. Este evento, que reunirá a más de 150 delegaciones globales, representa una oportunidad histórica para evidenciar tanto los avances como las deudas del Estado colombiano frente a esta crisis. Asimismo, se proyecta como un escenario de articulación institucional, fortalecimiento logístico y empoderamiento local, con énfasis en la participación activa de comunidades wayuu. A pesar de los retos en infraestructura y servicios, el Foro podría convertirse en un catalizador de transformación estructural, con capacidad para posicionar a Riohacha como un referente en migración digna y desarrollo con enfoque de derechos.

Esta crónica narra la experiencia vivida por una delegación de líderes indígenas y representantes de la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) en un viaje de intercambio a Ecuador, donde conocieron diversas iniciativas de turismo comunitario lideradas por Maquita Turismo Responsable. A lo largo de seis días, el grupo recorrió comunidades Kichwa en la Amazonía, la Sierra y los Andes ecuatorianos, aprendiendo de mujeres lideresas, guardianes del agua y defensores de la memoria viva de sus pueblos. El agua, como símbolo sagrado, acompañó cada paso de este aprendizaje profundo y espiritual, en el que la sabiduría ancestral se entrelazó con propuestas organizativas, productivas y culturales.

La crónica destaca el turismo comunitario no solo como una actividad económica, sino como una apuesta ética y política por el Buen Vivir, en donde la identidad, la cultura y la naturaleza son protegidas y compartidas, no explotadas. El viaje permitió reconocer los retos que enfrenta este modelo —desde el fortalecimiento organizativo hasta la educación y participación comunitaria—, reafirmando que el turismo comunitario es un camino de dignidad, no una moda pasajera. Así, los aprendizajes recogidos en Ecuador se entienden como semillas que serán sembradas y cuidadas en la Amazonía colombiana, con el espíritu firme de seguir tejiendo procesos de vida con identidad. Como recordó el padre Graciano al final del recorrido: “Prohibidísimo desanimarse.”

La Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional reconoció una grave crisis humanitaria en La Guajira, originada por la violación sistemática de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu, especialmente en salud, alimentación, acceso al agua y participación. A pesar de los mandatos legales para revertir esta situación, persisten serias limitaciones en la participación y representación efectiva de las comunidades wayuu. Estas dificultades se deben, en parte, al desconocimiento institucional del sistema de e´irruku (clan materno), estructura fundamental de la organización social wayuu. La fragmentación del liderazgo, la disputa por recursos y la falta de mecanismos interculturales de diálogo han obstaculizado la implementación de soluciones urgentes. El artículo propone fortalecer la autonomía wayuu mediante un enfoque territorial e intercultural, que reconozca a sus autoridades tradicionales, garantice la transparencia en la gestión pública y priorice acciones efectivas para proteger la vida y dignidad de la niñez.

La crónica “Liseth y su bebé murieron por falta de controles prenatales” narra la desgarradora historia de Liseth, una niña wayuu de 15 años que falleció junto a su hijo recién nacido en La Guajira, víctima de la desnutrición, el abandono institucional y la ausencia de controles prenatales. A través de su historia, se expone la grave crisis humanitaria y estructural que enfrenta el pueblo wayuu, a pesar de la existencia de normativas como la Sentencia T-302 de 2017, cuyo incumplimiento ha perpetuado altos índices de mortalidad infantil. El texto denuncia un modelo de atención estatal basado en la fragmentación, la contratación y la corrupción, que ignora la realidad territorial y cultural de las comunidades indígenas. Propone una transformación estructural del sistema de relacionamiento institucional, centrada en la garantía de derechos, el fortalecimiento del gobierno propio wayuu y la articulación efectiva de políticas públicas desde un enfoque territorial, participativo y sostenible. La muerte de Liseth y su hijo se convierte así en un símbolo de las miles de vidas silenciadas por un sistema que prioriza los contratos sobre la vida.

El Tercer Encuentro de Experiencias en Soluciones Basadas en la Naturaleza reunió en Puerto Maldonado a comunidades de Brasil, Bolivia y Perú para compartir estrategias de resistencia frente a la crisis climática. A través de iniciativas como la restauración ecológica de Florestanía, la cocina como herramienta de conservación, y los sistemas agroforestales de la Cooperativa Agrobosque, el evento evidenció la intersección entre saberes ancestrales y ciencia para defender la Amazonía. En un contexto de deforestación, contaminación por mercurio y crisis alimentaria, el encuentro se convirtió en un espacio de aprendizaje colectivo y reafirmación del Buen Vivir como un camino de equilibrio, justicia y memoria.

La mala planificación y abandono de infraestructuras construidas con los millonarios recursos destinados a la atención infantil en La Guajira. A pesar de la inversión anunciada por el ICBF, muchas de estas edificaciones, como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), están en desuso y cerradas para la comunidad, dejando a los niños en condiciones precarias. Se señala la falta de sostenibilidad en los proyectos y la ausencia de un plan que garantice su funcionamiento. El texto hace un llamado a la evaluación de estas inversiones para evitar que los recursos sigan desperdiciándose en estructuras que nunca cumplen su propósito.

