La dignidad que no muere, el respeto a los cadáveres en medio del conflicto colombiano

Por: Adán Martínez

Colombia vive estos días una discusión incómoda, pero necesaria. Videos difundidos por el propio Gobierno muestran al presidente caminando entre cuerpos envueltos en bolsas tras operativos militares contra grupos armados, mientras describe los resultados de las operaciones frente a las cámaras. Las imágenes han generado reacciones encontradas: para unos, son la prueba de que el Estado recuperó capacidad operativa frente a estructuras criminales que llevan décadas azotando al país; para otros, constituyen una forma de "necrotrofeísmo" que convierte la muerte en espectáculo y arriesga desdibujar la línea entre el Estado y aquello que combate.

Este episodio no es solo un debate político o mediático: toca una pregunta moral profunda que las grandes tradiciones religiosas y humanistas llevan siglos respondiendo. ¿Qué le debemos al cuerpo de una persona que ya no puede defenderse, explicarse ni sentir vergüenza, incluso si en vida fue responsable de crímenes graves? La Iglesia Católica tiene una respuesta clara, y vale la pena traerla a esta conversación.

El cuerpo como templo, incluso en la muerte

Para la doctrina católica, el respeto al cadáver no nace de un sentimentalismo cultural, sino de una convicción teológica central: el cuerpo humano fue "templo del Espíritu Santo" y está llamado a la resurrección. Por eso, aunque la persona haya muerto, su cuerpo conserva una dignidad que no depende de su comportamiento en vida, su nacionalidad, su religión o —y esto es clave para el caso colombiano— su pertenencia a un grupo armado o su historial criminal.

El Catecismo de la Iglesia Católica lo establece de manera directa en el número 2300: los cuerpos de los difuntos deben tratarse con respeto y caridad, en la fe y la esperanza de la resurrección. El número 2301 añade que la Iglesia permite la cremación siempre que no exprese una negación de los dogmas cristianos sobre la resurrección del cuerpo. El Código de Derecho Canónico de 1983, en su canon 1176 §3, recoge la misma idea al recomendar vivamente la sepultura de los cuerpos como costumbre piadosa, sin prohibir por ello la cremación. Y la Instrucción Ad resurgendum cum Christo, publicada en 2016 por la Congregación para la Doctrina de la Fe con la aprobación del papa Francisco, desarrolló estos principios al advertir contra prácticas que traten el cuerpo como algo desechable o equivalente a la nada tras la muerte.

De estas fuentes se desprende que mutilar, exhibir con desprecio o convertir un cadáver en trofeo o espectáculo es contrario a la enseñanza católica, independientemente de quién lo haga, un particular, un grupo armado o el propio Estado. La dignidad humana, en esta visión, no se pierde con la muerte ni se gana o se pierde según los actos en vida; es inherente a la persona por haber sido creada a imagen de Dios.

Captura del video compartido por @ABDELAESPRIELLA en sus redes sociales. Fuente: El País.

Por qué esto importa incluso para quienes no comparten la fe

No hace falta ser católico para reconocer la fuerza de este argumento. Distintas voces institucionales en Colombia han señalado, sin necesidad de invocar la teología, que el país ya conoció durante décadas el uso del cuerpo, la humillación y el miedo como armas de guerra por parte de actores armados ilegales, y han advertido que el Estado no debería normalizar que los cuerpos formen parte de la escenografía de una comunicación oficial. Es, en el fondo, la misma intuición moral que sostiene la doctrina católica: hay líneas que no se cruzan ni siquiera con el enemigo vencido, porque cruzarlas nos degrada a nosotros mismos, no solo al muerto.

También se ha planteado que exhibir cadáveres como prueba de éxito operacional podría reducir la distancia ética entre las instituciones públicas y las organizaciones violentas que se combaten. Es exactamente el riesgo que la tradición católica ha señalado durante siglos respecto a la guerra: que en el afán de derrotar la crueldad, se termine imitándola.

Legítima defensa sí, espectáculo no

Es importante no confundir los términos del debate. La Iglesia no niega la legitimidad de que un Estado use la fuerza para proteger a sus ciudadanos frente a grupos armados; el uso proporcionado de la fuerza en defensa de la vida tiene respaldo en la doctrina social católica y en el derecho internacional humanitario. Quienes defienden la forma en que el Gobierno ha comunicado estos resultados argumentan que se trata de mostrar que las instituciones recuperaron capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales, y que la discusión no debería desviarse hacia la forma de las imágenes en lugar de los resultados de fondo.

Sin embargo, el problema no es que se combata a las organizaciones criminales, sino cómo se comunican los resultados de ese combate. Hay una diferencia moral entre informar con sobriedad que una operación fue exitosa, y caminar entre bolsas con cuerpos frente a las cámaras como si fueran piezas de caza. El derecho internacional humanitario coincide en este punto con la tradición católica, los Convenios de Ginebra y su normativa complementaria prohíben los tratos afrentosos y humillantes hacia los cuerpos de quienes murieron en combate, incluso cuando se trata de combatientes enemigos.

Una oportunidad para la reflexión pública

El debate colombiano, más allá de las posiciones políticas de cada quien, ofrece una oportunidad para recuperar una convicción que las sociedades modernas a veces olvidan: la dignidad humana no es un premio que se otorga a los buenos y se retira a los malos. Es un piso mínimo, irrenunciable, que protege incluso al criminal más buscado, precisamente porque protegerlo es lo que nos distingue de quienes no reconocen límite alguno.

Colombia es, según las encuestas y censos disponibles, un país de mayoría católica, y el actual Gobierno se ha presentado públicamente como cristiano y respetuoso de esa tradición de fe. Si esa identidad católica es genuina, debería traducirse también en la manera de tratar los cuerpos de quienes pertenecieron a grupos armados: con sobriedad, sin exhibición ni espectáculo, reconociendo que la dignidad de esas personas no desapareció con su muerte ni con sus actos en vida. Exigir coherencia entre la fe que se profesa y la forma en que se comunican los resultados de la guerra no es un ataque a la legítima defensa del Estado; es, precisamente, pedirle al poder que actúe conforme a los principios que dice representar.