El plan estructural de la Sentencia T-302 entre tensiones de financiación y representación
Por: Cesar Arismendi
Veeduría para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
El plan es el resultado de un proceso normativo derivado de una decisión judicial
La IX sesión del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas se realizó el 5 de marzo en Riohacha en un momento decisivo para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017. El encuentro tenía como propósito presentar el Plan de Acción Estructural orientado a superar el estado de cosas inconstitucional identificado por la Corte Constitucional en La Guajira, particularmente frente a la vulneración sistemática de derechos fundamentales del pueblo wayuu.
El proceso se desarrolló bajo un marco normativo consolidado por la sentencia y los autos de seguimiento emitidos por la Corte en los últimos años. En ese escenario se articulan cerca de 46 entidades del orden nacional y territorial llamadas a coordinar acciones para garantizar el acceso efectivo al agua, la salud, la alimentación y la participación, así como a mejorar los sistemas de información y las condiciones de movilidad en el territorio.
La jornada registró la participación de 21 de las 27 instituciones con voz y voto dentro del mecanismo. La asistencia fue significativa si se observa la complejidad institucional del proceso, aunque resultó notoria la ausencia de actores territoriales determinantes. No asistieron el gobernador de La Guajira ni los alcaldes de Riohacha, Manaure y Uribia, autoridades que concentran buena parte de la responsabilidad operativa en la implementación de las medidas previstas para el territorio.
El orden del día se organizó alrededor de tres asuntos principales. Se discutieron ajustes al reglamento interno del mecanismo mediante el proyecto de acuerdo que propone modificar disposiciones vigentes desde 2024, se presentó la metodología de seguimiento basada en principios rectores como el interés superior de la niñez, el diálogo genuino y la corresponsabilidad institucional, y finalmente se expusieron los avances en la consolidación del Plan de Acción Estructural.
En este punto, el documento presentado reúne 68 acciones distribuidas en varios componentes estratégicos. Diez de ellas se orientan a mejorar el acceso al agua potable, siete se relacionan con la atención en salud, seis se concentran en el fortalecimiento de los sistemas de información y cinco abordan problemas de movilidad territorial. El mayor número de medidas se ubica en el campo de la seguridad alimentaria con 39 acciones que buscan enfrentar de manera estructural la desnutrición infantil en el departamento.
Durante la sesión se reconoció el aporte del documento plan elaborado por la Veeduría Ciudadana, una propuesta construida desde la sociedad civil para orientar la implementación de la sentencia. La decisión de integrar ese material dentro del plan estructural refleja un intento por ampliar el proceso de planeación más allá de las iniciativas gubernamentales y abrir espacio a insumos provenientes del control social.
Aunque presentado de manera tardía, ya que en el mes de junio se cumplen 9 años de aprobación de la Sentencia, las métricas presentadas durante la jornada muestran que el proceso avanza hacia su fase final de consolidación. Las etapas iniciales dedicadas a la compilación de acciones institucionales y a la construcción de la matriz de planificación alcanzaron su totalidad, mientras que la fase de revisión técnica y validación institucional registra un avance cercano al ochenta por ciento antes de su eventual remisión a la Corte Constitucional.
La discusión más intensa giró alrededor de la viabilidad financiera del plan. El documento proyecta inversiones cercanas a nueve billones de pesos en un horizonte de diez años, una cifra que refleja la dimensión estructural de las brechas que se buscan cerrar. La situación fiscal del gobierno nacional llevó a que el plan fuera presentado inicialmente como un instrumento de carácter indicativo, lo que generó inquietudes sobre la posibilidad real de ejecutar las acciones previstas.
Manifestación de delegación wayuu
Ante ese escenario surgieron propuestas para fortalecer su carácter vinculante mediante instrumentos de política pública que respalden la financiación. Entre las alternativas mencionadas se encuentra la formulación de un documento CONPES que articule compromisos sectoriales y permita asegurar continuidad en la inversión estatal. Desde la Veeduría Ciudadana se insistió en que el plan debe entenderse como una forma de planeación normativa derivada de una decisión judicial y no como una agenda programática sujeta a discrecionalidad presupuestal.
En ese mismo debate se planteó la necesidad de garantizar recursos desde el inicio mediante vigencias futuras que respalden el cumplimiento progresivo de las metas. El argumento central es que la protección reforzada de los derechos de la niñez exige mecanismos fiscales verificables y alineados con los indicadores de goce efectivo de derechos que la Corte ha solicitado para evaluar los avances en el territorio.
La sesión también reiteró que el plan no puede avanzar hacia su aprobación definitiva sin un proceso de consulta previa con las comunidades indígenas. Este requisito no se limita a una formalidad jurídica, sino que constituye un paso necesario para que las soluciones institucionales dialoguen con las prácticas sociales y territoriales del pueblo wayuu.
La jornada terminó abruptamente cuando una delegación wayuu se congregó en el exterior del recinto para manifestar su inconformidad por no tener representación dentro del mecanismo. Los líderes presentes señalaron que no se están representados y reclamaron ser escuchados directamente. Ante la solicitud de atención y la necesidad de abordar el reclamo de participación, la sesión fue suspendida dejando en evidencia que el desafío no se limita a diseñar políticas públicas sino a construir un espacio de diálogo legítimo para quienes viven las consecuencias de la crisis que la sentencia busca superar.
Manifestación de delegación wayuu