Retos para el nuevo Gobierno en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017

Por: Cesar Arismendi

Por: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T 302 de 2017

Cumplir la Sentencia T-302, una tarea que trasciende los gobiernos

La Guajira inicia un nuevo ciclo institucional con desafíos que siguen ocupando un lugar central en la agenda pública. Nueve años después de la expedición de la Sentencia T-302 de 2017, las condiciones que dieron origen a la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional aún no han sido superadas de manera definitiva. 

Aunque durante los últimos años se registraron avances en algunos sectores, particularmente en educación, fortalecimiento institucional y ampliación de la capacidad operativa de varias entidades, las brechas en el acceso al agua potable, la salud, la seguridad alimentaria y otros derechos fundamentales continúan afectando a numerosas comunidades wayuu.

La decisión de la Corte Constitucional no solo ordenó atender una emergencia humanitaria, sino transformar las condiciones estructurales que la originaron. Para ello definió objetivos mínimos constitucionales y promovió una forma distinta de coordinación entre las entidades responsables. En ese contexto surgió el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas, MESEPP, concebido como un escenario permanente de articulación, seguimiento y construcción conjunta entre las instituciones del Estado, los organismos de control y las autoridades del pueblo wayuu.

El recorrido de este mecanismo deja avances importantes, pero también evidencia asuntos que permanecen abiertos. Entre ellos sobresalen la estructuración del Plan de Acción, el fortalecimiento de los procesos de participación, la consolidación de instrumentos de seguimiento y la necesidad de garantizar que las decisiones adoptadas tengan continuidad más allá de cada periodo de gobierno. La no realización de la décima sesión ordinaria del MESEPP dejó varios temas sin resolver y reflejó la importancia de preservar estos espacios de coordinación como parte esencial del cumplimiento de la sentencia.

Más allá de las reuniones institucionales, uno de los mayores retos consiste en consolidar un modelo de gobernanza que permita mantener un diálogo permanente entre las entidades públicas y las comunidades. La experiencia demuestra que la coordinación periódica facilita la identificación de dificultades, fortalece la toma de decisiones y contribuye a orientar los recursos hacia las necesidades más urgentes del territorio. La continuidad de estos escenarios representa una condición necesaria para evitar que los avances alcanzados pierdan impulso.

Otro aspecto que deberá fortalecerse corresponde a la participación efectiva del pueblo wayuu. Durante los últimos años las autoridades tradicionales han insistido en que los procesos de consulta y concertación incorporen la lengua wayuunaiki, respeten las formas propias de representación y reconozcan la organización social, territorial y espiritual de las comunidades. Estos elementos no solo responden al marco constitucional, sino que fortalecen la legitimidad de las políticas públicas y favorecen su apropiación en los territorios.

Entre los desarrollos institucionales más significativos se encuentra el trabajo adelantado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para incorporar un enfoque diferencial en la atención a la niñez wayuu. La construcción de mandatos formulados por autoridades tradicionales y posteriormente incorporados en instrumentos administrativos representa un paso importante hacia el reconocimiento de la autonomía cultural y la construcción de un modelo de atención con mayor pertinencia territorial. Al mismo tiempo, persiste el desafío de complementar los indicadores de gestión con evaluaciones que permitan medir los resultados y los cambios reales en las condiciones de vida de la población.

El nuevo Gobierno recibirá una hoja de ruta construida a partir de las órdenes de la Corte Constitucional, de los avances institucionales alcanzados y de las recomendaciones formuladas durante el seguimiento judicial. Entre los principales desafíos se encuentran la puesta en marcha del Plan de Acción Estructural, la consolidación de mecanismos de financiación sostenibles, el fortalecimiento de la coordinación entre los diferentes niveles del Estado, la institucionalización del diálogo genuino con el pueblo wayuu y la implementación de sistemas de monitoreo que permitan evaluar el impacto de las acciones y realizar ajustes oportunos.

La experiencia acumulada durante estos años demuestra que el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 exige una política de Estado con capacidad de trascender los cambios de gobierno. La preservación de los avances, el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento, la transparencia en la gestión pública y la participación activa de las autoridades tradicionales y de las comunidades constituyen factores determinantes para consolidar resultados sostenibles.

El reto no consiste únicamente en ejecutar nuevas inversiones, sino en fortalecer un modelo de gestión pública basado en la coordinación institucional, la continuidad administrativa, la evaluación permanente y el respeto por la diversidad cultural de La Guajira. En la medida en que estos elementos logren integrarse en una estrategia común, será posible avanzar de manera más consistente hacia el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y hacia la garantía efectiva de los derechos fundamentales de la niñez y del pueblo wayuu.