La crisis humanitaria del pueblo Wayuu: vulneraciones persistentes y respuestas insuficientes del Estado colombiano

Escrito por: Fernando Acosta, Para la Veeduría Ciudadana Sentencia T 302 de 2017

En La Guajira, el pueblo Wayuu continúa enfrentando una crisis humanitaria estructural que afecta de manera desproporcionada a la niñez y a las familias en mayor condición de vulnerabilidad. A pesar de que la Corte Constitucional declaró en 2017 un Estado de Cosas Inconstitucional mediante la Sentencia T-302, las condiciones materiales de vida siguen reflejando profundas fallas en la garantía de los derechos al agua, la alimentación, la salud y la participación. La persistencia de la pobreza extrema, la desnutrición infantil y la precariedad institucional evidencian que el problema no es coyuntural, sino estructural y acumulado durante décadas de abandono estatal.

Las lluvias registradas en enero de 2026 provocaron una nueva emergencia humanitaria que puso en evidencia, una vez más, la fragilidad del territorio y la ineficiencia del aparato estatal para actuar de forma preventiva. Según el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, se reportaron 32.611 personas afectadas y más de 6.500 familias damnificadas en La Guajira. Solo en el distrito de Riohacha, 5.500 familias y 27.500 personas resultaron directamente afectadas, con daños reportados en 5.525 viviendas, de las cuales 25 fueron destruidas totalmente. Esta catástrofe natural se convirtió en un detonante adicional de la crisis ya existente, agravando las condiciones de vida de cientos de comunidades Wayuu que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.

Frente a esta emergencia, las autoridades locales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunciaron la entrega de ayudas humanitarias, priorizando hogares con niños menores de cinco años, así como la distribución de alimentos no perecederos y kits de aseo. Sin embargo, estas respuestas han sido fundamentalmente reactivas y de corto plazo, sin lograr transformar las condiciones estructurales que mantienen a las comunidades en permanente riesgo. La ayuda llega, pero no siempre es suficiente, continua o articulada con una estrategia integral de desarrollo territorial.

Desde la perspectiva de las comunidades Wayuu, la acción estatal ha sido fragmentada y poco transparente. Persisten denuncias sobre deficiencias en la asignación de beneficios, en la contratación pública y en la articulación entre entidades nacionales, departamentales y municipales. La falta de información clara sobre los recursos invertidos y los resultados obtenidos genera desconfianza y limita la participación efectiva de las autoridades tradicionales y líderes comunitarios en los procesos de seguimiento y control social.

Uno de los problemas más críticos continúa siendo el acceso al agua potable. En múltiples comunidades rurales dispersas, las familias dependen de la distribución intermitente mediante carrotanques o de pozos artesanales que no siempre garantizan calidad ni cantidad suficiente. En algunos casos se ha constatado que comunidades enteras han pasado semanas sin acceso a agua segura, obligando a niños y adultos a consumir agua contaminada de jagüeyes o fuentes superficiales. Esta situación no solo vulnera el derecho fundamental al agua, sino que incide directamente en la aparición de enfermedades diarreicas, desnutrición y otras complicaciones de salud.

La desarticulación institucional ha sido señalada como una de las principales barreras para garantizar el derecho al agua. Aunque existen proyectos de infraestructura hídrica, estos no siempre cuentan con mantenimiento, seguimiento técnico o participación comunitaria en su gestión. La ausencia de una planificación coordinada y sostenible ha impedido que las inversiones se traduzcan en soluciones duraderas. El resultado es una dependencia continua de esquemas de emergencia que no resuelven la raíz del problema.

En cuanto a la situación alimentaria y nutricional, las cifras siguen siendo alarmantes. En 2024, se registraron 50 muertes de niños menores de cinco años por causas asociadas a desnutrición en La Guajira, lo que representa el 22,7% del total nacional. Aunque la cifra disminuyó en comparación con 2022 (cuando se registraron 87 muertes), la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en el departamento sigue siendo más de cuatro veces superior al promedio nacional. La desnutrición crónica y aguda afecta de manera desproporcionada a las comunidades rurales dispersas, donde las condiciones estructurales impiden una intervención efectiva por parte del Estado

Programas como el Programa de Alimentación Escolar y las acciones del ICBF buscan mitigar la crisis nutricional, pero enfrentan grandes obstáculos logísticos. Muchas sedes educativas carecen de infraestructura adecuada para preparar y almacenar alimentos, y la distancia entre las comunidades y los centros educativos dificulta el acceso regular de los niños. En temporada de lluvias, la situación se agrava: la intransitabilidad de las vías impide la entrega oportuna de alimentos y limita el funcionamiento de comedores escolares y centros de desarrollo infantil.

La falta de infraestructura vial es, en efecto, un problema transversal que profundiza todas las demás vulneraciones. Las vías terciarias en mal estado aíslan comunidades enteras, dificultan el acceso a servicios de salud, retrasan el traslado de pacientes en situaciones de urgencia y obstaculizan la llegada de brigadas médicas, alimentos y agua. Muchos niños deben caminar largas distancias bajo condiciones climáticas extremas para acceder a educación o atención básica, lo cual afecta su bienestar físico y su permanencia en el sistema escolar.

Además, el aislamiento territorial limita las oportunidades económicas de las familias Wayuu. La comercialización de productos agrícolas y artesanales se ve restringida, generando dependencia de ayudas externas y debilitando la autonomía comunitaria. La inversión en infraestructura vial no debe entenderse únicamente como una obra de desarrollo físico, sino como una condición esencial para garantizar derechos fundamentales, fortalecer la economía local y promover la inclusión social.

A ocho años de la Sentencia T-302, los avances han sido parciales y desiguales. La creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas representa un paso normativo importante, pero su efectividad dependerá de la asignación suficiente de recursos, la coordinación interinstitucional y la participación real del pueblo Wayuu en la toma de decisiones. Superar el Estado de Cosas Inconstitucional exige más que medidas asistenciales: requiere voluntad política sostenida, transparencia, enfoque intercultural y una apuesta decidida por la justicia étnica e intergeneracional que coloque en el centro la dignidad y los derechos de la niñez Wayuu.