El uso creciente del incidente de desacato como mecanismo judicial en La Guajira para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales ordenados en fallos de tutela, especialmente tras la Sentencia T-302 de 2017. En un contexto de crisis humanitaria marcada por desnutrición, desempleo, falta de servicios básicos, incumplimientos contractuales estatales y migración, se destaca el desacato como una vía de presión ante la ineficacia estructural del Estado. Se expone el fundamento legal del desacato como desobediencia a mandatos judiciales y se enfatiza su carácter coercitivo, el cual, aunque útil, resulta limitado al condicionar el restablecimiento de derechos a la voluntad del infractor. El texto alerta sobre la ineficiencia del incidente de desacato como único instrumento para hacer valer derechos en el territorio y resalta la urgencia de adoptar medidas más eficaces, con mayor articulación institucional y comunitaria. Se presentan casos recientes de comunidades wayuu que, ante la falta de agua potable, han iniciado acciones legales, previendo una proliferación de demandas similares. El artículo concluye señalando la persistencia del estado de cosas inconstitucional en La Guajira, la falta de cumplimiento estructural de la Sentencia T-302 y la necesidad urgente de acción estatal real y efectiva.

El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) se realizará por primera vez en Riohacha, La Guajira, del 1 al 3 de septiembre de 2025, marcando un hito al centrar la atención internacional en una región fronteriza profundamente afectada por la migración venezolana. La elección de esta sede responde a la necesidad urgente de visibilizar los desafíos estructurales y humanitarios que enfrenta La Guajira, especialmente los reconocidos por la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración de derechos del pueblo wayuu. Este evento, que reunirá a más de 150 delegaciones globales, representa una oportunidad histórica para evidenciar tanto los avances como las deudas del Estado colombiano frente a esta crisis. Asimismo, se proyecta como un escenario de articulación institucional, fortalecimiento logístico y empoderamiento local, con énfasis en la participación activa de comunidades wayuu. A pesar de los retos en infraestructura y servicios, el Foro podría convertirse en un catalizador de transformación estructural, con capacidad para posicionar a Riohacha como un referente en migración digna y desarrollo con enfoque de derechos.

La Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional reconoció una grave crisis humanitaria en La Guajira, originada por la violación sistemática de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu, especialmente en salud, alimentación, acceso al agua y participación. A pesar de los mandatos legales para revertir esta situación, persisten serias limitaciones en la participación y representación efectiva de las comunidades wayuu. Estas dificultades se deben, en parte, al desconocimiento institucional del sistema de e´irruku (clan materno), estructura fundamental de la organización social wayuu. La fragmentación del liderazgo, la disputa por recursos y la falta de mecanismos interculturales de diálogo han obstaculizado la implementación de soluciones urgentes. El artículo propone fortalecer la autonomía wayuu mediante un enfoque territorial e intercultural, que reconozca a sus autoridades tradicionales, garantice la transparencia en la gestión pública y priorice acciones efectivas para proteger la vida y dignidad de la niñez.

La crónica “Liseth y su bebé murieron por falta de controles prenatales” narra la desgarradora historia de Liseth, una niña wayuu de 15 años que falleció junto a su hijo recién nacido en La Guajira, víctima de la desnutrición, el abandono institucional y la ausencia de controles prenatales. A través de su historia, se expone la grave crisis humanitaria y estructural que enfrenta el pueblo wayuu, a pesar de la existencia de normativas como la Sentencia T-302 de 2017, cuyo incumplimiento ha perpetuado altos índices de mortalidad infantil. El texto denuncia un modelo de atención estatal basado en la fragmentación, la contratación y la corrupción, que ignora la realidad territorial y cultural de las comunidades indígenas. Propone una transformación estructural del sistema de relacionamiento institucional, centrada en la garantía de derechos, el fortalecimiento del gobierno propio wayuu y la articulación efectiva de políticas públicas desde un enfoque territorial, participativo y sostenible. La muerte de Liseth y su hijo se convierte así en un símbolo de las miles de vidas silenciadas por un sistema que prioriza los contratos sobre la vida.

La mala planificación y abandono de infraestructuras construidas con los millonarios recursos destinados a la atención infantil en La Guajira. A pesar de la inversión anunciada por el ICBF, muchas de estas edificaciones, como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), están en desuso y cerradas para la comunidad, dejando a los niños en condiciones precarias. Se señala la falta de sostenibilidad en los proyectos y la ausencia de un plan que garantice su funcionamiento. El texto hace un llamado a la evaluación de estas inversiones para evitar que los recursos sigan desperdiciándose en estructuras que nunca cumplen su propósito.

