En La Guajira, el agua no llega, la infancia se enferma y la promesa estatal sigue arrastrándose en una carretilla.

El Aula Viva no fue solo un evento. Fue una herida luminosa, una alegría nueva, una filosofía que se sembró para siempre.

En el Amazonas aún se juega fútbol a las cinco. Allá el tiempo no es oro: es vida. Y tal vez esa sea la verdadera riqueza.

Cuatro decretos, una deuda histórica saldada a medias: los pueblos indígenas avanzan, pero el Estado aún titubea.

La Guardia Indígena es fuerza espiritual y defensa colectiva del territorio, la vida y la cultura ancestral.

El abuelo no sabía qué era inflación. Y tal vez por eso tenía razón. En su chagra, la abundancia no se mide en cifras.

Ni agua ni plan: la Corte advierte que Guajira Azul no basta y que los niños wayuu siguen esperando lo esencial.

El desierto acogió a 25 mujeres que entre las ardientes arenas, los fogones, las ollas, las cucharas y las ganas de sorprenderse, se reunieron junto al fogón, para reconocer los ingredientes que las acompañan día a día en sus cocinas y que de la mano del chef Adrews Arrieta, cobran un nuevo sentido dentro de sus paladares. Conocer, descubrir, experimentar, saborear y dejarse sorprender era el requisito para participar en estos dos días de cocina tradicional y poder redescubrir los sabores que el desierto tiene y se pueden ofrecer en las cocinas de las mujeres y hombres wayuu.

En estos tiempos en que el mundo parece desbordarse entre polarizaciones, dogmas y urgencias, necesitamos más que nunca detenernos a pensar —y a escucharnos. Esta crónica, escrita como un encuentro imposible pero necesario, pone en diálogo al liberalismo clásico con voces ancestrales, filosóficas y espirituales que han sido históricamente silenciadas o marginadas. No es una confrontación, sino una invitación a mirar el alma de las ideas y el rostro del otro. Porque tal vez no se trata de quién tiene la razón, sino de cómo volvemos a tejer caminos hacia la dignidad compartida.

El “Ayawataa” que en lengua wayuu significa verse, mirarse, reconocerse en colectivo, reencontrase y tomar conciencia.

El Ayawataa se orienta a la construcción de un tejido familiar, comunitario y social para proteger la vida de la infancia, y que va más allá de la función de observar, pues implica tejer acciones en pro de la vida: Ver a los niños y niñas y hacer conciencia de su valor dentro de las comunidades, ver y hacer conciencia de las potencialidades y compromisos de las familias para el cuidado de los niños, sumar esfuerzos y comprender que también las instituciones y la sociedad civil, desempeñan un rol fundamental en la garantía de derechos de la infancia.

La participación activa y genuina de las comunidades wayuu en todos los procesos de diseño e implementación de las políticas públicas es fundamental para garantizar su pertinencia y sostenibilidad. La inclusión de sus voces y saberes tradicionales debe ser una prioridad para avanzar en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira, asegurando que las soluciones sean realmente apropiadas y respetuosas de sus derechos y territorios. Solo así se podrá construir un camino hacia un desarrollo equitativo y respetuoso con la dignidad de las comunidades indígenas.

El Decreto 0488 del 1 de mayo de 2025 representa un avance histórico para los pueblos indígenas de Colombia, al establecer las condiciones legales, administrativas y financieras para la conformación de Entidades Territoriales Indígenas (ETI). Esta figura permite a las comunidades ejercer su derecho al autogobierno, acceder directamente a recursos públicos y organizarse territorialmente conforme a sus formas de vida, cosmovisión y gobierno propio. Además, el decreto reconoce la diversidad étnica del país y fortalece el principio de autodeterminación, abriendo un camino concreto para que los pueblos indígenas gestionen sus asuntos sin depender exclusivamente de estructuras municipales o departamentales.

