El balance en la política de educación y los retos a futuro
Por: Álvaro Rodríguez
El gobierno de Petro propuso inscribir la educación en un proceso de cambio social que redujera las desigualdades y ampliara oportunidades para poblaciones y territorios históricamente excluidos. Este balance examina cambios en las condiciones estructurales del sistema financiación, infraestructura, alimentación escolar, docencia y reconocimiento de sistemas educativos propios y, sus resultados en acceso, permanencia, pertinencia y aprendizaje. Se distinguen avances verificables, alcances redistributivos y limitaciones centrales.
MEJORAS EN FACTORES ESTRUCTURALES QUE INCIDEN EN LA FORMACIÓN
Aumento del presupuesto educativo. El presupuesto del sector alcanzó $88,2 billones en 2026, con un crecimiento real acumulado del 39,1 % frente a 2022; el presupuesto específico de educación superior llegó a $15,2 billones. [1] El aumento fortaleció instituciones donde asisten sectores populares y clases medias. Educación registró una ejecución promedio de la inversión del 84,2 % entre 2023 y 2025, una de las más altas entre los sectores nacionales. [2]
Reforma estructural de la financiación universitaria. Gobiernos anteriores aumentaron los recursos para la educación superior, pero la Ley 2568 de 2026 incorporó mecanismos más estables de financiación para universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas, [3] y no solo el presupuesto de una vigencia. La gratuidad de matrícula en instituciones públicas se dio durante el gobierno Duque para estudiantes de estratos 1, 2 y 3; luego del estallido social, pero Petro la amplió y articuló con una política de fortalecimiento directo de la oferta pública. [21]
Infraestructura educativa. El Ministerio reportó más de 11.100 ambientes educativos construidos o mejorados y más de 20.000 dotados; el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa informó 1.656 colegios con intervenciones finalizadas entre agosto de 2022 y marzo de 2026. En educación superior se destinaron $1,78 billones a 111 proyectos en 65 municipios. [1] El CONPES 4181 de 2026, programó $13,1 billones hasta 2036 para intervenir 3.184 sedes de preescolar, básica y media y desarrollar 114 proyectos de educación superior, con focalización rural y territorial. [4] El reto será convertir esas vigencias futuras en obras bien ejecutadas y mantenidas.
Programa de alimentación escolar (PAE). La inversión pasó de $3,58 billones en 2022 a $7,31 billones en 2026; la cobertura aumentó del 76,8 % al 86,6 % y a 5,9 millones de estudiantes. También crecieron los municipios con coberturas iguales o superiores al 95 %. [5] Más allá de la nutrición, una evaluación académica de varios años asocia la participación en el PAE con menor deserción y repetición, mayor finalización de la secundaria, mejoras cercanas a 0,1 desviaciones estándar en Saber 11 y mayor acceso a la educación superior. [6] Por ello, la alimentación escolar es simultáneamente una política nutricional, educativa y redistributiva.
Dignificación laboral y formación docente. Durante el cuatrienio se crearon 12.725 cargos, 106.000 docentes avanzaron en procesos de ascenso y reubicación salarial y 6.792 accedieron a becas de licenciatura y posgrado. [20] El programa Todos a Aprender —diseñado en 2011 y puesto en marcha en 2012 para fortalecer Lenguaje y Matemáticas— fue reformulado como Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTAFI 3.0). [19][7] El nuevo enfoque conserva el acompañamiento situado y las comunidades de aprendizaje, pero amplía la formación hacia arte, cultura, deporte, ciencia, ciudadanía y desarrollo socioemocional. Una evaluación de 2026 reportó mejoras en 16 de 22 indicadores, entre ellos prácticas pedagógicas, convivencia, liderazgo y algunos cierres de brechas en establecimientos priorizados. [7]
Reconocimiento de sistemas educativos propios indígenas y fortalecimiento de la etnoeducación afrocolombiana. El Decreto 0481 de 2025 convirtió el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) en política pública de Estado, culminando un proceso de más de 16 años impulsado por los pueblos indígenas y concertado con varios gobiernos. El SEIP reconoce a las autoridades indígenas como autoridades educativas y fortalece su autonomía para orientar la educación de acuerdo con sus lenguas, conocimientos, territorios, espiritualidades y derechos propios. [8] En las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el Ministerio reportó la financiación de 75 Proyectos Educativos Comunitarios, una inversión acumulada de $21.691 millones en política etnoeducativa afro, recursos para la Comisión Pedagógica Nacional NARP y $3.108 millones para fortalecer la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. [9] Se mostró que la igualdad educativa no consiste en ampliar cupos: exige una educación culturalmente pertinente y capaz de reconocer saberes históricamente subordinados.
