Historias del territorio
01 ARTÍCULOS
Veeduría, aprendizajes y voces desde los territorios donde caminamos junto a los pueblos indígenas de Colombia.
Retos para el nuevo Gobierno en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017
La Guajira inicia un nuevo ciclo institucional con desafíos que siguen ocupando un lugar central en la agenda pública. Nueve años después de la expedición de la Sentencia T-302 de 2017, las condiciones que dieron origen a la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional aún no han sido superadas de manera definitiva.
La gobernanza en la implementación de la Sentencia T-302
Nueve años después de la Sentencia T-302 de 2017, el mayor desafío ya no consiste únicamente en identificar las carencias que afectan a la niñez wayuu, sino en lograr que las instituciones actúen como un verdadero sistema. El Mecanismo Especial de Seguimiento de la Política Pública - MESEPP fue concebido para coordinar a las 42 entidades responsables de responder al estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional. Sin embargo, la coordinación continúa siendo el eslabón más frágil de una estructura que reúne numerosos actores, pero que todavía no consigue consolidar una dirección compartida.
La disputa por la autonomía de los pueblos indígenas
Durante más de tres décadas, Colombia ha mantenido pendiente una de las promesas centrales de la Constitución de 1991: convertir los territorios indígenas en verdaderas entidades territoriales con capacidad para gobernar, planificar y administrar sus propios asuntos.
Aunque ese reconocimiento quedó plasmado en el texto constitucional, nunca fue desarrollado plenamente mediante la legislación correspondiente. El resultado ha sido una brecha persistente entre el derecho escrito y su aplicación, dejando en suspenso una transformación institucional que debía fortalecer el carácter multicultural del Estado.
La nueva ETI en la Sabana de Manaure
El anuncio de creación de una nueva Entidad Territorial Indígena —ETI— en La Guajira, particularmente en el municipio de Manaure, zona de la Sabana, debe leerse como un hecho político, jurídico y territorial de gran importancia para el pueblo. No se trata simplemente de crear una nueva figura administrativa, ni de dibujar un nuevo mapa sobre el papel. Una ETI, bien comprendida, significa la posibilidad de que las comunidades indígenas ejerzan gobierno propio, ordenen su territorio desde su Ley de Origen, administren competencias públicas, coordinen directamente con el Estado y proyecten su Plan de Vida desde la palabra de las autoridades tradicionales, las familias, los e'iruku y las comunidades.
Primera condena al Estado por una muerte por desnutrición bajo la vigencia de la Sentencia T-302
La reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca marca un hito dentro de la discusión sobre la responsabilidad estatal frente a la crisis humanitaria que afecta a la niñez wayuu en La Guajira. La providencia, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, y concluida formalmente el 20 de marzo de 2026, revocó una sentencia absolutoria de primera instancia y declaró la responsabilidad del Estado por la muerte de un niño wayuu asociada a condiciones de desnutrición ocurridas durante la vigencia de la Sentencia T-302 de 2017.
9 años, 9 verdades incómodas sobre la desnutrición en La Guajira
Hace nueve años, el 8 de mayo de 2017, la Corte Constitucional declaró que en La Guajira existía un estado de cosas inconstitucional (ECI), al reconocer la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las niñas y niños del pueblo Wayuu, en temas como la alimentación, el agua y la salud. Nueve años después, el país ha producido diagnósticos, programas e informes. Pero hay algo profundamente incómodo: sabemos mucho más de lo que estamos transformando.
Nueve años después, la Sentencia T-302 sigue sin superar la crisis humanitaria en La Guajira
Se cumplen nueve años desde que la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual declaró un “estado de cosas inconstitucional” frente a la vulneración masiva de derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu en La Guajira. La decisión judicial ordenó al Estado colombiano implementar medidas estructurales para garantizar el acceso al agua, la alimentación, la salud y la participación de las comunidades indígenas. Sin embargo, después de casi una década, líderes sociales, académicos, autoridades tradicionales y organizaciones comunitarias coinciden en que el cumplimiento real de la sentencia sigue siendo insuficiente.
Al plan de acción del Gobierno, se le olvidaron los niños
El Gobierno nacional informa que las cifras de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años se han reducido desde que el gobierno de Petro puso sus ojos en el territorio desde el primer día de su mandato. Sin embargo, cuatro años después, aunque la mortalidad haya disminuido, aún se encuentra siete veces por encima de la media nacional y la desnutrición, veintiocho veces por encima de esa misma media.
Cuando la consulta define el destino del pueblo wayuu
La construcción del Plan Estructural de Acciones en el marco de la Sentencia T-302 de 2017 ha puesto en evidencia un escenario complejo entre la urgencia institucional y la legitimidad territorial en La Guajira. En este contexto, la consulta previa se convierte en un elemento decisivo para garantizar que las decisiones adoptadas respondan a las necesidades reales del pueblo wayuu.
