Nueve años después, la Sentencia T-302 sigue sin superar la crisis humanitaria en La Guajira
Por: Zulma Rodriguez, Para la Veeduría Ciudadana Sentencia T 302 de 2017
Se cumplen nueve años desde que la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual declaró un “estado de cosas inconstitucional” frente a la vulneración masiva de derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu en La Guajira. La decisión judicial ordenó al Estado colombiano implementar medidas estructurales para garantizar el acceso al agua, la alimentación, la salud y la participación de las comunidades indígenas. Sin embargo, después de casi una década, líderes sociales, académicos, autoridades tradicionales y organizaciones comunitarias coinciden en que el cumplimiento real de la sentencia sigue siendo insuficiente.
Desierto de La Guajira
En palabras del exmagistrado Aquiles Arrieta, quien lideró el proceso de construcción de la sentencia, explicó que el fallo surgió porque la Corte encontró una situación de desprotección sistemática de la niñez indígena. Según señaló, el problema no correspondía a errores aislados de funcionarios, sino a una falla estructural del Estado colombiano en la garantía de derechos fundamentales.
La sentencia estableció que los niños y niñas wayuu enfrentaban un riesgo de muerte muy superior al promedio nacional debido a la falta de acceso al agua potable, la alimentación y servicios de salud oportunos. Además, ordenó la creación de planes y programas articulados entre distintas entidades estatales para transformar de manera estructural esa situación.
ExMagistrado Aquiles Arrieta
No obstante, nueve años después, los indicadores siguen reflejando una crisis persistente. En una entrevista realizada por la Veeduría Ciudadana se menciona que, según datos oficiales de finales de 2025, la mortalidad infantil en La Guajira continúa siendo siete veces superior a la media nacional y la desnutrición infantil alcanza cifras 2.9 veces más altas que el promedio del país.
Para la médica pediatra e investigadora Iliana Curiel Arismendi, existe una diferencia profunda entre los informes institucionales y la realidad territorial. La especialista, quien participó en investigaciones sobre las causas estructurales de la muerte de niños wayuu, afirmó que el Estado ha logrado algunos avances administrativos y organizativos, pero estos no se reflejan de manera real en la vida de las comunidades.
Curiel señaló que las investigaciones realizadas en territorio evidenciaron dificultades persistentes en el acceso al agua, barreras para acceder a servicios de salud, problemas de articulación institucional y comunidades donde continúan falleciendo niños menores de dos años. Según explicó, el principal problema es que las acciones estatales se concentran en atender emergencias de desnutrición aguda, pero no enfrentan las causas estructurales de la desnutrición crónica.
La Guajira
La pediatra advirtió que la falta de continuidad en las trayectorias de cuidado sigue siendo una de las mayores fallas del plan estructural. Muchos niños son identificados y atendidos inicialmente, pero posteriormente quedan sin seguimiento debido a problemas de transporte, falta de articulación institucional o ausencia de acompañamiento integral a las familias.
Uno de los principales temas abordados en las entrevistas es la crisis del agua potable en las comunidades wayuu. Diversos líderes denunciaron que existen pozos y sistemas de abastecimiento inaugurados por diferentes gobiernos que actualmente no funcionan o carecen de mantenimiento.
En la comunidad de warrutain , en Manaure, la autoridad tradicional Juan Montiel relató que el pozo inaugurado en septiembre de 2025 y dejó de funcionar pocos meses después, debido a fallas técnicas y falta de mantenimiento. Según indicó, la comunidad continúa esperando que las entidades responsables solucionen el problema, ya que se trata de la única fuente de agua disponible para los habitantes y para los niños que estudian en la zona.
Comunidad de warrutain, Manaure
Situaciones similares fueron documentadas en Romonero, donde la lideresa wayuu Irama Movil Apshana denunció que diferentes administraciones han inaugurado el mismo proyecto de agua, sin que este llegue a operar adecuadamente. La dirigente afirmó que las instituciones continúan reportando el proyecto como un cumplimiento de la sentencia, aunque la infraestructura permanece inutilizada y las comunidades siguen dependiendo de molinos y fuentes alternas de agua.
Irama Movil también cuestionó la falta de coordinación entre alcaldías, gobernación y entidades encargadas del agua. Según explicó, las instituciones trasladan mutuamente las responsabilidades mientras los proyectos permanecen abandonados. A su juicio, uno de los principales problemas es que las soluciones implementadas no son sostenibles a largo plazo y terminan convertidas en acciones temporales.
La directora de la Institución Educativa Rural Nazareth, Gabriela García, reconoció que en materia educativa sí se han registrado algunos avances durante los últimos años, especialmente en cobertura de primera infancia y acceso a programas universitarios para jóvenes wayuu. No obstante, señaló que el acceso al agua sigue siendo uno de los mayores problemas para las instituciones educativas del territorio.
La institución que dirige cuenta con un pozo construido desde el gobierno de Juan Manuel Santos, pero actualmente no funciona de manera adecuada, lo que obliga a depender de carrotanques para el suministro de agua. Gabriela García indicó que más de 700 estudiantes continúan esperando una solución definitiva.
Otro de los temas recurrentes en las entrevistas es la falta de participación efectiva de las comunidades wayuu en la formulación e implementación de las políticas públicas relacionadas con la sentencia. El exmagistrado Aquiles Arrieta reconoció que el diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas sigue siendo insuficiente y que todavía existen dificultades para construir procesos conjuntos que respeten las cosmovisiones y formas organizativas del pueblo wayuu.
Por su parte, Irama Movil cuestionó que muchos procesos relacionados con salud propia, educación intercultural y construcción de modelos diferenciales continúan realizándose sin una participación amplia y efectiva de las comunidades en territorio. La lideresa afirmó que gran parte de las decisiones siguen tomándose desde espacios institucionales alejados de las realidades comunitarias.
Irama Movil, lideresa Wayuu
Las entrevistas también muestran preocupación por el funcionamiento de los organismos de control y seguimiento. Algunos líderes consideran que entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otros organismos estatales han tenido una presencia insuficiente en la verificación territorial de las obras y proyectos relacionados con la sentencia.
En lo que están de acuerdo los líderes, ha sido la visibilización de la crisis humanitaria del pueblo wayuu y transformación de la narrativa que responsabiliza a las propias comunidades indígenas por la muerte de sus niños. Además, líderes territoriales destacan que la sentencia fortaleció el conocimiento sobre derechos y permitió que muchas comunidades comenzaran a exigir con mayor fuerza el cumplimiento de obligaciones estatales.
Juan Montiel, Autoridad tradicional
Sin embargo, el balance general continúa marcado por la preocupación frente a la lentitud de las transformaciones estructurales. Las comunidades consultadas consideran que el principal reto sigue siendo convertir las inversiones y proyectos en soluciones sostenibles, articuladas y construidas conjuntamente con el pueblo wayuu.
Nueve años después de la Sentencia T-302, el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional continúa sin ser superado. Mientras persistan comunidades sin acceso efectivo al agua potable, niños afectados por desnutrición y proyectos abandonados en medio del desierto, la deuda histórica del Estado colombiano con la niñez wayuu seguirá vigente.