Vichada: La Masacre que vulnera todos los tratados internacionales y atenta contra la seguridad y la vida de niños y niñas indígenas
Escrito por: Zulma Rodriguez
Cumaribo, Vichada. En la madrugada del 17 de julio de 2026, un grupo armado irrumpió violentamente en la comunidad Sabaneta, perteneciente al Resguardo Indígena Saracure Río Cadá, en jurisdicción del municipio de Cumaribo, Vichada. Lo que allí ocurrió no es un episodio aislado de la violencia que atraviesa los territorios indígenas de Colombia: es, de nuevo, un ataque directo contra la vida, el cuerpo y el futuro de los pueblos Sikuani y Piapoco que habitan esa región del país.
Imágenes utilizadas en esta publicación han sido ilustradas en respeto de las víctimas y la privacidad de las comunidades
El saldo, según la información entregada por la propia autoridad del resguardo y confirmada por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), es devastador: cinco vidas humanas personas asesinadas, viviendas incineradas, familias enteras desplazadas de manera forzosa y una comunidad que, cinco días después, sigue esperando que el Estado colombiano cumpla con lo más básico, recuperar los cuerpos de sus muertos para que puedan ser enterrados con dignidad.
Entre los hechos más dolorosos denunciados está la desaparición inicial de tres mujeres de la comunidad, entre ellas una niña indígena de apenas tres años. Días después, la menor fue hallada con vida, un alivio que las propias autoridades del resguardo describieron como el único respiro en medio de la tragedia. Sin embargo, las otras dos mujeres desaparecidas se encuentra: Tania Mercedes Gaitán Rodríguez, de 19 años, y Clara Estrella Gaitán Rodríguez, de 17 años, amabas se encontraban en embarazo y una de ellas estaba en trabajo de parto, las dos mujeres y sus nonatos fueron encontradas sin vida.
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Es decir, lo que las cifras oficiales registran como "cinco víctimas" incluye no solo el asesinato de la autoridad indígena Yeison Maicol Díaz Cumanica y de las dos jóvenes, sino la extinción violenta de dos vidas que aún no habían nacido.
No existe una categoría del derecho penal ni del derecho internacional humanitario que alcance a nombrar del todo lo que significa asesinar a una mujer gestante en un territorio indígena. Es un crimen que no solo le arrebata la vida a una persona: ataca la continuidad misma de un pueblo, su relevo generacional, su proyección hacia el futuro. Cuando ese crimen se repite, como lo advierte la propia CNTI, configura algo que va más allá del hecho aislado: un patrón de exterminio que fractura de manera irreversible la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia.
Uno de los elementos más graves de esta lamentable noticia es la ausencia de respuesta institucional oportuna. Según el testimonio de las propias autoridades del Resguardo Saracure Río Cadá, hasta la fecha, más de cinco días después de ocurridos los hechos, los cuerpos de dos de las víctimas continúan en el lugar donde fueron encontrados, sin que las autoridades competentes hayan realizado el levantamiento correspondiente.
El cuerpo de la autoridad indígena Yeison Maicol Díaz Cumanica ya fue trasladado a Medicina Legal, mientras que un herido recibe atención médica en Villavicencio. Pero las familias de las dos mujeres asesinadas continúan esperando que el Estado permita, siquiera, darles sepultura. Las comunidades han señalado que, pese a que el personero solicitó al CTI que se desplazara al lugar indicando las coordenadas exactas, la respuesta nunca llegó.
Esta demora no es un detalle administrativo. Para las comunidades indígenas, el derecho a enterrar a los suyos conforme a su cosmovisión y sus rituales propios es parte esencial del derecho a la vida digna y a la reparación del daño. Cada día que un cuerpo permanece sin ser recuperado es un día más de duelo interrumpido, de incertidumbre y de una herida que el Estado profundiza con su ausencia.
Ni el Resguardo Saracure Río Cadá ni la CNTI describen este episodio como un hecho nuevo o excepcional. Se trata, dicen, de la persistencia del conflicto armado en estos territorios, y de la reiterada falta de garantías por parte de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el CTI y la Fuerza Pública, las cuales, según denuncian las comunidades, no han hecho presencia efectiva pese a las alertas tempranas.
Este no es solo un hecho de seguridad pública: es una violación sistemática de los derechos de la niñez indígena y de las mujeres gestantes, protegidos tanto por la Constitución colombiana como por los tratados internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que Colombia ha suscrito. La ausencia del Estado en este territorio —su silencio, su demora, su falta de presencia— no es neutral: profundiza el abandono histórico que padecen los pueblos indígenas del Vichada y refuerza la sensación, expresada por las propias autoridades del resguardo, de haber sido dejados solos frente al horror.
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Las organizaciones indígenas nacionales, entre ellas la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Gobierno Mayor y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se pronunciaron solidarizándose con las familias de la comunidad Sabaneta y con los pueblos Sikuani y Piapoco, y elevaron un conjunto de exigencias puntuales: que la Fiscalía, la Fuerza Pública y la Defensoría coordinen de manera prioritaria el ingreso seguro a la zona para recuperar los cuerpos; que el ICBF despliegue de inmediato un equipo de atención para verificar el estado de los niños, niñas y adolescentes desplazados y garantizar su restablecimiento de derechos; que la Defensoría y las personerías activen las rutas de emergencia humanitaria; y que la Procuraduría General de la Nación investigue si hubo omisión institucional frente a una tragedia que, insisten, fue advertida con antelación.
Más allá de las cinco vidas perdidas, lo ocurrido en Saracure Río Cadá deja una comunidad entera, incluida su niñez, expuesta a nuevos ataques armados, por lo que la población se ha concentrado para buscar soluciones a la constante amenaza que hay en su territorio frente a la ocupación de tierras.
A cinco días de los hechos, las comunidades de Saracure Río Cadá continúan esperando tres cosas mínimas: que se recuperen los cuerpos que aún permanecen en el lugar, que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables, y que se garantice la protección real de quienes hoy siguen desplazados. Mientras eso no ocurra, la exigencia de las autoridades indígenas seguirá siendo la misma que han repetido durante décadas frente a la violencia en sus territorios: que defender la vida y defender el territorio no pueden seguir siendo, para el Estado colombiano, una misma deuda pendiente.