Los que aprendieron a señalar el agua

Por Segio Martínez

sergio.martinez@fucaicolombia.org

Día Mundial de los Ríos · El estado de los ríos suramericanos y lo que se juegan las ciudades del continente

Hay un señor en Burnaby, Columbia Británica, que ha remado más de mil ríos en más de cien países. Se llama Mark Angelo, tiene la Orden de Canadá colgada en alguna parte de la casa y fue él quien propuso, en 2005, que el cuarto domingo de septiembre —este año cae el 27— el mundo entero se detuviera a pensar en sus ríos. Las Naciones Unidas dijeron que sí, porque acababan de proclamar el Decenio del Agua y porque a nadie se le ocurre decirle que no a un hombre que ha remado mil ríos. Así nació el Día Mundial de los Ríos, que hoy celebran cerca de cien países con jornadas de limpieza, siembras de árboles y foros donde se pronuncia mucho la palabra sostenible.

Es una historia bonita, la del canadiense del remo. Y no es la que quiero contar.

Porque ocho años antes de que existiera ese día amable, en marzo de 1997, en un salón de Curitiba, Brasil, se reunió otra gente. No llevaban remos ni condecoraciones. Eran campesinos, pescadores, indígenas, gente de veinte países que compartía un solo dato biográfico: todos habían aprendido a señalar con el dedo un cuerpo de agua y decir «ahí quedó mi casa». Eran los desplazados por las represas, los ahogados administrativos, los que un día recibieron una carta de una empresa de energía y al año siguiente vieron el techo de su escuela asomando entre el embalse. De esa reunión salió la decisión de convertir el 14 de marzo —que en Brasil ya era jornada de lucha contra las grandes represas— en el Día Internacional de Acción por los Ríos.

Inundaciones en el estado de Río de Janeiro. Foto: Agencia EFE / Telemundo 49.

Conviene subrayar la palabra: Acción. No día de contemplación, ni de conmemoración, ni de awareness. Acción. Y conviene subrayar el otro detalle, que es el que verdaderamente importa: el día internacional de los ríos no lo inventó Ginebra. Lo inventamos nosotros. Nació en Suramérica, en un salón sin aire acondicionado, entre gente a la que ya le habían quitado un río. Como casi todo lo bueno que se ha producido en este continente, lo celebramos poco y lo entendimos menos.

Casi treinta años después, el balance es de esos que a uno lo dejan sin ganas de almorzar. El 4 de octubre de 2024, el río Negro marcó 12,66 metros en el puerto de Manaos: el nivel más bajo desde que hay registros, y hay registros desde 1902. En el trapecio amazónico colombiano, la estación de Nazareth, al occidente de Leticia, midió en septiembre un caudal de 8.428 metros cúbicos por segundo, cuando en abril del mismo año había medido 44.711. Es decir: en cinco meses el río perdió el 82% de sí mismo. En Puerto Nariño se suspendieron clases porque las escuelas solo se alcanzan por agua y ya no había agua. En el lago Tefé, en Brasil, el termómetro llegó a 40,9 °C y aparecieron más de doscientos delfines rosados muertos; el investigador que estuvo ahí contó que era imposible meter un dedo en el lago. Más al sur, el río Paraguay tocó 1,47 metros por debajo del cero hidrométrico en Asunción y los barcos de la hidrovía se quedaron esperando la lluvia como quien espera una herencia.

82%

del caudal perdió el río Amazonas en Leticia entre abril y septiembre de 2024 (estación Nazareth, IDEAM)

Los ríos suramericanos, en suma, se están yendo. Y lo hacen mientras los países que viven de ellos discuten en cumbres presidenciales qué adjetivo poner en el párrafo tercero de la declaración final.

Las causas son conocidas y todas tienen apellido. La minería ilegal de oro, que envenena con mercurio a los peces y a la gente que se come los peces, y que en los estudios más recientes aparece en el pelo de niños yanomami, munduruku y de media Amazonía peruana en concentraciones que la OMS considera inaceptables. Las represas, que son la ironía final de esta historia: el día nació para frenarlas y desde entonces no hemos hecho sino construirlas. El bagre dorado, que hace la migración de agua dulce más larga del planeta —once mil kilómetros, de los Andes al estuario, sin pasaporte y sin visa—, ha perdido más de un tercio de su territorio porque un muro de concreto no negocia. Los derrames de crudo en la Amazonía peruana, que se cuentan por cientos. Las aguas residuales, de las cuales la región trata apenas un tercio: el resto va al río, que es como llamamos en Suramérica al alcantarillado más grande del mundo. Y la deforestación, que ya se comió cerca del 17% del bosque amazónico cuando la ciencia calcula que entre el 20 y el 25% está el punto en que el sistema deja de funcionar.

Ahí está, por cierto, el dato más contraintuitivo de todos: los ríos más caudalosos de la Amazonía no están en el suelo. Están en el aire. Son los ríos voladores, las masas de humedad que el bosque bombea hacia la atmósfera y que riegan Bolivia, Perú, Ecuador, el sur de Colombia y los campos de soya del Cono Sur. Un árbol talado en Rondônia le quita el agua a un cultivo en Santa Cruz. Cuando se tumba selva no se está tumbando selva: se está cerrando una llave que abastece a medio continente.