Continuidad de las políticas educativas. Aunque hubo tres ministros de Educación, se dio una continuidad programática. Desde agosto de 2022 ya estaban planteadas directrices que se mantuvieron. Aurora Vergara participó desde el comienzo como viceministra de Educación Superior y posteriormente asumió el Ministerio. [18] Daniel Rojas mantuvo esas líneas desde 2024 y avanzó en su consolidación financiera e institucional. Los resultados finales, deben entenderse como acumulativos de las distintas administraciones y no como producto de una sola gestión.
IV Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2035. La misma orientación aparece en este plan, construido mediante foros y diálogos territoriales con énfasis en el derecho a la educación, la diversidad cultural y la territorialización. [10] No obstante, su debilidad ha sido la continuidad de un gobierno a otro.
2.RESULTADOS EN DESIGUALDAD, EQUIDAD, PERTINENCIA, PERMANENCIA Y CALIDAD
Disminución de desigualdades de acceso y mejoras en permanencia
Del gobierno Petro se destaca la orientación de la acción educativa estatal hacia la periferia social y territorial, buscando construir capacidades públicas allí donde históricamente han sido más débiles.
Expansión de la educación inicial. La matrícula pública en prejardín y jardín llegó a 128.320 niñas y niños, un aumento cercano al 197 % entre 2022 y 2025, y la oferta alcanzó 5.270 sedes en 648 municipios. [1] Una evaluación de la política de educación inicial, de la Universidad del Magdalena con acompañamiento técnico del IIPE-UNESCO, destaca la ampliación territorial y el tránsito hacia una atención más integral, articulada con salud, nutrición, familias y seguimiento al desarrollo infantil. [11] Esta expansión reduce desigualdades que aparecen antes de la primaria —nutrición, lenguaje, estimulación y condiciones de cuidado—, aunque persisten diferencias territoriales en cobertura y calidad que requieren seguimiento sostenido.
Educación media en territorios rurales. 201.000 niñas, niños y jóvenes de zonas rurales, dispersas o afectadas por el conflicto pudieron completar su trayectoria hasta la educación media mediante ampliación de grados, fortalecimiento de plantas docentes y articulación con la educación superior. [1] Una parte de la exclusión educativa no ocurre por falta de interés del estudiante, sino porque en su comunidad no existe la oferta completa y este avance fue importante.
Mayor acceso territorial y rural a la educación superior. El tránsito del colegio a la educación superior pasó del 41,1 % al 47,9 %; en zonas rurales aumentó del 24,7 % al 31,9 %. El programa Educación Superior en tu Colegio llegó a 120.000 jóvenes de 954 colegios ubicados en 427 municipios. [1] El avance rompe la histórica concentración de la educación superior en las grandes ciudades y disminuye barreras de distancia y costo. Sin embargo, la brecha entre zonas rurales y urbanas sigue siendo considerable, y el siguiente desafío es garantizar permanencia y graduación.
Mayor cobertura en educación superior. Hasta junio de 2026 ingresaron 425.096 nuevos estudiantes al primer curso de pregrado, equivalentes al 85,02 % de la meta gubernamental de 500.000 nuevos cupos. En 2025 el país superó los 2,7 millones de estudiantes matriculados y, con la serie comparable utilizada por el Ministerio, la cobertura llegó al 61,75 %, frente al 54,92 % de 2022. [1] El crecimiento es significativo, aunque debe distinguirse entre expansión de matrícula, nuevos cupos y capacidad efectiva de las instituciones para sostener esa expansión con calidad.
Ampliación de la gratuidad universitaria. En 2025 la política de gratuidad benefició a 939.282 estudiantes, un 97 % de la matrícula pública; durante el cuatrienio se transfirieron directamente recursos a las instituciones públicas. [1] La política profundiza el tránsito desde un esquema centrado en el financiamiento individual mediante crédito hacia uno que fortalece la oferta pública. Su efecto redistributivo aumenta cuando la universidad llega al territorio, al disminuir costos indirectos como vivienda y transporte; aun así, manutención, conectividad y sostenimiento siguen siendo barreras.
Mejoras en la permanencia. La deserción escolar intra anual oficial disminuyó del 4,37 % en 2022 al 3,39 % en 2025, [9] resultado relevante porque la deserción afecta más a estudiantes pobres, rurales, víctimas del conflicto y jóvenes que deben combinar estudio y trabajo. Sin embargo, la educación media continúa siendo uno de los mayores cuellos de botella del sistema.
