Se hace la distinción entre datos e información, resaltando que los datos son unidades aisladas sin contexto, mientras que la información es el resultado del procesamiento de estos, permitiendo la toma de decisiones y la evaluación de fenómenos mediante indicadores. Se menciona la metodología CREMA del Banco Mundial para validar indicadores y la importancia de establecer líneas base para evaluar avances. Además, se expone la problemática del MESEPP en La Guajira, evidenciando su falta de estructuración y cumplimiento en la implementación de políticas públicas, especialmente en el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, lo que ha generado bloqueos en el desarrollo social y económico de las comunidades Wayuu.

El reciente ejercicio del presidente Gustavo Petro y su gabinete, que reveló las deficiencias en la ejecución de obras y el incumplimiento de soluciones territoriales prometidas. Se destaca que, aunque Petro ha adoptado un enfoque distinto al trasladar su gobierno a La Guajira y priorizar necesidades locales, la falta de avances concretos en proyectos clave, como la construcción de hospitales, el acceso al agua y la conectividad, sigue afectando a la región.

El presidente reconoció que el 75% de sus promesas no se han cumplido y criticó la burocracia que impide la materialización de proyectos. También señaló que muchas inversiones se quedan en trámites administrativos sin impacto real en las comunidades. La falta de control y sanciones a funcionarios responsables de la ejecución es otro problema clave.

En conclusión, el gobierno enfrenta el reto de acelerar el cumplimiento de compromisos para transformar verdaderamente los territorios y evitar que las promesas queden en simples documentos sin ejecución.

Desde 2018, la Corte Constitucional ha supervisado el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 en La Guajira mediante informes, verificaciones y autos adicionales, con apoyo de la sociedad civil y líderes indígenas. Se han implementado herramientas como un micrositio informativo y el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (MESEPP), aunque este último aún es insuficiente para medir el impacto real de las acciones en la región. El seguimiento ciudadano es clave para contrastar la información oficial con la realidad del territorio y garantizar el cumplimiento efectivo de la Sentencia.

La grave crisis humanitaria que afecta al pueblo Wayuu, especialmente en La Guajira, donde la Corte Constitucional de Colombia ha declarado un "estado de cosas inconstitucional" debido a la vulneración generalizada de derechos fundamentales como el acceso al agua, la alimentación y la salud. En 2017, la Corte ordenó la creación de una política pública para resolver estas problemáticas, pero a pesar de los esfuerzos, la situación sigue siendo crítica. En 2024, la desnutrición sigue causando muertes, especialmente entre niños menores de cinco años, y las soluciones propuestas, como la construcción de infraestructuras y programas de salud y alimentación, aún no se han implementado de manera efectiva.

El artículo critica la falta de compromiso de las autoridades, incluidas las organizaciones sociales y las autoridades tradicionales Wayuu, que no han logrado cumplir con las órdenes judiciales, como la implementación de la Sentencia T-302 de 2017. También se denuncia la corrupción en la selección de beneficiarios y contratistas, lo que ha obstaculizado aún más los esfuerzos para aliviar la crisis.

A pesar de algunas acciones, como la construcción de pozos y el suministro de alimentos, la situación sigue siendo alarmante, con la falta de acceso a servicios básicos y la falta de implementación de políticas públicas adecuadas. El artículo subraya que las autoridades nacionales, locales y las propias organizaciones Wayuu deben asumir su responsabilidad para superar esta crisis y garantizar los derechos fundamentales del pueblo Wayuu.

En 2024, La Guajira reportó 50 muertes de niños menores de 5 años relacionadas con desnutrición, una cifra menor que en 2023, pero aún 7,2 veces superior al promedio nacional. La Corte Constitucional reconoció ajustes en el Plan Provisional de Acción, pero enfatizó que no representan la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) ni garantizan los derechos de los niños wayúu. Es fundamental priorizar ejes clave como agua potable, salud, seguridad alimentaria, infraestructura vial e información, con sostenibilidad a largo plazo y la participación activa de las comunidades. Los retos inmediatos incluyen enfrentar el cambio climático, mejorar la autosuficiencia indígena y avanzar en energías renovables. La cooperación multisectorial es indispensable para garantizar la supervivencia y bienestar del pueblo wayúu.

