Ocho años de espera por un plan que garantice la vida digna de los wayuu

El cumplimiento de la Sentencia T-302 no es una opción, es una obligación con la dignidad humana

Escrito por: Cesar Arismendi.

Han pasado ocho años desde que la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira - ECI, al reconocer que más de 4.000 niños wayuu murieron por causas evitables como sed, diarréa, enfermedades respiratorias, desnutrición y olvido. Desde entonces, la Sentencia T-302 de 2017 ordenó al Estado colombiano construir, junto con las comunidades indígenas, un plan estructural o política pública que garantice los derechos al agua, la alimentación, la salud y la participación. Pero ese plan, que debía convertirse en símbolo de reparación y esperanza, aún no existe.

En las rancherías de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha, los wayuu siguen esperando que los acuerdos escritos se conviertan en un plan para tener agua en casa y en los jagüeyes, alimentos para los niños y atención médica oportuna para las familias. Pese a los incumplimientos, pueblo wayuu no se rinde, sigue hablando, deliberando y participando en cada reunión, porque entiende que su vida está en juego.

Cada convocatoria ha sido una oportunidad para reafirmar la autonomía wayuu, su visión del territorio y su deseo de que el Estado no solo llegue, sino que escuche, entienda y permanezca. Estas asambleas, que a veces duran jornadas enteras bajo el sol, no han sido simples trámites, han sido lecciones de dignidad que se concretan en actas y acuerdos.

Reconociendo este contexto, la Veeduría Ciudadana a solicitud de la Defensoría del Pueblo, sistematizó más de 110 documentos institucionales y comunitarios. Se revisaron cerca de 865 páginas acumuladas en el expediente de la Sentencia T-302 de 2017 entre 2018 y 2024, identificando avances fragmentados, omisiones administrativas y la persistente ausencia de una estrategia coherente y sostenible.

En este ejercicio se incluyen 40 actas de las reuniones de preconsulta, 12 reuniones con representantes de alto nivel de más de 35 instituciones accionadas e invitadas a participar por parte del gobierno, 8 asambleas de consulta previa en torno del plan de acción de emergencia, convocatorias en donde asistieron cerca de 15.600 miembros de las comunidades wayuu. Igualmente, las iniciativas contenidas en el anexo III con 197 propuestas realizadas por los wayuu, analizadas y priorizadas por los involucrados que la Defensoría del Pueblo compilo en un documento de más de 156 páginas.

El documento de sistematización propone un camino posible. Se trata de un plan con rostro humano, intercultural, que parte del reconocimiento de la autoridad tradicional y de la necesidad de una gobernanza indígena real. El objetivo es avanzar hacia un modelo de desarrollo que no imponga soluciones desde Bogotá, sino que nazca del desierto y sus comunidades.

Recientemente el exmagistrado Aquiles Arrieta y la Fundación FUCAI acompañaron la presentación de los resultados de este proceso ante coadyuvantes de la Sentencia, autoridades tradicionales, voceros, líderes y lideresas wayuu, reconociendo que lo que la institucionalidad no ha logrado articular, las comunidades sí lo han hecho desde su palabra. Lo que emerge de esas actas y documentos de relacionamiento con el gobierno se consolidan como una propuesta de desarrollo social de carácter intercultural que reclama coherencia, respeto y acción.

El ejercicio de planeación realizado evidencia escenarios para el futuro de La Guajira. El más esperanzador, el “transformador”, imagina una política pública con enfoque étnico-territorial, participación vinculante y sostenibilidad financiera. Pero también se advierte el riesgo del “reformista”, donde los programas se multiplican sin coordinarse, y del “regresivo”, en el que todo se reduce a promesas escritas sin voluntad de cumplimiento.

El Plan de Acción estructural resultante de la sistematización realizada por el equipo de la Veeduría propone dos estrategias concretas: una para el desarrollo social y económico con enfoque territorial y étnico, centrado en la protección de la niñez; y otra para fortalecer la institucionalidad mediante la transparencia, la información y la participación. La idea es que cada acción tenga sentido y continuidad, y que los avances no se desvanezcan con los cambios de gobierno.

La realidad muestra que el Mecanismo Especial de Seguimiento (MESEPP), aún enfrenta desafíos en representatividad y articulación. Los avances en agua, alimentación y salud no alcanzan a compensar las muertes que siguen ocurriendo. En muchas comunidades, el agua llega no llega y cuando llega es mediante carrotanque una vez por año.  La atención en salud no es oportuna y los alimentos escolares como el modelo de atención integral del ICBF, se interrumpen por falta pago y de contratos.

Como resultado de la sistematización, se determina que es hora de actuar. El mecanismo especial de verificación y control (Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo), con frecuente presencia en la agenda del MESEPP, sus acciones no se traducen en decisiones vinculantes. Los wayuu repiten una y otra vez que las reuniones son importantes, pero lo urgente es que las ordenes de la Sentencia y los acuerdos se cumplan.

El documento advierte que, sin decisiones vinculantes, mecanismos financieros estables y verdadera participación comunitaria, cualquier plan será solo una ilusión más. El tiempo se agota para superar el estado de cosa inconstitucional y transitar a una historia de vida digna. Cada año que pasa sin resultados concretos es una deuda moral más profunda con el pueblo wayuu.

Aun así, entre los arenales de La Guajira, el pueblo wayuu sigue de pie. Sus mujeres, autoridades y líderes continúan construyendo, desde la palabra y la comunidad, el plan que el Estado no ha podido concretar. Lo hacen con la convicción de que la vida de sus hijos vale tanto como la de cualquier otro niño colombiano. Ocho años después, su voz no se apaga, resiste, enseña y recuerda al país que el cumplimiento de la Sentencia T-302 no es una opción, es una obligación con la dignidad humana.