Se hace la distinción entre datos e información, resaltando que los datos son unidades aisladas sin contexto, mientras que la información es el resultado del procesamiento de estos, permitiendo la toma de decisiones y la evaluación de fenómenos mediante indicadores. Se menciona la metodología CREMA del Banco Mundial para validar indicadores y la importancia de establecer líneas base para evaluar avances. Además, se expone la problemática del MESEPP en La Guajira, evidenciando su falta de estructuración y cumplimiento en la implementación de políticas públicas, especialmente en el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, lo que ha generado bloqueos en el desarrollo social y económico de las comunidades Wayuu.

El seguimiento y cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017 en el departamento de La Guajira; destaca la importancia de la imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios y contratos, según lo establecido en la sentencia. Se informa sobre las acciones de fiscalización realizadas por la Contraloría General y departamental, así como la programación de auditorías para evaluar el cumplimiento de la sentencia en diferentes entidades, incluyendo Corpoguajira. Se menciona la falta de conocimiento sobre el rol de la sentencia en muchas entidades, evidenciada por los resultados de las fiscalizaciones.

El artículo destaca la situación crítica en La Guajira, donde persisten problemas como el Estado de Cosas Inconstitucionales y altos índices de desnutrición, con 7 muertes de niños registradas este año debido a enfermedades relacionadas con la desnutrición. Aunque se reconocen esfuerzos del nuevo gobierno por abordar estos problemas, como la divulgación de la Sentencia T-302 de 2017 en comunidades indígenas, el progreso ha sido gradual. Se menciona el escándalo de la compra de carrotanques para suministro de agua y la creación del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (MESEPP) tras 6 años de notificación de la Sentencia.

La necesidad de implementar el plan de acción establecido por la Sentencia T-302 de 2017, pero resalta que para ello se requiere la participación activa de veedurías comunitarias. Se critica la ejecución de recursos por parte del Estado en proyectos que, aunque se promocionan como beneficiosos para las comunidades, terminan perjudicándolas. Se destaca la importancia de la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia y la Ley 134 de 1994, que permiten la creación de veedurías ciudadanas para supervisar la gestión pública y la prestación de servicios. Además, se menciona que las organizaciones de la sociedad civil, como la Veeduría Ciudadana a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017, han asumido la responsabilidad de denunciar la crisis humanitaria y han emprendido acciones para buscar soluciones a corto y mediano plazo, especialmente en lo que respecta al acceso al agua, alimentos, salud y educación para el pueblo wayuu en La Guajira. Finalmente, se hace un llamado a la sociedad civil para que participe en el proceso de verificación de la implementación de la sentencia, fortaleciendo así un seguimiento integral sobre las órdenes impartidas para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas wayuu en los municipios mencionados.

El inicio del año 2024 con la llegada de nuevos líderes territoriales en un departamento marcado por un Estado de cosas inconstitucional. Destaca la relevancia de la participación ciudadana tanto en el ejercicio del voto como en la construcción del plan de desarrollo, enfatizando su papel en la supervisión de la inversión presupuestaria para el avance colectivo. Se mencionan los desafíos enfrentados por La Guajira, incluyendo protestas por necesidades básicas y la baja participación en la planificación. A pesar de los retos, se destacan avances como los planes de vida y la formación de veedurías étnicas. Se plantea un desafío adicional en la vigilancia y control de la ejecución de proyectos una vez aprobados los planes de desarrollo

La importancia de la articulación entre las autoridades locales y las comunidades indígenas en la formulación e implementación de los Planes de Desarrollo para el periodo 2024-2027 en Colombia, especialmente en el Departamento de La Guajira, donde reside el pueblo indígena wayuu, el más numeroso del país. Se destaca la necesidad de incorporar los planes de vida y desarrollo comunitario de las comunidades indígenas en los planes territoriales, en consonancia con la normativa nacional e internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas.

En los años 90, la descentralización territorial y la lucha indígena llevaron a la creación de condiciones para la participación comunitaria en Colombia. La Ley 89 de 1980 permitió a los cabildos indígenas desarrollar su gobierno propio, y en 1993 se emitió el Decreto 1088, facilitando la formación de Asociaciones de Cabildos. Sin embargo, la falta de bases organizativas y el modelo de desarrollo asociativo entre los wayuu han afectado la reclamación de derechos, especialmente después de la Sentencia T-302 de 2017. A pesar de la creación de numerosas asociaciones, la falta de organización colectiva y su fragilidad se manifiestan en la débil capacidad de desarrollo.

La Sentencia T-302 de 2017 reveló un estado de cosas inconstitucional en el goce de derechos fundamentales del pueblo wayuu en La Guajira. Tras 6 años de expedición y 5 de implementación, la Contraloría General de la República encontró fallos en la coordinación y ejecución de las acciones. La falta de recursos, desarticulación entre entidades y la omisión en el cumplimiento de órdenes judiciales afectan a los niños wayuu, evidenciando la persistencia de condiciones extremas de vulnerabilidad.

