Se cumplen nueve años desde que la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual declaró un “estado de cosas inconstitucional” frente a la vulneración masiva de derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu en La Guajira. La decisión judicial ordenó al Estado colombiano implementar medidas estructurales para garantizar el acceso al agua, la alimentación, la salud y la participación de las comunidades indígenas. Sin embargo, después de casi una década, líderes sociales, académicos, autoridades tradicionales y organizaciones comunitarias coinciden en que el cumplimiento real de la sentencia sigue siendo insuficiente.