La sesión del Consejo del Mecanismo Especial de Seguimiento de Políticas Públicas – MESEPP

Siquen los incumplimientos  en  la Sentencia T-302 del 2017

Por: Paulo Berty

pablo.berty@fucaicolombia.org

El pasado 6 de junio, en Riohacha, La Guajira, se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria del Consejo del Mecanismo Especial de Seguimiento de Evaluaciones de Políticas Públicas (MESEPP). En esta reunión, los equipos técnicos del consejo presentaron los avances, propuestas y desafíos para la construcción de un plan estructural de acción y política pública destinado a superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La Guajira.

VI reunión del MESEPP Guajira 6 de junio.

Este esfuerzo busca no solo cumplir con la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, sino también garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas wayuu, que históricamente han sido relegadas y olvidadas en el país.

 El objetivo principal   es diseñar una hoja de ruta que permita el desarrollo integral de la región, basada en acuerdos previos, diálogos en territorio y proyecciones de las entidades responsables. Estas acciones se han construido en mesas técnicas que buscan validar los principios de concurrencia y articulación interinstitucional, elementos esenciales para el éxito de las intervenciones. La participación activa y coordinada de las instituciones es fundamental para avanzar en la solución de los problemas estructurales que aquejan a La Guajira.

 Luz María Munera, Consejera Presidencial para las Regiones y coordinadora del MESEPP, afirmó que la convocatoria es clave para avanzar, articular iniciativas y generar una acción ordenada por parte del Estado. Munera destacó que el plan no solo busca sacar a La Guajira de la pobreza, la exclusión y la desigualdad, sino también dejar un cronograma que resuelva de manera definitiva la tragedia social que ha marcado la historia de la región. La visión es construir un proceso que trascienda las soluciones temporales y genere un cambio profundo y sostenible.

 La metodología del plan coordinada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) está  centrada en identificar y delimitar acciones concretas para superar el Estado de Cosa Inconstitucional, garantizando así los derechos fundamentales de la población. Esta estrategia permite traducir derechos amplios en objetivos específicos y asignar responsabilidades claras a las instituciones responsables de su cumplimiento, promoviendo una gestión más efectiva y coordinada.

 Es importante señalar que, en 2023, la Corte Constitucional ordenó la creación de un Comité de Seguimiento para La Guajira, con el fin de articular y coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia. Este comité busca garantizar una gestión efectiva y un seguimiento riguroso, asegurando que las políticas públicas respondan de manera concreta a los desafíos identificados en la región. La creación de este espacio refleja la urgencia de avanzar en la implementación de las medidas judiciales.

 Dentro de la estructura del MESEPP, liderada por la Consejería Presidencial para las Regiones, se han establecido cinco comités especializados. Estos comités abordan áreas clave como agua potable, derecho a la alimentación y desarrollo de capacidades productivas, salud, movilidad y acceso a la información. Cada uno de ellos tiene la responsabilidad de articular acciones específicas para cumplir con las órdenes de la Corte y responder a las solicitudes de la sala especial de seguimiento, así como de los órganos judiciales y entidades de control.

Estos comités deben monitorear el nivel de cumplimiento de las órdenes judiciales en temas prioritarios y elaborar cronogramas de trabajo que incluyan responsables, metas y plazos para la ejecución de las acciones. La planificación a corto, mediano y largo plazo es esencial para garantizar que las medidas adoptadas sean efectivas, sostenibles y que tengan un impacto real en la garantía de derechos de la población wayuu, especialmente en salud, agua, soberanía alimentaria, movilidad e información.

Segunda sesión departamental de la Mesa departamental de políticas pública de alimentación y nutrición a primera infancia.

Desde la sociedad civil, la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 del 2017 se mantiene en alerta y a la expectativa. Su principal preocupación es que las inversiones y medidas adoptadas por el Estado tengan una visión de largo plazo y sean sostenibles financieramente, para asegurar su continuidad. Además, resulta fundamental verificar que los recursos asignados se utilicen eficientemente y en los plazos establecidos, logrando así un impacto positivo en los derechos de los niños y niñas wayuu.

Curiosamente, en esta sexta sesión, así como en las anteriores, se evidenció la ausencia de la representatividad del pueblo wayuu, actores clave y titulares de derechos reconocidos por la sentencia. Esta falta de participación genera desconfianza, fatiga y preocupación entre líderes, autoridades tradicionales y organizaciones comunitarias wayuu.

La participación activa y genuina de las comunidades wayuu en todos los procesos de diseño e implementación de las políticas públicas es fundamental para garantizar su pertinencia y sostenibilidad. La inclusión de sus voces y saberes tradicionales debe ser una prioridad para avanzar en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira, asegurando que las soluciones sean realmente apropiadas y respetuosas de sus derechos y territorios. Solo así se podrá construir un camino hacia un desarrollo equitativo y respetuoso con la dignidad de las comunidades indígenas.