La justicia wayuu ante el reto de una Colombia plural
Escrito por: Paulo Berty Bonivento. Grupo de Veeduría ciudadana
La aprobación del Proyecto de Ley Estatutaria 050 de 2025 en la Comisión Primera del Senado abre un debate de fondo sobre el alcance real del pluralismo jurídico en Colombia. La iniciativa reglamenta el derecho fundamental a la jurisdicción especial indígena reconocido en la Constitución y plantea un escenario en el que los sistemas normativos propios dejan de ser tolerados de manera marginal para adquirir un reconocimiento jurídico más sólido.
En territorios como La Guajira, esta discusión adquiere un significado particular por la vigencia histórica del sistema de justicia del pueblo wayuu y por las profundas deudas institucionales del Estado con esta población. El pueblo wayuu ha construido un sistema de justicia basado en la palabra, la mediación y la reparación del daño, cuyo eje es la figura del palabrero o pütchipü’üi.
Este modelo, reconocido internacionalmente como patrimonio cultural inmaterial, se distancia de la lógica sancionatoria de la justicia ordinaria y se orienta a restablecer el equilibrio social y la convivencia entre clanes o e´irrukos. Su legitimidad no proviene de la coerción estatal sino del reconocimiento colectivo y del arraigo cultural, lo que explica su persistencia y eficacia dentro de las comunidades.
El proyecto legislativo reconoce a las autoridades tradicionales como operadores jurídicos legítimos dentro de sus territorios y valida sus decisiones siempre que no vulneren derechos fundamentales. Este reconocimiento fortalece la autonomía y la autodeterminación del pueblo wayuu y plantea un cambio relevante en la relación entre la justicia estatal y la justicia indígena. La propuesta busca reducir la histórica desconfianza entre ambos sistemas y promover una coordinación que respete la diversidad cultural sin desconocer el marco constitucional.
La articulación entre jurisdicciones es uno de los aspectos más sensibles del proyecto. La posibilidad de que las decisiones de la justicia wayuu sean respetadas por jueces ordinarios implica un ajuste institucional que va más allá de una norma escrita. Supone comprender que el derecho no es uniforme y que la convivencia de sistemas jurídicos distintos exige diálogo intercultural, criterios claros de competencia y disposición real del Estado para reconocer otras formas de producir justicia.
La implementación de la ley enfrenta desafíos importantes en el territorio wayuu. Muchas autoridades tradicionales no han tenido acceso a procesos de formación que les permitan abordar casos complejos o situaciones que involucran conflictos interjurisdiccionales. Esta limitación no deslegitima su sistema de justicia, pero sí evidencia la necesidad de procesos de fortalecimiento construidos desde las propias comunidades y no impuestos desde una lógica externa.
Otro desafío se relaciona con la estructura no jerarquizada del sistema wayuu. La autoridad se ejerce a través de redes familiares y territoriales que no responden a esquemas administrativos occidentales. Cualquier intento de estandarización o registro debe reconocer esta diversidad interna para evitar distorsiones que afecten el funcionamiento del sistema propio. La armonización jurídica requiere flexibilidad y comprensión profunda de las formas organizativas.
El contexto institucional de La Guajira añade un nivel adicional de complejidad. Las fallas estructurales en la administración pública, señaladas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 y en decisiones posteriores, han debilitado la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales. Corrupción, desarticulación institucional y baja presencia efectiva del Estado afectan también la posibilidad de una coordinación funcional entre jurisdicciones.
A pesar de estas limitaciones, el proyecto de ley ofrece oportunidades concretas para fortalecer la justicia propia. Procesos de formación comunitaria impulsados por organizaciones indígenas y académicas han demostrado que es posible articular saberes ancestrales con herramientas jurídicas contemporáneas. Estas experiencias han contribuido a fortalecer liderazgos locales y a ampliar la capacidad de las comunidades para ejercer control ciudadano y exigir cumplimiento de sus derechos.
La construcción de registros comunitarios de decisiones y acuerdos de la justicia wayuu aparece como otra posibilidad relevante. Documentar los casos desde criterios culturales y lingüísticos propios no solo fortalece la memoria institucional del pueblo wayuu, sino que facilita la interlocución con el sistema judicial estatal. Estos registros pueden convertirse en puentes de confianza y en mecanismos de protección frente a procesos de invisibilizarían cultural.
La cooperación internacional ha jugado un papel complementario en estos procesos, apoyando iniciativas de fortalecimiento comunitario con enfoque de identidad. El aporte de estos aliados resulta valioso cuando se orienta a reforzar capacidades locales y respeta la autodeterminación de las comunidades. La experiencia muestra que el acompañamiento externo puede ser constructivo si no sustituye las decisiones propias ni impone agendas ajenas.
La implementación del Proyecto de Ley 050 exige un proceso de consulta previa real con las autoridades indígenas y una articulación con el seguimiento ciudadano a la Sentencia T-302 de 2017. La justicia propia no puede entenderse de manera aislada de otros derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y la alimentación. Fortalecer la justicia propia implica avanzar hacia el reconocimiento integral de la dignidad del pueblo wayuu y hacia una concepción de justicia que refleje la diversidad real del país.