La ley de la lluvia

Por Segio Martínez

sergio.martinez@fucaicolombia.org

Cuando llegué a trabajar a la Amazonía, después de varios años en La Guajira y en el Meta, me recibió el padre Valerio Sartor. Era un jesuita brasilero, alto, del sur, de una familia que había migrado de Italia y se había hecho al campo entre los viñedos y las estaciones que se cumplían. Valerio llevaba esa herencia en la sangre: adonde iba, intentaba sembrar uvas, como quien no puede evitar leer el cielo y apostarle a que el año se va a comportar. Una de las primeras cosas que me dijo fue una especie de refrán: “Sergio, aquí el chiste es que en invierno llueve todos los días y en verano llueve día de por medio”. En la Amazonía, el invierno es el que moja. La frase me pareció un chiste; con el tiempo entendí que era una ley. Se cumplía año tras año, con la terquedad de las cosas que uno cree eternas.

No sabía entonces que estaba aprendiendo una ley. Tampoco sabía que las leyes, incluso las del cielo, se rompen.

Aulas Vivas en Amazonas

El año en que el cielo se puso azul

En el 2023, el cielo de la Amazonía —ese techo nublado, cargado, que uno da por descontado— amaneció azul. Permaneció despejado durante semanas enteras. Al principio me pareció exótico, casi bonito: ver el reflejo del cielo limpio sobre el río Amazonas es una imagen que no se olvida. Pero el río empezó a alejarse. Se retiró de los puertos y de las comunidades, primero unos metros y después varios kilómetros. Faltó el agua porque no llovía, y porque el río se había ido tan lejos que había que caminar para alcanzarlo. Escaseó el pescado. Escaseó, incluso, el agua para bañarse.

La imagen que más se me quedó fue la de los barcos. Navegaban lento, con una persona parada en la punta de la proa que miraba el agua y le daba indicaciones al piloto. El río estaba tan bajo que se veían los canales del fondo, y había que meterse por ahí, exactamente por ahí, o la embarcación encallaba. Jairo Vargas, el coordinador de la guardia indígena, me contaba que, al caminar por la selva, ahora escuchaba crujir las hojas, de lo seco que estaba el bosque por dentro. Me decía que eso era muy raro. Los colegios suspendieron las clases porque los niños no tenían cómo llegar. Hubo ríos que perdieron la navegabilidad, que es como decir que perdieron el uso.

En el 2024 volvió a pasar. Y cuando pregunté, la respuesta fue peor que la sequía. Los equipos de FUCAI en la Orinoquía, en la costa Caribe y en los otros departamentos amazónicos describían la misma escena. Las organizaciones con las que articulamos el trabajo en la cuenca contaban que el Paraná había vivido algo parecido, y que casi todos los ríos suramericanos lo habían vivido. En las noticias salieron los barcos encallados en el Brasil y los delfines rosados muertos, flotando en las orillas. La ley de Valerio no se había roto en un rincón del Amazonas. Se había roto en el continente.

Los hechos no piden permiso

Aquí me toca decir algo desde mi formación financiera, la que aprendí en la universidad y tuve que reaprender en el territorio. Buena parte de la economía que me enseñaron descansa sobre una operación silenciosa: descontar el futuro. Consiste en traer el mañana a valor presente, en restarle importancia porque está lejos y en decidir hoy como si lo que viene pesara menos que lo que hay. Es una apuesta. Y toda apuesta supone que las reglas del juego se van a mantener.

El país está a punto de estrenar un gobierno que apuesta, precisamente, a que las reglas se mantienen. Abelardo de la Espriella se posesiona el 7 de agosto, y lo que su programa dice —no lo que yo le adivine, sino lo que dice— es un giro de vuelta hacia los hidrocarburos: un decreto anunciado para reactivar los contratos de petróleo y de gas, unos pilotos de fracking que durante la campaña se prometieron “a lo que dé” y que hoy se matizan como “responsables”, y la promesa de “agilizar” la consulta previa para que los proyectos no se demoren. Su documento de gobierno, el llamado Milagro Ambiental, trata la deforestación ante todo como un problema de seguridad y de control territorial, y no menciona, ni una sola vez, las palabras “Amazonía” ni “deforestación”. Hay matices, y hay que decirlos: su ministro de Ambiente designado sostiene que no se abandonará el Acuerdo de Escazú y que el fracking se acotará a unos 2.000 kilómetros cuadrados; su asesora ambiental afirma que la Amazonía se respeta. Ojalá esos matices manden.

