Vichada: dos meses después de la masacre, las amenazas siguen llegando al Resguardo Saracure Río Cada
Escrito por: Fernando Acosta
Un panfleto del 30 de agosto cita a las autoridades indígenas y las señala de antemano como "responsables directos". El Cabildo respondió con una denuncia pública y una asamblea general. El Estado, otra vez, no ha llegado.
Cumaribo, Vichada. El 17 de julio de 2026, un grupo armado irrumpió en la comunidad Sabaneta, del Resguardo Indígena Saracure Río Cada. Ese día murieron cinco personas: Yeison Maicol Díaz Cumanica, autoridad indígena; Tania Mercedes Gaitán Rodríguez, de 19 años; Clara Estrella Gaitán Rodríguez, de 17 años; y los dos bebés que ambas esperaban. Hubo viviendas incineradas y familias desplazadas por la fuerza. En su momento escribimos que ese hecho vulneraba todos los tratados internacionales suscritos por Colombia.
Dos meses después, la conclusión es más dura: el riesgo no pasó. Se volvió permanente.
Dos documentos lo demuestran. El primero es un panfleto de un grupo armado ilegal, fechado el 30 de agosto de 2026. El segundo es la respuesta del propio Cabildo, del 31 de agosto. Entre los dos cabe toda la historia de lo que significa hoy ejercer autoridad indígena en la Orinoquía.
Una "citación" que no es una invitación
El papel llegó con membrete, escudo y numeración: Citación N° 09, expedida por la autodenominada Segunda Marquetalia – Ejército Bolivariano, con la leyenda "El rearme de las utopías". Está dirigida a las Autoridades Indígenas del Resguardo Saracure Río Cada y las convoca a una reunión presencial, en el propio territorio del resguardo, a las 2:30 de la tarde. La firma un "coordinador" de apellido Contreras.
El texto se presenta como un saludo cordial. Habla de "mantener la paz y la tranquilidad", de "convivencia sana", de "armonía y fraternidad". Y cierra con una frase que cambia por completo el sentido de todo lo anterior: advierte que no permitirá ninguna agresión contra el campesinado y nombra, por adelantado, a los "responsables directos de cualquier hecho: los líderes y los agresores".
Eso no es un llamado a la convivencia. Es un señalamiento. Un actor armado ilegal se atribuye la facultad de citar a autoridades públicas indígenas, de fijarles lugar y hora, y de asignarles culpa anticipada por hechos que aún no ocurren. En Colombia conocemos bien esa secuencia: primero el señalamiento, después el atentado.
El gobierno propio no se movió de su sitio
El 31 de agosto, la notificación llegó a manos del gobernador del Cabildo, Jaider Naranjo Jiménez. La respuesta del resguardo no fue el silencio ni la huida. Fue un oficio público de denuncia, firmado y numerado, que dice tres cosas con precisión.
Primero, desmiente el pretexto: en ningún momento el resguardo agredió a ningún campesino, ni física ni verbalmente, ni durante los hechos de julio ni después. Segundo, ratifica una postura: "nosotros no sembramos miedo, ni promovemos la guerra". Y tercero, una línea que merece ser leída en voz alta:
"Aquí estaremos, no nos van a intimidar, ni a acorralar."
Sobre esa base, el Cabildo convocó una Asamblea General en el Polideportivo Katherine Uribe para el 19 de septiembre de 2026. Citó a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la Zona Sur, a las comunidades de Chupave, Vereda Caño Cada, Puerto Príncipe y Werima, al Ministerio Público en pleno, Defensoría del Pueblo, Personería y Procuraduría, a la Fuerza Pública, a la Administración Municipal y a la comunidad en general. Dio catorce días hábiles para confirmar asistencia y escribió, sin rodeos: "No se aceptarán excusas."
La apuesta del resguardo es explícita: el diálogo entre vecinos, no la guerra entre vecinos. Las comunidades indígenas y campesinas de la Zona Sur de Cumaribo comparten ríos, caminos y mercados. Quien gana cuando se enfrentan no es ninguna de las dos.
Lo que el Estado ya sabía
Ninguna de estas alertas es nueva. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 017 de 2024 por el riesgo que enfrentan las comunidades de esta región ante varios grupos armados ilegales. El 20 de julio de 2026, tres días después de la masacre, volvió a pronunciarse y pidió reforzar las medidas de prevención y protección. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) condenó los hechos y exigió celeridad en la ampliación y protección territorial. La OPIAC, la ONIC, AICO, Gobierno Mayor y la Confederación Indígena Tayrona respaldaron esas exigencias.
Y sin embargo, en julio los cuerpos de las dos jóvenes permanecieron días en el lugar donde fueron halladas, porque el CTI no se desplazó pese a que la personería entregó las coordenadas exactas. En agosto, un grupo armado pudo entrar al resguardo a repartir citaciones con membrete. La distancia entre esos dos hechos se llama ausencia del Estado, y no es neutral: es la condición que hace posible el siguiente ataque.
El marco que se está incumpliendo
Amenazar a una autoridad indígena en su propio territorio no es solo un delito. Es el incumplimiento simultáneo de varias obligaciones que Colombia asumió:
Constitución Política, artículos 246 y 330: las autoridades indígenas ejercen jurisdicción y gobierno propio. Ningún actor armado puede citarlas ni someterlas.
Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991): obliga al Estado a proteger la integridad de los pueblos indígenas y sus instituciones propias.
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, artículo 13.2: prohíbe las amenazas de violencia dirigidas a aterrorizar a la población civil.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 7 y 30: proscribe los actos de violencia contra pueblos indígenas y las actividades militares en sus territorios.
Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional: reconoció a los pueblos Sikuani y Piapoco entre los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, y ordenó planes de salvaguarda que hasta hoy no protegen a Saracure Río Cada.
Decreto Ley 4633 de 2011: fija las medidas de atención, protección y reparación integral para pueblos indígenas afectados por el conflicto armado.
Seis marcos normativos. Un resguardo que sigue esperando que alguno se cumpla.
Lo que hoy está en juego
En Saracure Río Cada hay una comunidad que enterró a cinco de los suyos, que recibió amenazas escritas ocho semanas después y que, aun así, convocó a sus vecinos a hablar en un polideportivo. Esa decisión, responder a la intimidación con asamblea, es la forma más concreta de autoridad propia que puede ejercerse hoy en el Vichada.
Lo mínimo que corresponde ahora es que las instituciones convocadas respondan con la misma altura:
Fiscalía y CTI: avanzar en la investigación de la masacre de julio y del panfleto del 30 de agosto, e identificar a los responsables.
Defensoría y Ministerio Público: activar medidas de protección colectiva para el Cabildo, con enfoque diferencial étnico y concertadas con la autoridad indígena.
Unidad Nacional de Protección: evaluar el riesgo del gobernador Jaider Naranjo Jiménez y de las demás autoridades señaladas en el panfleto.
ICBF y Administración Municipal: verificar el estado de la niñez desplazada y garantizar el restablecimiento de sus derechos.
Procuraduría: investigar la omisión institucional frente a hechos advertidos con antelación.
Desde la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) acompañamos esta exigencia y la hacemos pública. Nuestro centro es la periferia: es justamente allí, donde el Estado llega tarde o no llega, donde las comunidades sostienen el territorio con su palabra y su presencia.
El Resguardo Saracure Río Cada ya dijo lo suyo: aquí estaremos. Falta que el Estado colombiano diga lo mismo, y lo cumpla.