Un mes de incertidumbre para la guajira en el cumplimiento de la sentencia t302 de 2017
Por: Cesar Arismendi
Por: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T 302 de 2017
En la comunidad de Walakali 2, en el corazón rural de La Guajira, cuarenta reporteros comunitarios se reunieron durante 3 días para dar continuidad al diplomado sobre reporteros comunitarios que lleva en territorio FUCAI en convenio con la Universidad de La Guajira. Estos reporteros no llegaron de afuera: son hombres y mujeres wayuu que informan desde sus propios territorios, que conocen los caminos de arena, los jagüeyes secos y los nombres de los niños de cada ranchería. Durante la formación revisaron algo más que técnicas de redacción o manejo de celulares. Discutieron el poder concreto que tiene un dato bien documentado cuando se trata del derecho al agua, a la comida y a la salud de la niñez wayuu.
Encuentro en comunidad Walakali 2
El diplomado fue, en la práctica, un ejercicio de balance sobre lo que está ocurriendo en el territorio. Los reporteros comunitarios sostienen una labor de seguimiento al cumplimiento de los derechos impulsados en la Sentencia T 302 de 2017 sobre a las comunidades wayuu: el suministro de agua potable suficiente y permanente, la alimentación adecuada y continua, la atención en salud, el reporte de niñas y niños con desnutrición o de muertes por enfermedades asociadas a ella. Adicional la discusión se centró en la eficiencia de la Modalidad de Atención Integral (MAI) que opera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las rancherías del territorio. Ese es el temario diario de quien informa desde una ranchería, y es también el corazón de las órdenes que la Corte Constitucional dictó en la Sentencia T-302 de 2017 y en sus autos de seguimiento.
La conversación de Walakali 2 dejó al descubierto una preocupación que atraviesa todo lo demás: la continuidad. Según reportaron los propios comunicadores, la atención alimentaria que hoy no se presta en las Unidades Comunitarias de Atención (UCAS), y que se entrega mediante paquetes alimentarios operados por asociaciones indígenas del territorio, podría quedarse sin piso de distribución a partir de octubre de 2026. Esa fecha, es inmediata en la vida de una familia que organiza su semana alrededor de la ración que reciben sus hijos. Con ella también está en juego la contratación de gestores educativos, nutricionistas y del conjunto de personas vinculadas a la operación del MAI en las comunidades, un equipo que en muchas rancherías es el único vínculo estable con la institucionalidad.
Hubo además un tema que los reporteros pusieron sobre la mesa con particular gravedad. De acuerdo con lo que se ha conocido en el territorio, las muertes de niñas y niños se seguirían presentando en algunas comunidades, pero en ocasiones no se reportan. La razón que circula entre operadores y personal de campo apunta a una cláusula contractual: si un niño bajo seguimiento nutricional no logra el control y llega a morir, el contrato se perdería. Si esa práctica se confirma, el efecto es doble y perverso. Se pierde el registro que debería activar la respuesta del Estado y se convierte la muerte de un niño en un riesgo administrativo antes que en una alerta de salud pública. Documentar esto con nombres, fechas y territorios es exactamente el tipo de trabajo que un reportero comunitario puede hacer y un informe nacional no.
El contexto climático agrava cada uno de estos frentes. La franja costera del país viene sintiendo temperaturas altas y una ausencia de lluvias que dejó a las comunidades de la zona rural dispersa sin agua. El desabastecimiento ya no es un asunto exclusivo del campo: en las mismas cabeceras urbanas se siente con más rigor que en años anteriores. Cuando el agua escasea, la desnutrición avanza, las enfermedades diarreicas se multiplican y las niñas caminan más kilómetros por menos litros. Todo lo que la Sentencia T-302 ordenó garantizar de forma suficiente y permanente se pone a prueba precisamente en los meses secos.
A esa lista de pendientes los reporteros sumaron el hospital de Manaure, que sigue con las puertas cerradas. La obra tiene todo el perfil de convertirse en otro de los elefantes blancos que abundan en La Guajira: infraestructura terminada o casi terminada, presupuesto ejecutado y ningún paciente atendido. En un departamento donde la distancia hasta un centro de salud puede decidir si un niño con desnutrición aguda sobrevive, un hospital cerrado no es una demora administrativa. Es una consecuencia contada en vidas.
Todo esto ocurre en medio de una transición. Después de un mes de nuevo gobierno, aún no se ha definido cuál será el rumbo del ICBF con la nueva administración. ¿Qué va a pasar con los subsidios? ¿Quién va a operar el Programa de Alimentación Escolar y habrá continuidad durante el receso escolar? ¿Qué ocurrirá con los equipos extramurales que venían recorriendo el territorio? A comienzos de septiembre, estas preguntas siguen sin respuesta. Y hay una más, la que los reporteros formulan en voz baja porque la conocen de cerca: ¿qué pasará con la seguridad en el territorio? El trabajo de informar en zonas donde los actores armados disputan corredores y economías tiene un costo que ningún diplomado puede eliminar.
La respuesta que los cuarenta reporteros comunitarios acordaron en Walakali 2 no es esperar. Es seguir informando. Cada dato que registran sobre un jagüey seco, una entrega alimentaria que no llegó o un niño que dejó de asistir al control nutricional se convierte en material verificable para la veeduría ciudadana y para los jueces que hacen seguimiento a la T-302. Los cambios de gobierno son parte del ciclo político; el derecho de un niño wayuu al agua y a la comida no lo es. Esa distinción, sencilla y difícil, es la que sostiene el trabajo de estos comunicadores. Ellos no cuentan la historia de La Guajira desde afuera. La cuentan desde dentro, y por eso se les cree.