Mandato wayuu por la autonomía
Por Paulo Berty
Por: Veeduría Ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017
En la más reciente Asamblea General Wayuu realizada el 18 de febrero en Uribia, autoridades tradicionales, líderes y comunidades emitieron un mandato colectivo que reafirma su derecho al gobierno propio. La decisión, adoptada en la capital indígena de Colombia, trasciende la coyuntura política y se consolida como una expresión organizada de autonomía territorial.
La convocatoria fue liderada por la Mesa de Concertación Permanente y Diálogo Wayuu, instancia que representa a las autoridades ancestrales y comunidades del departamento de La Guajira. Allí se exigió autonomía efectiva para la ejecución directa de los recursos públicos destinados al territorio indígena, planteamiento que responde a años de inconformidad frente a modelos administrativos.
El pronunciamiento fue preciso, la autonomía no puede limitarse a un reconocimiento formal. Debe traducirse en capacidad real de decisión, planeación y ejecución presupuestal. Las autoridades señalaron que la intermediación institucional ha reducido el impacto de la inversión social, generando fragmentación y baja pertinencia cultural.
El mandato no surge de manera aislada. Es resultado de más de tres décadas de lucha organizativa y de un proceso de concertación que incluyó 22 asambleas comunitarias por municipios desde 2025, con la participación de las autoridades tradicionales. Se trata, según lo expresado, de una decisión colectiva del pueblo wayuu.
Desde la perspectiva comunitaria, la autonomía es un proceso reivindicatorio que se construye en el ejercicio del sistema normativo propio, en la autoridad de los palabreros y en la organización de los eiruku. No se limita a la administración de recursos, sino que busca garantizar que estos respondan a las prioridades definidas por las comunidades.
Durante la Asamblea se denunciaron brechas persistentes en acceso al agua potable, salud, seguridad alimentaria, infraestructura educativa y conectividad vial. También se reiteró la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, relacionada con la protección de los derechos fundamentales de la niñez wayuu.
En representación del Gobierno nacional asistió la directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, Roquelina Blanco Moscarella, quien afirmó que el documento será entregado al presidente de la República y subrayó la importancia de escuchar al pueblo wayuu. También hizo un llamado a asumir responsabilidades frente a problemáticas internas que afectan el avance territorial.
El mandato contempla 23 compromisos concretos. Entre ellos, la implementación plena del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) y del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), con el propósito de que las comunidades pasen de ser receptoras de servicios a ejecutoras directas de sus propios sistemas.
Asimismo, se exige la creación de un presupuesto anual propio de inversiones y la formalización de un sistema de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, así como ante las asambleas territoriales, para garantizar transparencia y control social indígena.
El documento también ordena la socialización amplia del SEIP y el SISPI en las comunidades, la instalación de mesas técnicas con el ICBF para la atención integral a la primera infancia, el fortalecimiento de la agricultura tradicional y la soberanía alimentaria, y el respeto a los derechos colectivos frente a proyectos turísticos, mineros y energéticos.
El mensaje desde Uribia es claro, sin autonomía real no habrá transformación territorial. El mandato representa un punto de inflexión en la relación entre el Estado y el pueblo wayuu, al plantear un modelo basado en corresponsabilidad, transparencia y ejercicio efectivo del gobierno propio como camino para la pervivencia cultural y el desarrollo del territorio.