Al plan de acción del Gobierno, se le olvidaron los niños
Por: Paolo Berty para Veeduría ciudadana para la Sentencia T 302 de 2017
El Gobierno nacional informa que las cifras de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años se han reducido desde que el gobierno de Petro puso sus ojos en el territorio desde el primer día de su mandato. Sin embargo, cuatro años después, aunque la mortalidad haya disminuido, aún se encuentra siete veces por encima de la media nacional y la desnutrición, veintiocho veces por encima de esa misma media. Es decir, para cumplir con los indicadores de la Sentencia T-302 de 2017, La Guajira aún está lejos de la meta, y este Gobierno, que ya se encuentra en su recta final, no va a lograrlo.
Aún hoy persiste un interrogante que, durante cuatro años, no ha podido resolverse, pese a los múltiples oficios que ha recibido de manera directa el MESEPP: ¿por qué las intervenciones del Gobierno y, de manera específica, el “plan borrador estructural” que el Estado está a punto de socializar, sigue midiendo el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017 a partir del cumplimiento de acciones o actividades internas de cada ministerio o entidad, y no por el impacto real de esas actividades frente a los indicadores que la propia Sentencia ordenó transformar? Mientras esa pregunta no se responda, hay que decirlo con claridad: a este plan borrador estructural, se le olvidaron los niños.
Para ponerlo en términos más simples: si el Gobierno propone, por ejemplo, la construcción de una vía, el indicador de cumplimiento se registra al 100 % cuando la vía queda construida. Pero, si trasladamos el indicador al cumplimiento de lo ordenado por la Sentencia, este sería diferente, porque esa misma carretera debería ser construida priorizando los sectores donde las cifras de niños y niñas desnutridos sean más altas. Es allí donde la construcción de la carretera tendría un impacto en los indicadores de mortalidad y desnutrición, ya que permitiría que los demás programas del Gobierno accedan con su oferta institucional y, así, contribuyan a reducir esos indicadores. Se trata de una misma carretera, pero con metas e indicadores distintos.
Entendido de esta forma, el Gobierno estaría midiéndose a sí mismo y no por el impacto que sus acciones tienen en las comunidades y, en especial, en los niños y niñas.
Cuando se revisan, por ejemplo, las 37 acciones que se proponen en el plan borrador estructural, lo que aparece no es una política estructurada alrededor del goce efectivo de derechos, sino un catálogo de actividades misionales de cada entidad. Cada ministerio reporta lo que ya venía haciendo, y esas actividades suben al plan como si sumarlas bastara para superar el hambre estructural de La Guajira. Es una arquitectura de oferta institucional, no una ruta de transformación constitucional medible. La Corte no pidió una lista amplia de tareas administrativas: pidió resultados verificables en la vida de la niñez.
Este podría ser el corazón del problema: los indicadores. El plan sigue midiendo otra cosa. Mide asistencias técnicas realizadas, capacitaciones dictadas, normas modificadas, cadenas de frío instaladas y reuniones de coordinación celebradas. Una política pública que se celebra a sí misma por entregas aisladas, reportadas como “100 % cumplidas”, sin medir el grado de satisfacción de las comunidades ni la mejora efectiva en las condiciones de la niñez, no cumple la Sentencia.
A esa debilidad se suma otra igual de seria: el plan no parte de una línea base robusta ni de una georreferenciación comunitaria. No dice cuántos niños y niñas wayuu están hoy en desnutrición aguda moderada, cuántos en aguda severa, en qué comunidades, en qué rancherías, con nombre, edad y familia. Sin esa fotografía inicial, nominal y territorial, tampoco se puede saber si los recursos están llegando a los sectores con mayor presencia de desnutrición y mortalidad, ni comparar el antes y el después de cada intervención. Sin línea base no hay política pública: hay inercia administrativa.
Y hay una dimensión que el plan directamente ignora. El Gobierno ha concentrado su energía en responder a la emergencia: comida caliente, paquetes alimentarios ampliados, atención inmediata. Todo eso es urgente y necesario, sí, pero no es suficiente. Como lo ha advertido la pediatra Iliana Curiel, una de las voces más rigurosas del país en nutrición infantil, la desnutrición crónica en los primeros mil días deja huellas profundas en el cerebro: afecta el aprendizaje, el lenguaje, la memoria y la capacidad de relacionarse. ¿Dónde están las acciones del plan dirigidas a recuperar esos cerebros? ¿Dónde están las unidades de recuperación nutricional comunitarias, fijas y móviles, acompañadas por mujeres mayores y abuelas wayuu como cuidadoras y cocineras? ¿Dónde están las escuelas agroalimentarias, los bancos de semillas, las compras locales al productor wayuu y las cadenas productivas propias que las comunidades propusieron? No están. Atender la emergencia sin un plan de recuperación integral es apagar incendios, sin reconstruir la casa.
La sistematización construida por las autoridades, líderes y comunidades wayuu propone justamente lo contrario: partir del territorio, identificar cada comunidad, acompañar con saberes propios, articular la recuperación nutricional con la soberanía alimentaria, integrar a las mujeres mayores como guardianas del cuidado, apoyar la economía propia y medir, antes y después, el estado de cada niño y cada niña. Es una política pensada desde adentro, con la dignidad y la agencia que exige la T-302, y no desde un escritorio en Bogotá.
A este plan se le olvidaron los niños. Volverán al centro cuando cada meta se formule en clave de derechos, cuando cada acción tenga una línea base nominal y comunitaria, cuando cada inversión pueda trazarse hasta la ranchería donde aterrizó y cuando cada indicador nos diga si ese niño o esa niña hoy pesa más, aprende mejor y crece más fuerte. Cumplir la T-302 no es reportar ejecución ni exhibir promedios nacionales: es demostrar, territorio por territorio y niño por niño, que los indicadores ordenados por la Corte se están transformando. Mientras eso no ocurra, el plan seguirá siendo un papel bien intencionado, pero vacío del rostro que debería iluminarlo. El centro de toda política pública en La Guajira Siempre deben ser los niños y niñas wayuu.