Durante más de diez años, el pueblo Sikuani ha esperado el cumplimiento efectivo de una Sentencia relacionada con la restitución de su territorio ancestral. Lo que para muchos podría interpretarse como un trámite judicial prolongado, para esta comunidad indígena representa una lucha histórica por el reconocimiento, la dignidad y la supervivencia cultural, en un territorio que por décadas ha sido el centro de la exploración , explotación y desarrollo.  No se trata únicamente de un fallo jurídico; se trata de la reivindicación de una relación milenaria con la tierra, profundamente ligada a su identidad colectiva.

En La Guajira, el pueblo Wayuu continúa enfrentando una crisis humanitaria estructural que afecta de manera desproporcionada a la niñez y a las familias en mayor condición de vulnerabilidad. A pesar de que la Corte Constitucional declaró en 2017 un Estado de Cosas Inconstitucional mediante la Sentencia T-302, las condiciones materiales de vida siguen reflejando profundas fallas en la garantía de los derechos al agua, la alimentación, la salud y la participación. La persistencia de la pobreza extrema, la desnutrición infantil y la precariedad institucional evidencian que el problema no es coyuntural, sino estructural y acumulado durante décadas de abandono estatal.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha definido que el servicio de atención integral a la niñez wayuu en La Guajira inicie en la segunda semana de febrero, bajo un esquema de gestión directa y contratación ajustada a los mandatos de la Sentencia T-302 de 2017. En una reciente circular la entidad traza una hoja de ruta que busca garantizar continuidad, control público y enfoque diferencial en uno de los territorios más sensibles del país, donde la niñez enfrenta riesgos estructurales asociados al racismo histórico, pobreza, desnutrición y exclusión.

La violencia que marcó a La Guajira durante el conflicto armado no ha desaparecido; se ha transformado. Hoy se expresa en la persistencia del hambre, en la falta de agua, en la desprotección de la niñez y en la sensación de abandono frente a decisiones judiciales que no se cumplen