2.2. Pertinencia y desigualdad en los aprendizajes
Formación integral más allá de las materias tradicionales. Más de 1,3 millones de estudiantes participan en estrategias de formación integral en 5.519 colegios públicos, con actividades en arte, lectura, deporte, ciencia y tecnología, educación ambiental y bilingüismo. [1] Esta ampliación redistributiva acerca a estudiantes de la escuela pública experiencias culturales, científicas y deportivas que dependen de la capacidad de pago de las familias. El PTAFI 3.0 busca que estas actividades sean parte del acompañamiento pedagógico y de la transformación de la escuela. [7]
Resultados académicos: señales positivas, pero no concluyentes. El análisis de la calidad exige cautela. Entre 2022 y 2024 el puntaje promedio nacional de Saber 11 aumentó 3,6 puntos y, en el mismo periodo, el Ministerio reportó una reducción de la brecha entre establecimientos oficiales y no oficiales; Saber Pro también mostró mejoras promedio, con un aumento mayor en las instituciones públicas. [12] En el balance posterior, el Ministerio reportó avances de los colegios oficiales entre 2022 y 2025 en Matemáticas (+1,7), Lectura Crítica (+1,3), Ciencias Naturales (+1,5), Inglés (+0,8) y prácticamente estabilidad en Sociales y Ciudadanas (+0,07). Estas cifras son alentadoras, pero las brechas por nivel socioeconómico y territorio siguen siendo amplias. [15]
Evaluación en 3.º, 5.º, 7.º y 9.º. En educación básica cambió el diseño de evaluación: de una medición censal frecuente para todos los establecimientos: con el gobierno Duque el Icfes se pasó a un seguimiento de trayectorias escolares. [13] que ofrece ventajas para analizar cómo evolucionan los estudiantes, pero reduce la información periódica disponible para cada colegio y dificulta construir una serie censal simple que permita atribuir cambios de 3.º, 5.º, 7.º y 9.º a un único periodo presidencial. En 2025 se evaluaron 84.000 estudiantes de 5.º, 7.º y 9.º, cuyos resultados servirán de base para estudiar el progreso del aprendizaje. [14]
Pruebas PISA. Se mantuvola participación participó en las pruebas internacionales PISA 2025. La publicación internacional está anunciada para el 8 de septiembre de 2026. [16][17] Esa información permitirá valorar con mayor independencia la evolución de Matemáticas, Lectura y, especialmente, Ciencias, así como las brechas asociadas al nivel socioeconómico, el género y otros factores.
Equidad y pertinencia para poblaciones étnicas. Las mejoras en infraestructura, alimentación, formación docente y acceso adquieren un sentido adicional cuando se articulan con los sistemas educativos indígenas y con los proyectos educativos comunitarios afrocolombianos. [8][9] El efecto redistributivo no solo eleva la cobertura: también fortalece la pervivencia cultural, los proyectos de vida colectivos y el derecho de los pueblos a una educación pertinente. Su sostenibilidad dependerá tanto del respaldo financiero e institucional de futuros gobiernos como de la capacidad de las propias comunidades para defender, administrar y fortalecer los espacios de autonomía conquistados.
3.BALANCE CRÍTICO
Los logros educativos se pueden sintetizar en cuatro frentes: a) mayor inversión y fortalecimiento estructural de la educación pública; b) ampliación de la educación inicial y media, y de las oportunidades para poblaciones y territorios históricamente excluidos; c) expansión de la educación superior pública, la gratuidad y la presencia territorial; y d) mejoras en acceso, permanencia y algunos indicadores de aprendizaje del sector oficial. En conjunto, el avance más sólido se observa en la democratización del acceso y en la creación de condiciones materiales e institucionales más favorables para la equidad.
Sin embargo, un cambio educativo profundo difícilmente se consolida en cuatro años. La sostenibilidad de la gratuidad, la expansión de cobertura, las nuevas plantas docentes, la infraestructura y la reforma de la financiación universitaria dependerá de la capacidad fiscal del Estado, del crecimiento económico, de una ejecución eficiente y de que futuros gobiernos mantengan la educación como prioridad. La reforma de la Ley 30 y los CONPES de largo plazo ofrecen mayor protección institucional, pero no eliminan las restricciones presupuestales ni garantizan por sí solos la continuidad.
Persisten además brechas históricas profundas entre campo y ciudad, entre establecimientos oficiales y privados y entre regiones con capacidades fiscales e institucionales muy diferentes. También continúa siendo insuficiente la cobertura de la educación media y siguen existiendo grandes desigualdades en infraestructura, conectividad y disponibilidad de docentes. El desafío no es solamente llevar más estudiantes al sistema, sino garantizar que puedan permanecer, graduarse y aprender en condiciones comparables.
Todavía no está demostrado que la expansión del acceso se haya traducido en una transformación equivalente de la calidad de los aprendizajes, aunque existen señales positivas en Saber 11, en la permanencia y en evaluaciones de programas como PTAFI 3.0. [7][12] El nuevo seguimiento de trayectorias puede aportar evidencia más rica sobre el progreso de los estudiantes, pero la ausencia de una serie censal anual comparable para 3.º, 5.º, 7.º y 9.º limita el balance inmediato. [13][14] El gobierno avanzó con mayor claridad en igualdad de acceso, financiación pública y pertinencia territorial y cultural que en la demostración de una reducción generalizada de las brechas de aprendizaje, y allí pudo darse quizás un vacío para lograr el compromiso de los docentes con el mejoramiento educativo.