Realidades y desafíos de la Sentencia T-302 de 2017
Escrito por: Fernando Acosta
El seguimiento realizado en territorio para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 revela la magnitud del reto que aún enfrenta el Estado colombiano para garantizar los derechos fundamentales al agua potable y la alimentación de las comunidades wayuu. El informe preparado por la Veeduría Ciudadana muestra que la metodología aplicada combina rigurosidad técnica y un fuerte componente social, dado que busca capturar no solo cifras, sino también la experiencia cotidiana de las comunidades que viven en medio de la persistencia del estado de cosas inconstitucional.
El proceso parte de un universo de 2.792 comunidades registradas por el ICBF y diseña una muestra representativa de 42 comunidades mediante técnicas de muestreo probabilístico. Esta aproximación permite que las conclusiones no sean meras impresiones aisladas, sino interpretaciones válidas para todo el territorio wayuu priorizado por la Sentencia. Con ello se busca comprender con mayor precisión si las órdenes judiciales están siendo implementadas de forma estructural y sostenida.
El instrumento de verificación denominado “Instrumento Seguimiento a los derechos al agua y alimentación” se estructuró en ejes que permiten evaluar infraestructura, calidad del servicio, acceso real y percepciones comunitarias. Su diseño reconoce la importancia de integrar criterios culturales propios del pueblo wayuu, lo que permite captar situaciones que las mediciones convencionales suelen pasar por alto.
Los hallazgos de campo revelan la continuidad de soluciones temporales en el abastecimiento de agua, como el uso de carrotanques o jagüeyes contaminados, pese a que las entidades públicas reportan intervenciones importantes. Las comunidades expresan con claridad que la calidad del agua es irregular y, en muchos casos, no apta para consumo humano. A ello se suma el deterioro constante de infraestructuras instaladas, incluidas plantas desalinizadoras y pozos, que con frecuencia dejan de funcionar por falta de mantenimiento o por ausencia de personal capacitado.
El componente alimentario tampoco presenta avances estructurales. Aunque existen programas del ICBF, del PAE y del Ministerio de Salud, ninguno logra garantizar cobertura permanente. La entrega de raciones es irregular, la calidad nutricional no siempre cumple con los estándares requeridos y la articulación institucional para asegurar soluciones duraderas es escasa. En términos constitucionales, los mínimos vitales de acceso al agua y alimentación siguen comprometidos.
La percepción comunitaria recogida por los equipos de verificación es contundente. Aunque reconocen ciertos avances, las comunidades insisten en que las intervenciones no responden a una planificación ajustada a su realidad ni a un proceso participativo que incorpore a las autoridades tradicionales. La desconfianza frente a las instituciones es elevada y se relaciona con la llegada de programas que no consultan las dinámicas culturales del pueblo wayuu.
El análisis territorial evidencia que los municipios presentan realidades muy diferentes. En Uribia la infraestructura es mayor, pero la continuidad del servicio es deficiente. En Manaure persiste una fuerte dependencia de fuentes tradicionales sin mayores intervenciones estatales. En Maicao y Riohacha el acceso a programas de alimentación es más frecuente, pero su sostenibilidad es incierta. Estas diferencias demuestran que no existe una estrategia diferenciada que considere los contextos propios de cada territorio.
El informe resalta también la debilidad de los mecanismos de coordinación entre entidades nacionales y territoriales. Aunque existe el MESEPP para liderar el proceso, su operatividad en terreno es baja. La información no se comparte a tiempo, los sistemas no son interoperables y no hay indicadores comunes que orienten decisiones. Esta desarticulación afecta directamente el cumplimiento de la Sentencia y limita la capacidad de transformar las condiciones estructurales del pueblo wayuu.
Otro elemento crítico es la poca claridad respecto al uso de los recursos públicos destinados al cumplimiento de las órdenes de la Corte. Las comunidades no tienen acceso a información detallada sobre los presupuestos, su ejecución o los resultados. Esto limita el control social para desempeñar un rol decisivo en la vigilancia y la exigencia de transparencia.
El documento establece recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer los sistemas de información, garantizar mantenimiento y operación de tecnologías instaladas, asegurar participación real de autoridades tradicionales y adoptar un enfoque intercultural en las intervenciones alimentarias.
Pero más allá de las recomendaciones, el seguimiento evidencia que la Sentencia T-302 no puede seguir siendo un mandato incumplido. Su implementación es un deber inaplazable del Estado, y lo que está en juego no es solo el cumplimiento de una orden judicial, sino la dignidad y la supervivencia del pueblo wayuu. La contundencia del informe es clara: sin voluntad política, articulación efectiva y respeto genuino por los derechos de estas comunidades, la deuda histórica seguirá intacta y el estado de cosas inconstitucional persistirá.