El sismo llegó a la periferia
Por: Adán Martínez
Pueblos indígenas, cifras propias y apoyos desiguales tras el terremoto del 10 de agosto de 2026
El lunes 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió el occidente de Colombia. El país miró primero hacia Pereira, Manizales y Quibdó, donde cayeron edificios y se contaron las primeras muertes. Al cierre del 11 de agosto, Asocapitales reportaba 188 personas fallecidas y 1.677 heridas, y el Gobierno Nacional firmó el decreto de desastre de carácter nacional. Pero el epicentro no estaba en una ciudad: estaba en la cordillera occidental, en la cuenca del Baudó y del San Juan, allí donde viven los pueblos Wounaan, Emberá Dóbida, Emberá Katío y Emberá Chamí.
Las cifras las puso el movimiento indígena
Tres días después del sismo, el reporte oficial seguía sin desagregar la afectación por pertenencia étnica. Quien puso los números fue la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que evaluó 2.396.620 personas en ámbito indígena y confirmó 68.583 indígenas afectados de forma directa. (ONIC, 12 de agosto de 2026)
El detalle importa. En las 46 comunidades donde el sismo se sintió con intensidad Mercalli VI, la ONIC contó 5.954 personas impactadas y 2.581 viviendas con daños severos. A esto se suma una amenaza que aún no termina: los deslizamientos de laderas en zonas de alta pendiente de Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.
Organizaciones indígenas en alerta crítica
Comunidades con nombre propio
Detrás de los agregados hay territorios concretos. En el Alto Baudó, Catrú Central y los resguardos de los ríos Catrú, Dobasa y Arcosó reportan viviendas y escuelas agrietadas. En el Litoral del San Juan, Puerto Pizarro y El Papayo quedaron incomunicados. En Noanamá, la mayoría de las viviendas se destruyó. En Buenavista, Bajo Baudó, hay 120 casas dañadas. El resguardo Wounaan de Chachajo y las comunidades de Copé y del río Ingará, en San José del Palmar, están entre las más cercanas al epicentro. Más lejos también hay afectaciones: el pueblo Awá en Nariño y el resguardo Karmata Rúa en Antioquia.
En total, 26 comunidades étnicas de seis departamentos quedaron aisladas. Y aislamiento aquí significa algo preciso: sin carretera, sin señal, a horas de río de la cabecera municipal.
Persisten dificultades para establecer comunicación, debido a las condiciones de conectividad, las distancias y el aislamiento geográfico.
— Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, agosto de 2026
Solo en Chocó, la Gobernación contabilizó 10.124 familias damnificadas —43.178 personas—, 468 viviendas destruidas, 3.199 averiadas y siete centros de salud con daños en 29 municipios.
Qué está llegando, y por qué no basta
La respuesta institucional se activó rápido. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades con alcaldías y gobernaciones; el Ejército Nacional desplegó tropas y su comandante se instaló en Chocó; el Gobierno anunció subsidio de servicios públicos por tres meses para los hogares afectados; y la Cancillería abrió canales diplomáticos para recibir cooperación.
La cooperación internacional supera los 3.800 millones de pesos: el Banco Mundial aportó 200.000 dólares para evaluación de daños, 350.000 de acceso inmediato para la Cruz Roja y 150.000 en apoyo técnico; el BID y la CAF comprometieron 500.000 dólares cada uno. Varios países enviaron equipos de búsqueda y rescate certificados por INSARAG. Del sector privado, Starlink liberó conectividad gratuita hasta septiembre.
Casi nada de eso está diseñado para un resguardo del Baudó. Los equipos certificados operan en zonas urbanas; los subsidios de servicios públicos suponen hogares conectados a redes; los aeropuertos reabiertos no resuelven tres horas de río. La brecha no es de voluntad: es de arquitectura. La atención de emergencias en Colombia sigue pensada para el municipio, no para el territorio colectivo.
Y el sismo cayó sobre desigualdades que ya existían. Los hogares indígenas registran 49,2% de pobreza multidimensional frente al 29% del resto del país; el analfabetismo llega al 17% frente al 5,2% nacional; la mortalidad materna indígena es cinco veces mayor. Un techo que se cae pesa distinto cuando el puesto de salud más cercano queda a un día de camino.
Infobae / Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
La minga no esperó
Mientras se firmaban decretos, las organizaciones indígenas montaron su propia logística. La Minga Humanitaria por la Vida articula centros de acopio en el auditorio Kimy Pernía de la ONIC en Bogotá, en el Gobierno Mayor, en el CRIC en Popayán y en el Centro Logístico Humanitario de Quibdó. Recogen agua, alimentos no perecederos, aseo, pañales, cobijas y botiquines. El Consejo Nacional de Tierras Indígenas y la Fundación Galería Aborigen se sumaron; el FILAC expresó respaldo desde la región.
Las autoridades indígenas no piden solo mercados. Piden acompañamiento psicosocial propio, reconstrucción con pertinencia cultural, presencia de organismos de derechos humanos y —sobre todo— que cada acción se coordine con sus gobiernos propios, no por encima de ellos. Eso es lo que convierte una entrega en una respuesta.
Desde FUCAI seguimos caminando junto a las comunidades. Solicitamos ayudas concretas al Estado y a las Organizaciones Privadas acordes con las solicitudes de las comunidades afectadas. El reto no es medir cuánta ayuda entró al país, sino cuánta llegó al último río. Sus ayudas pueden llevarlas a la ONIC, Bogotá.
Fuente / Foto: Tomada de Facebook / Publicación oficial