En el foro "Los 'peajes' de los wayuu: entre la mendicidad y el control territorial" en la Universidad de La Guajira, se abordó la realidad preocupante de niños wayuu utilizados como barreras para solicitar contribuciones económicas a conductores en zonas cercanas a sus lugares de residencia. La práctica impacta sectores económicos, como el turismo y la transición energética, revelando vacíos estatales y falta de oportunidades. Se propone una intervención integral que incluya subsidios, servicios educativos, programas de inclusión y reglamentos interculturales para abordar las causas estructurales y respetar los derechos de la comunidad wayuu.

La Fundación Caminos de Identidad (Fucai), como parte de la implementación del plan de acción de la Sentencia T-302 de 2017, realizó una investigación sobre los "peajes" wayuu en La Guajira. Se revela una realidad preocupante: niños wayuu utilizados como barreras para solicitar contribuciones económicas a conductores, evidenciando vulnerabilidad extrema. La problemática se vincula con la pobreza, falta de oportunidades y condiciones climáticas adversas en la región. La explotación infantil y la interrupción del desarrollo adecuado de los niños tienen consecuencias a largo plazo. El artículo aboga por medidas integrales que aborden las raíces estructurales, como acceso a educación, salud y oportunidades económicas, mediante la colaboración entre entidades gubernamentales, ONGs y la comunidad wayuu.

Aborda los desafíos que enfrentan los nuevos alcaldes y el gobernador de La Guajira en el año 2024. Se destaca la necesidad de alinearse con los planes del Gobierno Nacional para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en el departamento. Se examinan los esfuerzos del Gobierno Petro, incluyendo la nulidad de un plan y decretos, y se resalta la importancia de un trabajo articulado para cumplir con las órdenes de la sentencia, priorizando necesidades como acceso al agua, atención alimentaria, salud, movilidad y transparencia.

La Veeduría Ciudadana para la implementación de la Sentencia T302 de 2017, aborda la problemática de la pobreza multidimensional en La Guajira. Se cuestiona la eficacia de las transferencias de recursos como medida gubernamental, especialmente tras la invalidación de decretos que afectaron a madres en situación de desnutrición. La Corte Constitucional destaca la no retroactividad de las medidas, considerando la precariedad económica. Empresarios y economistas proponen estrategias sostenibles para impulsar la economía y garantizar la equidad regional. Un foro reciente destaca la necesidad de cumplir con sentencias de la Corte Constitucional y busca soluciones para una verdadera equidad territorial, enfocándose en la economía popular. La unidad de actores, incluyendo gobierno, empresa privada, ONGs y sociedad civil, se destaca como clave para fortalecer la economía y garantizar derechos fundamentales.

En respuesta al incidente de desacato declarado por la Corte Constitucional el 8 de noviembre de 2023, en el auto 2764, este artículo examina la relevancia del cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017, particularmente en la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación (MESEPP) para superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). Destacando la importancia de recordar la orden específica de la Corte, se subraya la necesidad inmediata de la formación del MESEPP, compuesto por una amalgama de instituciones, funcionarios y personas, con el objetivo de garantizar los derechos de los niños wayuu, superar el ECI y cumplir con objetivos constitucionales. El artículo enfatiza la urgencia de coordinar esfuerzos entre niveles de gobierno y la sociedad wayuu, evidenciando la falta de cumplimiento hasta la fecha, y concluye instando a la pronta creación del MESEPP para prevenir la desnutrición y muertes infantiles.

La importancia de la construcción del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación a las Políticas Públicas (MESEPP) en respuesta a la Sentencia T-302 de 2017, declarada por la Corte Constitucional. El texto destaca la necesidad de recordar la orden específica de la Corte a diversas instituciones gubernamentales para abordar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), especialmente en relación con la supervivencia de los niños y niñas wayuu. Se examina quiénes deben integrar el MESEPP y cuáles son sus objetivos principales, con un énfasis en garantizar los derechos fundamentales de la niñez wayuu y superar el ECI.

El Tawala Wayuu Fest es un evento excepcional que crea un bosque de colores con la habilidad y pasión de las talentosas mujeres wayuu. Organizado por la Fundación Caminos de Identidad – FUCAI, este festival destaca el arte del tejido Wayuu y busca promover proyectos sociales y culturales. Además de ser una plataforma para que las tejedoras generen ingresos a través de sus habilidades, el evento contribuye a la construcción de espacios educativos polifacéticos que fortalecen el tejido social y cultural de las comunidades.