Todo lo anterior es el inventario de las pérdidas materiales, que es el único que suelen hacer los informes. Falta lo que casi nunca se dice en los discursos del cuarto domingo de septiembre. Para los pueblos indígenas del Amazonas, del Orinoco o del Atrato, el río no es un recurso hídrico. Esa expresión, recurso hídrico, pertenece a un idioma administrativo que solo sabe nombrar lo que se puede facturar. El río es la calle, la despensa, el reloj, el cementerio, el archivo y el abuelo. Es el que indica cuándo se siembra, cuándo se pesca y cuándo hay que subir la maloca. Un pueblo ribereño no usa el río: lo conversa. Y cuando el río se seca, no se queda sin agua: se queda sin calendario.

Tan evidente es esto que el derecho, que suele llegar tarde y con corbata, terminó dándoles la razón por el camino más largo. En 2016 la Corte Constitucional colombiana declaró al río Atrato sujeto de derechos. En 2024, la justicia peruana hizo lo propio con el Marañón, a instancias de las mujeres kukama. El mismo año, Colombia le dio el estatus al río Ranchería, en La Guajira, por ley de la República. De manera que hoy existen en este continente funcionarios cuyo trabajo formal consiste en representar legalmente a un río, y comisiones de guardianes con acta de posesión.

Uno podría reírse de la solemnidad jurídica del asunto. Yo prefiero admirar la pirueta: para poder decir lo que los pueblos ribereños llevan milenios diciendo —que el río está vivo—, al Estado le tocó inventarse que el río es una persona. No fue capaz de decir simplemente que los pueblos indígenas tenían razón. Necesitó traducirlo a su idioma, el de las personerías jurídicas, y presentarlo como una innovación. Y aun así lo incumple: la propia Defensoría del Pueblo tuvo que alertar en 2024 que las órdenes de la sentencia del Atrato siguen sin cumplirse mientras la minería y la deforestación avanzan.

Para las naciones, mientras tanto, el río sigue siendo sobre todo una línea en el mapa. Es una definición fronteriza, un problema de soberanía, un corredor logístico, un potencial megavatio. Los presidentes amazónicos se reunieron en Belém en 2023 y firmaron una declaración de esas que se citan durante seis meses. En agosto de 2025 se reunieron en Bogotá y asistieron tres de ocho. En la COP30 de Belém se lanzó un fondo para bosques tropicales que arrancó con unos seis mil millones de dólares cuando necesitaba veinticinco mil para funcionar como estaba diseñado. Y en el mismo período, Colombia volvió a ser el país más letal del mundo para los defensores ambientales, con 48 asesinados en 2024. Somos el continente que reconoce derechos a los ríos y entierra a quienes los defienden. No hay contradicción más nuestra que esa.

Vuelvo, entonces, a Curitiba y al señor del remo. Mark Angelo ha recorrido mil ríos en canoa, lo cual es una forma admirable de pasar por la vida. Pero la imagen que se me quedó de todo este asunto no es la suya. Es la de una canoa varada en la playa de un río que se fue: una embarcación perfectamente sana, con motor, con gasolina, con dueño, inmovilizada sobre un banco de arena que hasta hace unos meses era corriente. En Leticia, en Puerto Nariño, en Tabatinga, la gente ha pasado los últimos años señalando con el dedo un playón seco para decir «ahí estaba el río».

Comunidades indígenas afectadas por la sequía del río Amazonas en Colombia. Foto: Associated Press (AP)

Es exactamente el mismo gesto de los que se reunieron en 1997 a inventar el día. El mismo dedo, la misma frase, el mismo desconcierto. Solo que al revés: a ellos el agua les tapó la casa, y a estos la casa se les quedó sin agua. En casi treinta años aprendimos a perder los ríos por los dos métodos disponibles —ahogándolos y secándolos— y no hemos aprendido un tercer camino, que consiste en simplemente respetar a estos “sujetos de derechos”.

Y aquí es donde conviene bajar del lirismo y hablarles derecho a las instituciones colombianas: a los ministerios, al Congreso, a las corporaciones autónomas regionales, a las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, a los gremios que financian campañas y a las autoridades ambientales que firman licencias los viernes por la tarde. Esto no es una causa ambiental. Es una cuestión de viabilidad urbana. Bogotá no bebe de un acueducto: bebe de unos páramos que dependen de un régimen de lluvias que a su vez depende de una selva que queda a mil kilómetros y que estamos tumbando. La macrocuenca Magdalena–Cauca, que concentra la abrumadora mayoría de la población y del PIB del país, se sostiene sobre una regulación hídrica que empieza en bosques que casi nadie de los que deciden ha visto. Buena parte de la energía que enciende los semáforos de las capitales sale de embalses que se llenan con agua de lluvia, no con decretos. Cada ciudad capital de Suramérica —Bogotá, Lima, Quito, La Paz, São Paulo, Asunción— es, mírese como se mire, un apéndice de una cuenca. Sin Amazonía no hay ríos voladores; sin ríos voladores no hay lluvia andina; sin lluvia andina no hay embalses, ni acueductos, ni cosechas, ni industria, ni ciudades viables. Y un país sin agua no tiene futuro esperanzador que ofrecerles a sus jóvenes: tiene, a lo sumo, un plan de racionamiento y una oleada migratoria. Proteger los ríos y los bosques tropicales no es un gesto de generosidad con los pueblos indígenas del Amazonas. Es el requisito mínimo para que dentro de treinta años Bogotá siga siendo una ciudad y no un problema logístico.

El día internacional de los ríos no lo necesitan los ríos. Los ríos no leen declaraciones ni asisten a cumbres. Lo necesitamos nosotros, que somos los únicos de esta historia capaces de olvidar. Y lo fundó, no sobra recordarlo, gente que no vino a celebrar nada: vino porque ya le habían quitado un río y quería avisarnos a tiempo. 

Nos avisaron a tiempo. Ese es el problema.