La reciente verificación conjunta adelantada por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República en La Guajira volvió a poner sobre la mesa una realidad que las comunidades wayuu han denunciado durante años. La crisis no se reduce a una carencia aislada de servicios, sino a una fractura estructural en la garantía de derechos fundamentales, donde el acceso al agua continúa siendo el punto más crítico y, al mismo tiempo, el eje que atraviesa la alimentación, salud y las condiciones en que se desarrolla la niñez indígena.