El agua en el centro de la crisis de La Guajira
La reciente verificación conjunta adelantada por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República en La Guajira volvió a poner sobre la mesa una realidad que las comunidades wayuu han denunciado durante años. La crisis no se reduce a una carencia aislada de servicios, sino a una fractura estructural en la garantía de derechos fundamentales, donde el acceso al agua continúa siendo el punto más crítico y, al mismo tiempo, el eje que atraviesa la alimentación, salud y las condiciones en que se desarrolla la niñez indígena.
La desnutrición en La Guajira: más allá del plato vacío.
En el plan de acción, presentado bajo el Gobierno de Gustavo Petro y aprobado el 27 de Agosto del 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, proponía dentro de sus actividades la conformación de una Comisión Asesora Científica (CAC) que tenía como misión estudiar e investigar las principales causas estructurales la desnutrición y la muerte de niñas y niños wayuu por enfermedades asociadas a la desnutrición.
Voces del territorio para reescribir la realidad en La Guajira
En el apoyo de la Universidad de La Guajira, entre los wayuu comienza a tomar forma una experiencia que busca cambiar la manera en que las comunidades narran su propia realidad. El diplomado de reporteros comunitarios no aparece como un hecho aislado sino como una respuesta al seguimiento ciudadano frente a una crisis que ha sido ampliamente documentada pero insuficientemente comprendida desde el territorio. Su arranque deja ver una intención más profunda que la simple formación académica.
La Guajira sin margen de espera
En La Guajira, la crisis de seguridad y soberanía alimentaria dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una evidencia cotidiana de la incapacidad institucional de responder con eficacia. Lo que está en juego no es la producción de nuevos diagnósticos, sino la posibilidad de cerrar una brecha histórica entre las decisiones del Estado y las condiciones reales de vida del pueblo wayuu.
¡ Levantamos una voz de alerta frente a lo que está ocurriendo en La Guajira!
EL 8 de mayo de 2017 la Corte Constitucional de Colombia profirió la Sentencia T-302 de 2017, una decisión histórica que reconoció la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en el departamento de La Guajira. El tribunal estableció una serie de objetivos mínimos constitucionales y órdenes estructurales que son de obligatorio cumplimiento dirigidas a transformar las condiciones institucionales que habían permitido la persistencia de esta situación de pobreza extrema que durante décadas ha golpeado a los niños y niñas wayuu en La Guajira.
El plan estructural de la Sentencia T-302 entre tensiones de financiación y representación
La IX sesión del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas se realizó el 5 de marzo en Riohacha en un momento decisivo para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017. El encuentro tenía como propósito presentar el Plan de Acción Estructural orientado a superar el estado de cosas inconstitucional identificado por la Corte Constitucional en La Guajira, particularmente frente a la vulneración sistemática de derechos fundamentales del pueblo wayuu.
Mandato wayuu por la autonomía
En la más reciente Asamblea General Wayuu realizada el 18 de febrero en Uribia, autoridades tradicionales, líderes y comunidades emitieron un mandato colectivo que reafirma su derecho al gobierno propio. La decisión, adoptada en la capital indígena de Colombia, trasciende la coyuntura política y se consolida como una expresión organizada de autonomía territorial.
La crisis humanitaria del pueblo Wayuu: vulneraciones persistentes y respuestas insuficientes del Estado colombiano
En La Guajira, el pueblo Wayuu continúa enfrentando una crisis humanitaria estructural que afecta de manera desproporcionada a la niñez y a las familias en mayor condición de vulnerabilidad. A pesar de que la Corte Constitucional declaró en 2017 un Estado de Cosas Inconstitucional mediante la Sentencia T-302, las condiciones materiales de vida siguen reflejando profundas fallas en la garantía de los derechos al agua, la alimentación, la salud y la participación. La persistencia de la pobreza extrema, la desnutrición infantil y la precariedad institucional evidencian que el problema no es coyuntural, sino estructural y acumulado durante décadas de abandono estatal.
La encrucijada del ICBF con la niñez wayuu.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha definido que el servicio de atención integral a la niñez wayuu en La Guajira inicie en la segunda semana de febrero, bajo un esquema de gestión directa y contratación ajustada a los mandatos de la Sentencia T-302 de 2017. En una reciente circular la entidad traza una hoja de ruta que busca garantizar continuidad, control público y enfoque diferencial en uno de los territorios más sensibles del país, donde la niñez enfrenta riesgos estructurales asociados al racismo histórico, pobreza, desnutrición y exclusión.
La superación del Estado de Cosas Inconstitucional sigue siendo una tarea inconclusa.
La población wayuu sigue a la espera del cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017. Aún la superación del Estado de Cosas Inconstitucionales sigue a la espera y la entrega del Plan de acción continúa con un retraso de 7 años. ¿Hasta cuándo?
La violencia en La Guajira: El desafío del cumplimiento judicial de las Sentencias en el Territorio Wayuu
La violencia que marcó a La Guajira durante el conflicto armado no ha desaparecido; se ha transformado. Hoy se expresa en la persistencia del hambre, en la falta de agua, en la desprotección de la niñez y en la sensación de abandono frente a decisiones judiciales que no se cumplen
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