En el mes de Octubre FUCAI junto con Dejusticia participaron en la exposición de trabajos de investigación de la primera Cohorte del laboratorio de Violencia , inequidad y poder que realizó el instituto Kroc de la Universidad de San Diego en California. Este laboratorio para el análisis de las formas de violencia, desigualdad y poder que se ejerce en el mundo contra las minorías, permite no solo el análisis de estructural de la violencia en diferentes partes del mundo, sino que posibilita el tejido de lazos de colaboración entre los participantes, la academia y diferentes aliados para la búsqueda de soluciones en la erradicación eficaz de la desigualdad. En esta oportunidad las voces de las mujeres wayuu, representadas por la abogada Dayana Palmar, se visibilizaron en su investigación: “ La discriminación contra las mujeres wayuu como sistema de Violencia Colectiva Contra el Pueblo Indígena Wayuu en Venezuela y Colombia”.

La Veeduría Ciudadana para la implementación de la Sentencia T302 de 2017, aborda la problemática de la pobreza multidimensional en La Guajira. Se cuestiona la eficacia de las transferencias de recursos como medida gubernamental, especialmente tras la invalidación de decretos que afectaron a madres en situación de desnutrición. La Corte Constitucional destaca la no retroactividad de las medidas, considerando la precariedad económica. Empresarios y economistas proponen estrategias sostenibles para impulsar la economía y garantizar la equidad regional. Un foro reciente destaca la necesidad de cumplir con sentencias de la Corte Constitucional y busca soluciones para una verdadera equidad territorial, enfocándose en la economía popular. La unidad de actores, incluyendo gobierno, empresa privada, ONGs y sociedad civil, se destaca como clave para fortalecer la economía y garantizar derechos fundamentales.

En respuesta al incidente de desacato declarado por la Corte Constitucional el 8 de noviembre de 2023, en el auto 2764, este artículo examina la relevancia del cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017, particularmente en la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación (MESEPP) para superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). Destacando la importancia de recordar la orden específica de la Corte, se subraya la necesidad inmediata de la formación del MESEPP, compuesto por una amalgama de instituciones, funcionarios y personas, con el objetivo de garantizar los derechos de los niños wayuu, superar el ECI y cumplir con objetivos constitucionales. El artículo enfatiza la urgencia de coordinar esfuerzos entre niveles de gobierno y la sociedad wayuu, evidenciando la falta de cumplimiento hasta la fecha, y concluye instando a la pronta creación del MESEPP para prevenir la desnutrición y muertes infantiles.

La situación crítica del departamento de La Guajira, se ha convertido en un modelo de estudio debido a una serie de factores sociales, económicos y políticos que lo hacen único. Entre estos factores se encuentran la migración, la inseguridad alimentaria, la violencia, la ingobernabilidad, la violación de derechos y las condiciones climáticas, todo lo cual ha llevado a un estado constante de crisis humanitaria y a la incapacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales de su población. A pesar de múltiples sentencias y esfuerzos, la desnutrición sigue siendo un problema crítico en la región, con la muerte de miles de niños debido a enfermedades relacionadas con la desnutrición. La reciente declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023 plantea desafíos y oportunidades para abordar la crisis en La Guajira, enfatizando la necesidad de una acción efectiva y decidida por parte del Congreso de la República y del Gobierno.

En la Alta Guajira, un territorio marcado por la sequía y la riqueza en minerales, hidrocarburos y energías renovables, niños y niñas wayuu detienen vehículos para pedir comida a cambio de permitirles el paso, creando "peajes de niños wayuu". Estos peajes son una consecuencia del hambre y la desnutrición en la comunidad wayuu debido a la falta de oportunidades e inclusión social. La actividad implica obstaculizar las carreteras con cuerdas y solicitar contribuciones en dinero o especie a los conductores. Este problema se ha extendido a otras protestas y bloqueos en la región, a menudo involucrando a niños y personas vulnerables para demandar atención y derechos humanos.

La Procuraduría General de la Nación ha publicado una lista oficial de 676 candidatos inhabilitados para las elecciones territoriales de octubre en Colombia. Estas inhabilidades se deben a diversas sanciones, incluyendo procesos disciplinarios, fiscales y penales, así como la privación de la libertad. Entre los candidatos inhabilitados se encuentran figuras destacadas, como Oneida Pinto, exalcaldesa y exgobernadora, y varios candidatos a gobernaciones, concejos, asambleas y alcaldías en diferentes departamentos. A nivel nacional, diversas organizaciones políticas tienen candidatos inhabilitados, destacándose Fuerza Ciudadana, el Partido Conservador y el Partido de la U. Este artículo resalta los desafíos y oportunidades que enfrenta La Guajira en estas elecciones, incluyendo la importancia de elegir representantes competentes y la necesidad de fortalecer las instituciones para impulsar el desarrollo económico y combatir la corrupción.