Un año de trabajo en el Resguardo Indígena Saracure, en Vichada, donde un proyecto liderado por Fucai ha fortalecido la identidad cultural, la nutrición y la protección de los niños Piapoco y Sikuani. A través del liderazgo de gestoras comunitarias, se brindó formación a familias y autoridades para mejorar el cuidado infantil, promover la autonomía femenina y preservar la cultura. Además, se implementaron estrategias para combatir la desnutrición con conocimientos ancestrales y siembras que restauran el ecosistema. A pesar de los logros alcanzados, el artículo enfatiza la necesidad de continuar con el esfuerzo para garantizar un futuro sostenible para las comunidades.

Las mujeres indígenas de Colombia y América son guardianas del conocimiento ancestral y la naturaleza, asegurando la vida de sus pueblos a través del equilibrio con el entorno. Han resistido discriminación y violencia, pero siguen organizándose para defender el territorio, la soberanía alimentaria y la justicia social. Son sembradoras, médicas tradicionales y líderes en la transmisión de saberes, impulsando alianzas y proyectos que fortalecen sus comunidades. Exigen mayor participación en la toma de decisiones y políticas que reflejen su visión, pues proteger la naturaleza y garantizar un futuro sostenible es una responsabilidad compartida que solo se logra con justicia, equilibrio y reciprocidad.

Las mujeres indígenas son el pilar fundamental en la conservación de la cultura y el desarrollo de sus comunidades. En el Vichada, tres mujeres lideran el Programa de Ecología, Deporte e Identidad Cultural, con el propósito de fortalecer la identidad ancestral, promover la educación ambiental y mejorar las condiciones de vida de los niños. A pesar de los desafíos y el escepticismo inicial, han demostrado que el liderazgo femenino no solo preserva tradiciones, sino que impulsa cambios sociales y fortalece la autonomía comunitaria. Su ejemplo inspira a otras mujeres a asumir roles de liderazgo, asegurando un futuro más justo e inclusivo.

Se hace la distinción entre datos e información, resaltando que los datos son unidades aisladas sin contexto, mientras que la información es el resultado del procesamiento de estos, permitiendo la toma de decisiones y la evaluación de fenómenos mediante indicadores. Se menciona la metodología CREMA del Banco Mundial para validar indicadores y la importancia de establecer líneas base para evaluar avances. Además, se expone la problemática del MESEPP en La Guajira, evidenciando su falta de estructuración y cumplimiento en la implementación de políticas públicas, especialmente en el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, lo que ha generado bloqueos en el desarrollo social y económico de las comunidades Wayuu.

En el norte del Cauca, la comunidad Nasa ha convertido la Hacienda La Emperatriz en un símbolo de resistencia y renacimiento. Desde 2005, este territorio de 200 hectáreas ha sido recuperado por la comunidad, transformándose en un espacio de aprendizaje y fortalecimiento cultural.

El proceso ha sido liderado por el Tejido de Educación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), con apoyo de la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) y diversas universidades. Juntas, han desarrollado el Programa Universitario para la Formación de Profesionales en el Cuidado de la Vida, diseñado en colaboración con la Guardia Indígena para fortalecer su labor en la defensa del territorio y la memoria ancestral.

Además, el proyecto ha impulsado la producción agroecológica y la recuperación de prácticas tradicionales, como el manejo del tul (parcela sagrada). También se han implementado estrategias de sustentabilidad, incluyendo análisis de suelo y agua, modelos silvopastoriles y talleres sobre producción agrícola y ganadera.

De cara al futuro, la comunidad planea continuar con la reforestación de la microcuenca hídrica y consolidar los programas educativos con universidades aliadas. La educación y la autonomía siguen siendo el eje central de este proceso, que busca asegurar la soberanía territorial y la resiliencia del pueblo Nasa.

FUCAI visitó la comunidad de Nazareth en el Amazonas, donde su trabajo va más allá del turismo y se centra en el reencuentro con la comunidad y la protección del territorio. Su relación con la naturaleza es entendida como un vínculo cultural y social basado en el respeto mutuo con quienes la habitan. En octubre de 2024, realizaron un diplomado sobre pueblos indígenas y protección infantil, promoviendo la identidad cultural y la formación de agentes de cambio. También llevaron a cabo talleres sobre redes y comunicaciones para fortalecer la voz de la guardia indígena y otro de primeros auxilios, integrando saberes tradicionales y occidentales. Estas actividades permitieron a FUCAI convivir con la comunidad, aprender de su cotidianidad y reforzar su compromiso con la conservación del Amazonas.

La Guajira enfrenta una crisis humanitaria agudizada por la migración venezolana, que ha incrementado la demanda de servicios básicos, especialmente en municipios como Maicao y Riohacha. La población wayuu, en su mayoría binacional, sufre de manera significativa, con altos índices de desnutrición infantil, pobreza y precariedad en infraestructura.

La situación requiere de respuestas rápidas y sostenibles por parte de las autoridades, mientras la Corte Constitucional prepara una inspección para evaluar las condiciones de acceso al agua y la atención a menores.