Esta norma responde a sentencias como la T-302 de 2017 y otros fallos de la Corte Constitucional que exigen superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que enfrentan muchos territorios indígenas, especialmente en regiones como La Guajira. No obstante, su implementación exige superar retos importantes, como el fortalecimiento institucional de los cabildos, la armonización con otras entidades territoriales y el acompañamiento técnico del Estado. A pesar de los desafíos, el Decreto 0488 ofrece una herramienta crucial para avanzar hacia la reparación histórica, la inclusión efectiva y el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La triple frontera ofrece un punto de vista único que revitaliza la conceptualización de los principales puntos de vista teóricos que ofrecen las Relaciones Internacionales. ¿La teoría acierta en su acercamiento o falla en intentar definir un entorno sumamente diverso? Gracias al Aula Viva de la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la triple frontera ahora también se analiza desde las Relaciones Internacionales y su respectivo repertorio conceptual.

En el corazón de la Amazonía colombiana, el cuerpo es vivido como territorio: una unidad simbólica, política y espiritual que se forma en relación profunda con la selva y la comunidad. Este artículo explora cómo los procesos formativos de los Guardias Indígenas Socioambientales, facilitados por la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), se basan en una pedagogía situada que reconoce el cuerpo como lugar de saber, memoria y resistencia. A partir de prácticas cotidianas —como el trabajo en la chagra, la defensa del territorio y los rituales colectivos— el cuerpo se convierte en sujeto activo de cuidado y transformación. Inspirado por pensamientos indígenas y pedagogías críticas, el texto propone una comprensión integral del cuerpo como mapa del Buen Vivir, donde cada parte encarna una dimensión vital del equilibrio entre comunidad, naturaleza, organización y vida. Frente a contextos de violencia, este cuerpo colectivo apuesta por la defensa de la vida, no desde la guerra, sino desde el cuidado, la espiritualidad y la experiencia.

El 30 de abril de 2025, el Gobierno de Colombia expidió el Decreto Ley 0480, que establece el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) como política de Estado. Este hito marca un avance significativo en el reconocimiento del derecho fundamental a la salud de los pueblos indígenas, basado en los principios de autonomía, derecho propio, ley de origen e interculturalidad. El SISPI permite a cada pueblo decidir voluntariamente su adopción, y les otorga facultades para diseñar, gestionar y evaluar modelos de atención en salud que integren saberes ancestrales y medicina occidental.

El decreto contempla elementos clave como gobernabilidad indígena, creación de instituciones propias, un sistema de información autónomo (InfoSISPI), y un enfoque integral de la salud ligado al territorio, la espiritualidad y el bienestar colectivo. Sin embargo, su implementación enfrenta retos estructurales: la falta de capacidades técnicas en muchos territorios, limitaciones de infraestructura y conectividad, debilidades institucionales locales y riesgos de cooptación externa.

La puesta en marcha del SISPI exige organización comunitaria, acompañamiento técnico, voluntad política y respeto intercultural. Más allá de una reforma sectorial, el SISPI representa una oportunidad histórica de reparación y justicia social, y plantea una pregunta crucial: ¿están las comunidades y el Estado preparados para caminar juntos hacia un modelo de salud verdaderamente intercultural y autónomo?

En La Guajira, Colombia, donde la desprotección estatal ha dejado a la niñez Wayuu en condiciones críticas, surgió la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017 como una respuesta ética, técnica y obstinadamente comprometida con la defensa de los derechos fundamentales. Esta veeduría —conformada por un equipo interdisciplinario de alta calidad— se ha convertido en un actor clave al documentar, denunciar y exigir el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional frente a la crisis humanitaria de los niños Wayuu. Desde una perspectiva comunitaria, crítica y persistente, ha enfrentado al Estado con evidencia rigurosa, testimonio social y profunda convicción, posicionándose como un referente de vigilancia ciudadana transformadora. Más que un ente de control, ha sido un símbolo de coherencia y dignidad en un territorio donde la vida de un niño depende, muchas veces, del cumplimiento real y no simbólico de las políticas públicas.

