AMAZONAS · LA GUAJIRA · CAUCA · VICHADA
Temporada III · El gobierno de la casa
César Arismendi Morales
Coordinador técnico de la Veeduría Ciudadana a la Sentencia T-302 de 2017.
Veeduría ciudadana, control social y derechos del pueblo wayuu · Implementación de la Sentencia T-302 de 2017 · La Guajira
La trocha de la Veeduría Ciudadana en La Guajira comenzó a construirse cuando el país comprendió que la muerte de niñas y niños wayuu no podía seguir siendo vista como una tragedia humanitaria más en el desierto del norte colombiano. La Sentencia T-302 de 2017 declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira luego de la muerte de cerca de 5.000 menores por causas asociadas a la falta de agua, alimentos y acceso a la salud con oportunidad.
La Sentencia es una autopista de oportunidades, dio órdenes precisas a las entidades responsables de los niveles nacional, departamental y municipal centradas en ocho objetivos constitucionales mínimos: agua, alimentos, salud, vías, sistemas de información, transparencia, sostenibilidad de las acciones y diálogo genuino con las comunidades.
Desde la sociedad civil y en alianza con varias organizaciones, FUCAI apropió esta situación, tejió sus redes y abrió un nuevo escenario para exigir que el Estado actuara de manera coordinada y efectiva para garantizar derechos fundamentales, entendiendo los elementos esenciales del sistema normativo wayuu, la lengua, la espiritualidad, la organización social, el territorio concebido como un espacio donde conviven seres humanos y no humanos, y la economía tradicional. Esa decisión también representó una invitación para que la ciudadanía acompañara el proceso con información, apropiación del conocimiento y presencia en el territorio a través de consensos.
A partir de esa convicción surgió una experiencia de trabajo colectivo que unió organizaciones sociales, líderes comunitarios y profesionales con un propósito común. La tarea consistió en recorrer los caminos de los e'irukus, transitar entre Apüshis, escuchar a las familias, revisar la información producida por las instituciones, identificar las corresponsabilidades comunitarias y verificar en el terreno si los compromisos realmente llegaban a los niños y niñas wayuu.
Cada proceso aportó elementos para comprender que las cifras solo adquieren valor cuando reflejan lo que viven las comunidades y permiten mejorar las decisiones públicas. Los documentos producidos fueron enviados a la Corte Constitucional y a los organismos del Mecanismo Especial de Seguimiento (Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación). Igualmente, de manera permanente la Veeduría mantiene informada la opinión pública sobre la situación.
En este contexto, FUCAI entendió que era necesario construir un ejercicio dinámico de control ciudadano que acompañara la implementación de las órdenes de la Sentencia frente a cada objetivo constitucional mínimo. En alianza con la Universidad de La Guajira, se promovieron y se desarrollaron procesos de gestión de capacidades locales que entre 2022 y 2024 certificaron a 596 autoridades tradicionales y líderes wayuu en gobierno comunitario, planes de vida y control ciudadano.
En una nueva fase se ha venido desarrollando el Diplomado en Reporteros Comunitarios para la Garantía de Derechos, una iniciativa que busca formar líderes capaces de producir información de calidad, interpretar indicadores y comunicar la realidad de los territorios desde su propia cultura. El camino recorrido muestra que el control ciudadano también ayuda a comprender mejor la evolución de los problemas, la existencia de diversas comunidades conscientes de sus derechos, las responsabilidades y la defensa de la inversión social en La Guajira con la participación del pueblo wayuu.
Entre el 2025 y la semana epidemiológica 27 de 2026, la mortalidad por desnutrición en menores de cinco años pasó de 21 casos notificados a 12. La tasa de mortalidad por 100.000 menores de cinco años descendió de 29,4 a 10,8. En los cuatro municipios priorizados por la sentencia, las muertes asociadas a la desnutrición disminuyeron de 20 a 10 casos durante ese mismo periodo[1]. Aunque estos resultados siguen siendo preliminares, permiten valorar los cambios gestados sin perder de vista que la protección de la niñez continúa siendo un desafío permanente en medio de la crisis humanitaria del departamento.
El aprendizaje más importante no ha surgido únicamente de los informes o de los indicadores evaluados. Surge del diálogo respetuoso entre quienes habitan el territorio y quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Esa relación permitió que muchas comunidades fortalecieran sus capacidades para formular preguntas, hacer seguimiento a los compromisos y participar con argumentos en espacios donde antes su presencia era limitada. La participación con el mandato wayuu dejó de ser un concepto sociológico para convertirse en una práctica cotidiana construida desde la confianza y el conocimiento.
Después de treinta y cinco años de trabajo, FUCAI evidencia que acompañar procesos sociales y hacer de la periferia su centro resultan esenciales para que los cambios socialmente planificados se consoliden. La experiencia de la Veeduría Ciudadana señala que el control social puede convertirse en una herramienta pertinente y capaz de transformar información en decisiones mejor orientadas, generándole confianza a la ciudadanía que comprende que los derechos también se protegen mediante la intervención responsable de la comunidad, lo que remite a pensar en que la participación es un componente relevante del modelo de hacer efectiva la justicia.
“Los cambios más duraderos comienzan cuando las comunidades toman conciencia de la realidad que condiciona su presente. Solo al comprenderla, interpretarla y participar activamente en las decisiones, pueden construir su propio futuro”
1. Minsalud y Protección Social. XVII Sesión del Comité de Salud. MESEPP, Riohacha, julio 23 de 2026.
