La Guajira enfrenta grave crisis hídrica y social.

Por: Paulo Berty

Las carretillas jaladas por burros son el medio más popular de transporte de agua potable en La Guajira.

A pesar de las múltiples promesas y proyectos, la situación del acceso al agua en La Guajira continúa siendo insostenible, especialmente para las comunidades indígenas wayuu que dependen de este recurso vital para su supervivencia. La Sentencia T-302 del 2017 de la Corte Constitucional buscó garantizar el derecho fundamental al agua para esta población, estableciendo la obligación de aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Sin embargo, el seguimiento realizado y los informes recientes indican que las acciones implementadas han tenido un impacto muy limitado, mostrando un cumplimiento bajo y reactivo, en lugar de una solución estructural y sostenible.

Las debilidades en la planeación, ejecución y adquisición de recursos, así como la desarticulación institucional y la falta de información relevante, evidencian que las medidas tomadas no han logrado mejorar de manera efectiva el goce del derecho al agua. La escasez de lluvias, la contaminación de fuentes hídricas y la infraestructura insuficiente agravan aún más la crisis, afectando a miles de habitantes en zonas rurales y urbanas, quienes enfrentan el día a día con carrotanques y cisternas que apenas logran suplir la demanda básica. La situación se ve agravada por la corrupción y la falta de inversión sostenida, que han impedido la implementación de soluciones duraderas y eficientes.

En La Guajira, las fuentes de agua, incluyendo las subterráneas, presentan altos niveles de minerales y sales, lo que las hace no aptas para el consumo humano. La infraestructura de acueducto y alcantarillado está en mal estado y resulta insuficiente para atender la demanda, especialmente en las zonas rurales y en municipios como Uribia, cuya extensión territorial y condiciones geográficas complican aún más la distribución del recurso. La presencia de aguas contaminadas y la erosión del suelo dificultan la recuperación de fuentes naturales, y las soluciones temporales como los carrotanques solo evidencian la urgencia de acciones a largo plazo.

El departamento cuenta con un responsable en la gestión del recurso hídrico, la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira (ESEPGUA), la cual ha realizado esfuerzos, pero aún está lejos de cumplir con las metas necesarias para garantizar el acceso universal y digno al agua. La construcción de plantas y molinos de viento, así como la protección de ríos y humedales, son acciones pendientes que requieren inversiones significativas y una gestión transparente, participativa y eficiente. La participación activa de las comunidades en la planificación y ejecución de estas soluciones resulta indispensable para garantizar su sostenibilidad y efectividad.

El impacto de la crisis hídrica en la salud, la seguridad alimentaria y el desarrollo social es profundo y alarmante. La prevalencia de enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua, como las diarreas, afecta principalmente a los niños y niñas, poniendo en riesgo su vida y su integridad. La escasez también limita la producción agrícola y la economía local, generando un círculo vicioso que perpetúa la pobreza y la marginación en las zonas más vulnerables. La dependencia de fuentes de agua en las cabeceras municipales, que deben distribuirse a las zonas rurales, evidencia una estructura inadecuada y altamente vulnerable a las condiciones climáticas adversas.

En las regiones de la Alta y Media Guajira, el acceso al agua es aún más difícil debido a la extensión territorial, la erosión del suelo y la calidad deficiente de las aguas subterráneas. La dispersión de las comunidades, sumada a la falta de vías adecuadas, dificulta la llegada de soluciones sostenibles y eficientes, haciendo que el recurso se siga distribuyendo de manera precaria y reactiva. La situación de crisis humanitaria en estas zonas, donde la cobertura de agua potable según el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio no sobrepasa el 19%, refleja la gravedad del problema y la necesidad urgente de una intervención integral que involucre a todos los actores sociales y políticos.

Para las comunidades wayuu, el agua trasciende su carácter de bien material; representa su espiritualidad, su cultura y su continuidad como pueblo. La pérdida del acceso a este recurso esencial no solo significa un problema sanitario, sino también una amenaza a su identidad y forma de vida. La historia de promesas incumplidas y de proyectos fracasados evidencia la falta de voluntad política y de una verdadera gobernanza que priorice los derechos de estas comunidades. La corrupción, el desinterés y la falta de diálogo con las comunidades son los principales obstáculos para lograr avances reales y duraderos.

La esperanza de un futuro mejor en La Guajira requiere de un compromiso colectivo y de instituciones fuertes, autónomas y transparentes, capaces de afrontar los desafíos estructurales y coyunturales que impiden garantizar el acceso al agua en condiciones dignas. Es imperativo que las soluciones no sean solo respuestas temporales, sino estrategias sostenibles que integren la protección del medio ambiente, la participación comunitaria y la gestión eficiente de los recursos. Solo así será posible construir un territorio donde el agua deje de ser una fuente de conflicto y se convierta en un elemento de paz, vida y cultura para todos los habitantes de La Guajira.