La trocha de la Veeduría Ciudadana en La Guajira comenzó a construirse cuando el país comprendió que la muerte de niñas y niños wayuu no podía seguir siendo vista como una tragedia humanitaria más en el desierto del norte colombiano. La Sentencia T-302 de 2017 declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira luego de la muerte de cerca de 5.000 menores por causas asociadas a la falta de agua, alimentos y acceso a la salud con oportunidad.