En Colombia, legalizar la tierra no consiste únicamente en firmar una resolución o entregar una escritura. Significa convertir una ocupación histórica, una posesión campesina o un territorio colectivo en un derecho reconocido, registrado, protegido y ejercido de manera efectiva. Por eso, la transición presidencial de 2026 pone sobre la mesa una pregunta decisiva: ¿cómo garantizar que los avances, los expedientes pendientes y las expectativas de miles de familias y comunidades no se pierdan con el cambio de orientación política?