La generación más numerosa y la más sola: juventudes indígenas entre la escuela, el mercado y la guerra

Por: Fernando Acosta Zapata

Hablar del futuro de los pueblos indígenas en Colombia obliga necesariamente a mirar a sus jóvenes. No son un asunto marginal ni un capítulo separado de las discusiones sobre territorio, autonomía, educación o pervivencia cultural. El 33,8 % de la población indígena del país tiene menos de 15 años y en La Guajira esa proporción llega al 47,5 %. Si se suman los adolescentes de 15 a 17 años, más de la mitad del pueblo Wayúu en el departamento aún no alcanza la mayoría de edad. Esta realidad cambia completamente la pregunta: los jóvenes no son solamente el futuro del pueblo, sino una parte sustancial de su presente. Cuando no encuentran razones para permanecer, participar, aprender, producir y proyectarse dentro de sus territorios, lo que se debilita no es únicamente su trayectoria individual, sino la continuidad colectiva de la comunidad.

Uno de los primeros escenarios donde aparece esta fractura es la escuela. La Guajira tiene una tasa de analfabetismo del 13,4 % entre la población de 10 años o más, mientras que a escala nacional el analfabetismo entre personas indígenas alcanza el 11,7 %, frente al 3,4 % de quienes no pertenecen a un grupo étnico. A ello se suma una pobreza multidimensional que en 2025 alcanzó el 40,1 % en el departamento. Sin embargo, reducir el problema educativo a cobertura, infraestructura o permanencia escolar sería insuficiente. La pregunta de fondo es qué sentido tiene la educación para quien vive en un territorio indígena y qué relación establece esa educación con la lengua, la memoria, el trabajo comunitario, la espiritualidad, la producción, el territorio y el conocimiento propio.

En muchos casos, la escuela aparece ante los jóvenes como una institución que enseña a salir del territorio más que a comprenderlo y transformarlo. Cuando el conocimiento escolar se organiza fundamentalmente alrededor de referentes externos, cuando el idioma de los mayores ocupa un lugar secundario y cuando el éxito se mide principalmente por pruebas estandarizadas y posibilidades de movilidad hacia la ciudad, se produce una ruptura. El joven puede terminar la educación media sin suficiente dominio de los saberes territoriales y, al mismo tiempo, sin herramientas para competir en condiciones de igualdad dentro del sistema educativo nacional. La educación superior tampoco resuelve por sí sola esa contradicción. En La Guajira, apenas dos de cada diez jóvenes entre 17 y 21 años acceden a ella. La Universidad de La Guajira y el SENA cumplen un papel fundamental, pero incluso quienes logran obtener un título pueden regresar a territorios donde no existe una economía capaz de absorber su conocimiento y ofrecerles un trabajo digno.

Cuando el territorio no ofrece caminos claros, los jóvenes buscan salidas. Algunas parecen institucionales, otras económicas y otras abiertamente violentas. En La Guajira, por ejemplo, el ingreso a las Fuerzas Armadas puede aparecer para muchos muchachos como una posibilidad concreta de estabilidad económica. La contradicción es profunda: en lugares donde el acceso al agua, el empleo o la educación continúa siendo precario, una de las opciones más estructuradas que encuentra un joven de 18 años puede ser vincularse a una institución armada. El asunto no consiste en juzgar esa decisión individual, sino en preguntarse por qué existen tan pocas alternativas de formación, producción, emprendimiento y reconocimiento dentro del territorio. Cuando la estabilidad económica aparece asociada al uniforme, el problema está también en el estrecho horizonte de oportunidades que la sociedad ofrece a sus jóvenes.