Pero los hechos no piden permiso. Primero: el cambio climático ya está ocurriendo y ya cuesta plata. El Banco Mundial calcula que, sin adaptación, el PIB colombiano será entre el 1,5% y el 2,5% menor en el 2050; el país ha perdido cerca del 63% de sus glaciares en las últimas cuatro décadas; y, encima, viene un nuevo fenómeno de El Niño para el 2026 y el 2027. Segundo: sin la Amazonía no hay solución posible. Entre el 10% y el 47% de la cuenca podría cruzar hacia el 2050 unos umbrales de los que no se vuelve, y el suroriente amazónico ya emite más carbono del que captura: dejó de ser un sumidero y se volvió una fuente. Tercero: la cuenta la pagamos todos, y más los que menos pusimos. Colombia aporta el 0,57% de las emisiones globales y está en la fila de los que la pagan más caro. Lo que vi en el río en el 2023 no fue exótico. Fue un anticipo.

Un gobierno puede no querer asumir el reto. Está en su derecho de no quererlo. Lo que no está en su mano es que el reto desaparezca porque él no lo mire.

Quién ha cuidado mejor el bosque

Y aquí está lo que más me cuesta entender, no como activista, sino como alguien que trabaja con números. Los territorios indígenas cubren cerca del 28% de la cuenca amazónica y generan apenas el 2,6% de sus emisiones brutas de carbono. Dicho en el idioma que aprendí en la universidad: son, de lejos, los administradores más eficientes del activo más importante que le queda al planeta. Y no lo son por folclor, sino por resultados medibles.

2,6%

de las emisiones brutas de carbono de la cuenca amazónica salen de los territorios indígenas, que cubren el 28% de su superficie

En diciembre del 2025, Colombia formalizó las primeras Entidades Territoriales Indígenas en la Amazonía —ocho territorios, varios de ellos en zonas donde FUCAI acompaña procesos— con autonomía política, administrativa y fiscal, una figura que la Constitución de 1991 previó hace más de tres décadas. Se ha reportado que el gobierno entrante pretende derogarlas. Es una decisión que hay que nombrar con precisión: significa retirarle la gobernanza al actor que mejor ha cuidado el bosque, justo cuando el bosque está en su punto más frágil.

Y el contraste no puede ser mayor, porque el mundo, tarde, está llegando a la conclusión contraria. En la COP30 de Belém, el nuevo fondo para los bosques tropicales reservó al menos el 20% de sus pagos para los pueblos indígenas y las comunidades locales, porque finalmente se aceptó lo que ellos venían demostrando desde antes de que existiera la palabra sostenibilidad: que el bosque que gobiernan es el que sigue en pie. Colombia había construido un liderazgo climático reconocido —la suspensión de los nuevos contratos fósiles, la conferencia de Santa Marta— y llega a este punto para, tal vez, dar media vuelta. Hay, además, una sentencia de la Corte Suprema, la del 2018, que reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos y consagró la equidad intergeneracional: la obligación de no gastarnos hoy el futuro de quienes todavía no nacen. Descontar el futuro tiene, resulta, un límite jurídico.

Lo que esto le pide a quienes todavía pueden

No escribo esto para pronosticar el desastre; falta ver cómo gobierna quien todavía no gobierna, y el país tiene contrapesos —un Congreso dividido, los tratados ratificados y los jueces— que no se derogan por decreto. Escribo para nombrar tres cosas que dependen de quienes aún tienen margen: la cooperación internacional, los formuladores de política y las organizaciones que articulamos el trabajo en el territorio.

La primera es sostener la arquitectura que no debería estar en discusión: el Acuerdo de Escazú, la meta climática que Colombia se fijó para el 2030 y los espacios multilaterales donde el país empeñó su palabra. La segunda es blindar jurídicamente las Entidades Territoriales Indígenas y la consulta previa, que no son unos trámites que haya que “agilizar”, sino unos derechos amparados por el Convenio 169 y por la propia Constitución. La tercera, la menos vistosa y la más urgente, es medir y financiar la adaptación real —el agua, los ríos, las escuelas que cierran— frente a un fenómeno de El Niño que ya viene, en lugar de confundir la respuesta climática con un asunto de orden público.

El hombre en la proa

Pienso otra vez en Valerio y en su ley de la lluvia. Era un hombre que venía de un linaje que leía las estaciones, que sembraba uvas donde podía porque confiaba en que el año se iba a comportar. Esa confianza —la de que el mañana se parezca al hoy— fue lo que se rompió aquel año, y es la que un gobierno no puede volver a dar por descontada sin terminar administrando un país que ya no existe.

Vuelvo también a los barcos, a la persona parada en la proa que miraba el agua turbia y leía los canales del fondo para no encallar. No navegaba por donde el mapa decía que iba el río; navegaba por donde el río iba de verdad. Un país que planea su economía como si las lluvias siguieran cumpliendo la vieja ley es un piloto que se niega a mirar el fondo y jura que el agua está donde siempre estuvo. Tarde o temprano encalla. Hace falta alguien en la proa. Y hace falta, sobre todo, hacerle caso.