El artículo se enfoca en la crisis humanitaria en La Guajira, Colombia, causada por los "peajes" humanos controlados por niños, niñas y ancianos wayuu. Estos peajes involucran el cobro de dinero o bienes a cambio de permitir el paso de vehículos. La crisis incluye desnutrición infantil y condiciones precarias en la comunidad wayuu. El artículo sugiere que esta crisis debe ser vista como alcabalas, similares a impuestos locales y puntos de control, para entender mejor sus complejidades, incluyendo aspectos fiscales y regulación del acceso a territorios ancestrales. En resumen, el artículo aborda una crisis humanitaria en La Guajira causada por deficiencias estatales y del mercado.

Este artículo analiza la evolución y transformación continua de La Guajira, Colombia, hacia un futuro esperanzador, destacando los desafíos históricos y los esfuerzos gubernamentales actuales para abordar problemas como la desnutrición infantil y las deficiencias en servicios básicos. Se explora la emisión de varios decretos bajo un estado de emergencia, con el propósito de mejorar indicadores clave y cumplir con mandatos judiciales. Sin embargo, se señala la necesidad de una coordinación más sólida y un enfoque integral en la planificación. El artículo también menciona la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para debatir la pertinencia de la declaración de emergencia en la región.

Las comunidades indígenas de Colombia, representadas por diversos grupos étnicos, se reunieron para discutir y compartir sus experiencias en la preservación y fortalecimiento de sus territorios ancestrales. Emitieron un comunicado en el que expresaron preocupaciones y exigencias en relación con los desafíos territoriales y la transición hacia formas justas de generación de energía. También rechazaron proyectos que amenazan la seguridad y supervivencia de las comunidades y demandaron el cumplimiento de sentencias judiciales y la suspensión de proyectos extractivos que afectan la salud y los territorios. Asimismo, solicitaron la aplicación y reglamentación del acuerdo de Escazú para proteger el medio ambiente. Hicieron un llamado al gobierno nacional para que atienda sus demandas y respete sus derechos. Las comunidades cerraron el encuentro con la esperanza de ser escuchadas y manifestaron su determinación de resistir en sus territorios.

En mayo de 2023 se conmemoraron 6 años de la expedición de la sentencia T-302 del 2017 por parte de la Corte Constitucional de Colombia, la cual buscaba proteger los derechos fundamentales del pueblo wayuu en La Guajira. Sin embargo, a pesar de esta sentencia, persisten problemas estructurales que impiden el acceso al agua potable, la alimentación y la salud, lo cual ha llevado a la muerte de niños por desnutrición. Hasta el cierre de 2022, se registraron 85 fallecimientos, y en 2023, hasta la semana epidemiológica No. 19, ya se habían sumado 27 muertes más.

La Corte Constitucional está revisando la corrupción en La Guajira para superar la violación masiva de derechos fundamentales. La implementación de la Sentencia T-302 de 2017 ha sido poco efectiva debido a la corrupción en obras e inversiones. Se solicitan análisis y medidas para combatir la corrupción y sus impactos en la niñez wayuu. La corrupción ha causado muertes y problemas sociales. Se propone fortalecer el Estado de derecho, promover la participación ciudadana y garantizar la transparencia. Es un año decisivo para cerrar este doloroso capítulo y garantizar los derechos humanos en La Guajira.

"Crónica de una Guajira Herida" es un relato impactante de la realidad que viven las comunidades indígenas en el desierto de La Guajira, en Colombia. Escrito por Zulma Rodríguez del equipo de la Veeduría ciudadana, el artículo describe la desesperanza, la pobreza y el abandono en el que viven las personas en esta región, y cómo el estado de cosas inconstitucional ha desencadenado en la muerte de muchos inocentes e indefensos menores wayuu. La crónica relata la visita de un grupo de expertos que, a través de sus ojos, se encuentran con los rostros y las historias de quienes habitan en las rancherías de La Guajira, con la esperanza de encontrar una solución a la herida abierta que ha sangrado durante años.