En el Cauca, esa situación adopta una forma aún más dramática: el reclutamiento por estructuras armadas ilegales. El Consejo Regional Indígena del Cauca ha contabilizado alrededor de 832 casos de reclutamiento de niñas y niños en cuatro años y al menos 56 durante 2026. También se indica que, de los 257 casos registrados por la Defensoría del Pueblo durante 2025, el 47 % correspondió a población indígena. Estas cifras muestran que no se trata únicamente de un problema de seguridad. Cada joven reclutado representa una ruptura familiar, comunitaria y cultural. En pueblos cuya memoria depende de la transmisión oral, de la relación entre mayores y nuevas generaciones, de la lengua y del aprendizaje territorial, perder a los jóvenes significa interrumpir la cadena mediante la cual se reproducen conocimientos, autoridades, espiritualidades y formas propias de vida.

Existe otra salida menos visible pero igualmente profunda: la migración económica. Jóvenes indígenas se desplazan hacia cultivos, ciudades intermedias y diferentes actividades laborales en busca de ingresos. Migrar puede ser una estrategia legítima de aprendizaje, autonomía y sostenimiento familiar; el problema aparece cuando la salida deja de ser una elección y se convierte prácticamente en una obligación porque el territorio no ofrece opciones suficientes. El joven puede regresar con recursos y nuevas experiencias, pero también con vínculos culturales debilitados, nuevas expectativas de consumo y una mayor exposición a dinámicas relacionadas con alcohol, drogas, explotación o violencia. Para las adolescentes y mujeres jóvenes los riesgos pueden adquirir otras formas. Las redes de trata que operan mediante promesas de empleo, movilidad o una vida diferente, aprovechando situaciones de violencia doméstica, matrimonios tempranos, control excesivo o falta de oportunidades.

La expresión más dolorosa de esta crisis aparece cuando se pierde el sentido mismo de la vida. En la Amazonía colombiana, según la información analizada, la tasa de suicidio alcanzó 9,87 por cada 100.000 habitantes en 2021, casi el doble del promedio nacional, mientras que diferentes registros muestran una preocupante afectación entre adolescentes y jóvenes indígenas. Más allá de las cifras y del subregistro reconocido, estos hechos revelan un profundo vacío de acompañamiento. La desterritorialización, la violencia armada, la pérdida de referentes comunitarios, las transformaciones familiares, las presiones económicas y una educación descontextualizada pueden combinarse de manera devastadora. La salud mental indígena, por ello, no puede abordarse exclusivamente mediante categorías clínicas externas. Requiere información confiable y estrategias interculturales capaces de relacionar bienestar emocional con territorio, identidad, espiritualidad, familia, comunidad y proyecto colectivo.

La vinculación de jóvenes a economías ilegales también obliga a revisar el tipo de éxito que la sociedad está enseñando. El caso de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, muerto durante un operativo policial en Riohacha el 3 de septiembre de 2026, cuando tenía apenas 26 años. Había transitado desde actividades relacionadas con el transporte de cocaína hasta ocupar una posición de mando dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Su trayectoria no puede convertirse en motivo de admiración, pero sí constituye un espejo incómodo. Cuando un adolescente puede conseguir en pocos años dinero, poder, reconocimiento y visibilidad dentro de una economía ilegal, mientras los caminos legales ofrecen desempleo, informalidad y espera, existe una disputa profunda por el imaginario de éxito. Las redes sociales, el consumo ostentoso y la promesa del ascenso rápido pueden terminar siendo más persuasivos que una escuela que promete recompensas lejanas.

Esta realidad demuestra que la prevención no puede limitarse a campañas que digan a los jóvenes qué no deben hacer. Un muchacho no permanece en su territorio únicamente porque una autoridad le recuerde la importancia de conservar su cultura. Necesita encontrar allí responsabilidades reales, reconocimiento, ingresos, aprendizaje, participación y posibilidades concretas de construir una vida digna. La permanencia cultural no puede depender solamente de la obligación moral de “quedarse”. Tiene que estar acompañada de condiciones materiales y simbólicas que hagan posible querer quedarse. Cuando la guardia indígena, las radios comunitarias, las huertas, los semilleros de investigación propia, las escuelas de formación, los procesos culturales o los tejidos productivos asignan responsabilidades concretas a los jóvenes, la identidad deja de ser un discurso abstracto y empieza a convertirse en una experiencia cotidiana.

