En La Guajira, el pueblo Wayuu continúa enfrentando una crisis humanitaria estructural que afecta de manera desproporcionada a la niñez y a las familias en mayor condición de vulnerabilidad. A pesar de que la Corte Constitucional declaró en 2017 un Estado de Cosas Inconstitucional mediante la Sentencia T-302, las condiciones materiales de vida siguen reflejando profundas fallas en la garantía de los derechos al agua, la alimentación, la salud y la participación. La persistencia de la pobreza extrema, la desnutrición infantil y la precariedad institucional evidencian que el problema no es coyuntural, sino estructural y acumulado durante décadas de abandono estatal.

En Belém, la COP30 negocia el futuro del clima dentro de la Zona Azul mientras los pueblos indígenas amazónicos recuerdan algo obvio: no se puede decidir sobre una casa sin su dueño. La toma pacífica de la entrada, la flotilla Yaku Mama y el ‘funeral’ a los fósiles muestran que la verdadera defensa de la Amazonía se juega en los territorios, no solo en los plenarios.

Mientras la COP30 avanza en Belém, los niños indígenas de la Amazonía siguen ausentes del debate climático, pese a liderar soluciones reales como la siembra de más de 60.000 árboles en la triple frontera. Su participación es urgente, efectiva y clave para el futuro del bosque. No deben ser símbolo: deben ser parte de la decisión.

En medio de la COP30 en Belém do Pará, las sentencias estructurales de las cortes latinoamericanas se han convertido en una luz de esperanza. Aunque con limitaciones, obligan a los Estados a coordinarse, incluir a los pueblos indígenas y actuar con coherencia. En tiempos de crisis política, ambiental y social, la justicia emerge como un nuevo terreno de cambio.