La proyección social de la Universidad de La Guajira ha alcanzado un hito significativo con la implementación de la tercera fase del diplomado en Gobierno Comunitario y Control Ciudadano en rancherías wayuu de Maicao, Uribia y Manaure. Esta iniciativa, desarrollada en alianza con la Fundación Caminos de Identidad – FUCAI y la Veeduría Ciudadana, se enmarca en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, fortaleciendo el rol social de la academia en territorios indígenas. A través de un proceso formativo teórico-práctico, se capacitó a 229 participantes, en su mayoría mujeres y jóvenes, en temas como legislación indígena, estructura del Estado, participación ciudadana y gobierno comunitario del agua. El diplomado permitió a las comunidades desarrollar autodiagnósticos, construir planes de vida y apropiarse de herramientas jurídicas y técnicas para exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales. La participación de estudiantes de Uniguajira en el acompañamiento de campo reforzó el vínculo entre la academia y las comunidades, consolidando un modelo de formación intercultural que fomenta la autonomía, la identidad y el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado colombiano.

El uso creciente del incidente de desacato como mecanismo judicial en La Guajira para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales ordenados en fallos de tutela, especialmente tras la Sentencia T-302 de 2017. En un contexto de crisis humanitaria marcada por desnutrición, desempleo, falta de servicios básicos, incumplimientos contractuales estatales y migración, se destaca el desacato como una vía de presión ante la ineficacia estructural del Estado. Se expone el fundamento legal del desacato como desobediencia a mandatos judiciales y se enfatiza su carácter coercitivo, el cual, aunque útil, resulta limitado al condicionar el restablecimiento de derechos a la voluntad del infractor. El texto alerta sobre la ineficiencia del incidente de desacato como único instrumento para hacer valer derechos en el territorio y resalta la urgencia de adoptar medidas más eficaces, con mayor articulación institucional y comunitaria. Se presentan casos recientes de comunidades wayuu que, ante la falta de agua potable, han iniciado acciones legales, previendo una proliferación de demandas similares. El artículo concluye señalando la persistencia del estado de cosas inconstitucional en La Guajira, la falta de cumplimiento estructural de la Sentencia T-302 y la necesidad urgente de acción estatal real y efectiva.

El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) se realizará por primera vez en Riohacha, La Guajira, del 1 al 3 de septiembre de 2025, marcando un hito al centrar la atención internacional en una región fronteriza profundamente afectada por la migración venezolana. La elección de esta sede responde a la necesidad urgente de visibilizar los desafíos estructurales y humanitarios que enfrenta La Guajira, especialmente los reconocidos por la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración de derechos del pueblo wayuu. Este evento, que reunirá a más de 150 delegaciones globales, representa una oportunidad histórica para evidenciar tanto los avances como las deudas del Estado colombiano frente a esta crisis. Asimismo, se proyecta como un escenario de articulación institucional, fortalecimiento logístico y empoderamiento local, con énfasis en la participación activa de comunidades wayuu. A pesar de los retos en infraestructura y servicios, el Foro podría convertirse en un catalizador de transformación estructural, con capacidad para posicionar a Riohacha como un referente en migración digna y desarrollo con enfoque de derechos.

Esta crónica narra la experiencia vivida por una delegación de líderes indígenas y representantes de la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) en un viaje de intercambio a Ecuador, donde conocieron diversas iniciativas de turismo comunitario lideradas por Maquita Turismo Responsable. A lo largo de seis días, el grupo recorrió comunidades Kichwa en la Amazonía, la Sierra y los Andes ecuatorianos, aprendiendo de mujeres lideresas, guardianes del agua y defensores de la memoria viva de sus pueblos. El agua, como símbolo sagrado, acompañó cada paso de este aprendizaje profundo y espiritual, en el que la sabiduría ancestral se entrelazó con propuestas organizativas, productivas y culturales.

La crónica destaca el turismo comunitario no solo como una actividad económica, sino como una apuesta ética y política por el Buen Vivir, en donde la identidad, la cultura y la naturaleza son protegidas y compartidas, no explotadas. El viaje permitió reconocer los retos que enfrenta este modelo —desde el fortalecimiento organizativo hasta la educación y participación comunitaria—, reafirmando que el turismo comunitario es un camino de dignidad, no una moda pasajera. Así, los aprendizajes recogidos en Ecuador se entienden como semillas que serán sembradas y cuidadas en la Amazonía colombiana, con el espíritu firme de seguir tejiendo procesos de vida con identidad. Como recordó el padre Graciano al final del recorrido: “Prohibidísimo desanimarse.”