También es necesario mirar hacia adentro de las propias organizaciones indígenas. Durante décadas, buena parte de sus agendas se ha concentrado, con razón, en la defensa del territorio, la autonomía, la jurisdicción, el presupuesto y los derechos colectivos. Sin embargo, la juventud no siempre aparece con la misma fuerza como sujeto político y comunitario. En muchas asambleas los jóvenes escuchan más de lo que deciden. El acompañamiento familiar, cultural y espiritual puede ser intenso durante determinadas etapas de la infancia, pero debilitarse justamente durante la adolescencia, cuando empiezan las decisiones más complejas sobre identidad, afectividad, estudio, trabajo, movilidad y proyecto de vida. Cuando un joven se distancia, la comunidad suele interpretar su salida como abandono o desinterés; quizá también tendría que leerla como una pregunta dirigida a la colectividad: ¿qué lugar tengo aquí y qué puedo construir dentro de mi territorio sin dejar de ser quien soy?

Responder a esa pregunta exige fortalecer al menos tres acompañamientos simultáneos. Primero, una familia presente que escuche, dialogue y oriente sin reducir su relación con los jóvenes exclusivamente al control. Segundo, una comunidad que les otorgue responsabilidades verdaderas y valore sus capacidades para la comunicación, la tecnología, el arte, el deporte, la investigación, la producción y los nuevos lenguajes culturales. Tercero, un sistema educativo capaz de enseñarles su territorio y el mundo al mismo tiempo, sin obligarlos a escoger entre conocimiento propio y conocimiento universal. La educación propia y la educación formal no deberían competir por la identidad del joven. Deberían complementarse para permitirle transitar por diferentes conocimientos, tecnologías y culturas sin que para hacerlo tenga que renunciar a su pertenencia.

Por eso, los planes de vida necesitan incorporar agendas propias de juventud con metas, responsables y presupuesto. No bastan los encuentros ocasionales ni los discursos sobre el relevo generacional. La juventud tiene que formar parte estructural de la planeación comunitaria mediante oportunidades productivas, formación técnica y profesional relacionada con las necesidades territoriales, procesos de comunicación propia, emprendimiento, arte, deporte, tecnología, lengua, investigación y gobierno propio. También se requieren sistemas de información que permitan conocer cuántos jóvenes estudian, cuántos migran, en qué trabajan, qué riesgos enfrentan, qué esperan de sus comunidades y cuáles son las condiciones que necesitarían para desarrollar allí sus proyectos de vida. También resulta urgente avanzar en una salud mental intercultural sustentada en datos reales y en políticas comunitarias capaces de actuar antes de que las crisis se conviertan en tragedias.

La conversación pública sobre La Guajira suele concentrarse en el agua, el carbón, la energía, la pobreza y la infraestructura. Todos son asuntos urgentes y determinantes para la vida del territorio. Sin embargo, existe otro recurso irremplazable que puede perderse silenciosamente: una generación entera. Si los jóvenes continúan encontrando más oportunidades en la guerra, la migración obligada, las economías ilegales o la salida definitiva que dentro de sus propias comunidades, el problema dejará de ser únicamente educativo, económico o social y se convertirá en un problema de continuidad histórica. La pregunta central, entonces, ya no puede ser simplemente qué hacer por los jóvenes, sino qué construir con ellos. De esa respuesta dependerá que los pueblos indígenas lleguen a las próximas décadas con más profesionales, pero también con más lengua, más memoria, más autoridad propia, más territorio, más economía comunitaria y mayor autonomía. El desafío no consiste solamente en evitar que los jóvenes se vayan; consiste en construir territorios en los que tengan razones para quedarse, regresar, participar y asumir como propio el desafío de continuar la historia de sus pueblos.