La inspección judicial de la Corte Constitucional prevista entre el 26 y 28 de agosto encontrará una Guajira en la que algunos indicadores sociales muestran mejorías, pero donde las brechas frente al resto del país continúan siendo amplias. Nueve años después de la Sentencia T-302 de 2017, el departamento mantiene condiciones que permiten dimensionar la complejidad del Estado de Cosas Inconstitucional.