Día de la Energía: EL MUNDO SE CONGELA, ¿QUE NOS ESPERA EN EL SUR GLOBAL?
Por: Zulma Rodríguez
¿Qué desafío enfrenta el mundo para tener una justicia climática?
Hoy cuando celebramos el día de la Energía y cuando las noticias en el mundo , nos golpean con el intenso invierno que viven los países del norte y del sur, podemos reflexionar no solo sobre avances tecnológicos que permite que cientos de personas en sus hogares puedan disfrutar de su sistema de calefacción, pero, ¿A qué costo? ¿Qué modelo y que países sostienen el modelo de comodidad mundo actual?
Aunque se anuncian metas de descarbonización y se expanden parques solares y eólicos, el planeta sigue dependiendo en gran medida del carbón, el petróleo y el gas. Durante los inviernos intensos del hemisferio norte, el consumo de combustibles fósiles aumenta considerablemente para garantizar calefacción y estabilidad energética. Esta realidad evidencia que la transición energética no es únicamente un cambio técnico, sino un proceso profundamente político y ético.
Los países del primer mundo construyeron su prosperidad sobre más de dos siglos de industrialización basada en combustibles fósiles. Esa acumulación histórica de emisiones explica buena parte del calentamiento global actual. Sin embargo, las consecuencias del cambio climático afectan con mayor fuerza a regiones vulnerables del sur global, donde la pobreza estructural, la escasa infraestructura y la exclusión histórica agravan los impactos. Existe, por tanto, una responsabilidad diferenciada que no puede ignorarse. La transición energética debe reconocer esa deuda histórica y traducirse en compromisos reales de reducción de emisiones, financiamiento climático justo y transferencia tecnológica solidaria.
La conciencia en las sociedades desarrolladas es clave para impulsar cambios estructurales. La ciudadanía de a pie del primer mundo o mundo desarrollado debe comprender que su patrón de consumo energético tiene efectos directos en territorios lejanos, que a la larga terminan impactando las intensas estaciones climáticas. La comodidad térmica y el alto consumo industrial no son neutros: están conectados con la extracción de recursos, la degradación ambiental y, en muchos casos, la vulneración de derechos humanos en otras regiones. Sin presión social interna, los compromisos climáticos tienden a quedarse en declaraciones formales, como lo hemos visto en las protestas generadas por las comunidades indígenas en la Cop30 en Brasil.
Pero esta transición energética que necesita el mundo, no puede limitarse a sustituir el carbón por el viento o el petróleo por el sol. En territorios como La Guajira, con enorme potencial eólico y solar, surge una pregunta fundamental: ¿la transición será justa o reproducirá nuevas formas de extractivismo? Durante décadas, esta región ha sido escenario de explotación carbonífera. Hoy es presentada como epicentro de energías renovables. Sin embargo, si los nuevos proyectos concentran beneficios en grandes empresas, excluyen a las comunidades locales y no transforman las condiciones de pobreza estructural, la transición será apenas un “extractivismo verde”.
La justicia energética implica dos dimensiones centrales. La primera es la justicia distributiva: quién recibe los beneficios económicos y quién asume los impactos. Las comunidades donde se instalan proyectos renovables deben participar de manera significativa en las ganancias y ver mejoras reales en agua, salud, educación e infraestructura. No basta con compensaciones aisladas; se requieren mecanismos estructurales de redistribución.
La segunda dimensión es la justicia de procedimiento y las consultas previas justas: ¿quién decide y cómo se toman las decisiones? En territorios con presencia de pueblos indígenas, la participación debe ser efectiva, culturalmente adecuada y respetuosa de la autodeterminación. La consulta previa no puede reducirse a un trámite formal. Una transición energética que ignore la voz de las comunidades carece de legitimidad.
Además, la energía no puede analizarse de forma aislada. En regiones vulnerables, los derechos al agua, la alimentación y la salud están interconectados. La falta de agua potable incide directamente en la desnutrición y las enfermedades. La ausencia de infraestructura limita el acceso a servicios médicos y educativos. Por ello, los proyectos de energía limpia deberían contribuir a resolver estas brechas: alimentar sistemas de bombeo de agua, fortalecer centros de salud y apoyar actividades productivas sostenibles. La energía debe ser un medio para garantizar dignidad, no un fin económico independiente de las necesidades sociales.
El financiamiento climático también es determinante ya que la transición requiere inversiones significativas, pero estos recursos no pueden incrementar el endeudamiento de los países vulnerables ni estar condicionados a reformas que profundicen desigualdades. Los fondos internacionales deben reconocer la responsabilidad histórica de los mayores emisores y priorizar territorios afectados por décadas de explotación y abandono institucional. La justicia intergeneracional exige que las soluciones actuales no comprometan la estabilidad financiera y ambiental del futuro.
Existe un riesgo real de que el siglo XXI reproduzca un nuevo colonialismo energético y esto dependerá si las regiones del sur global se convierten en grandes zonas de generación de energía limpia destinadas principalmente a abastecer mercados externos, sin participación efectiva de las comunidades locales, la transición será incompleta y desigual. Cambiar la fuente energética sin transformar las relaciones de poder mantiene intactas las estructuras de inequidad. La democratización de la energía implica descentralizar la generación, diversificar actores y promover modelos de propiedad comunitaria o mixta.
El Día de la Energía debe ser una oportunidad para evaluar el progreso real hacia la descarbonización. ¿Se están reduciendo efectivamente las emisiones globales? ¿Se garantizan procesos participativos en los territorios? ¿Se miden los impactos sociales de los proyectos renovables? La transición no puede medirse solo en megavatios instalados, sino en mejoras concretas en calidad de vida y equidad.
La energía define la manera en que producimos, nos movilizamos y habitamos el planeta y transformar el sistema energético implica revisar nuestras prioridades como sociedad. La transición justa no debe ser un eslogan, sino una condición indispensable para que la lucha contra el cambio climático sea legítima y sostenible. Los países del primer mundo deben reducir aceleradamente su dependencia fósil y asumir compromisos financieros y tecnológicos coherentes. A su vez, las regiones con alto potencial renovable deben diseñar modelos que eviten repetir lógicas extractivas y lograr tener sus propios reglamentos de relacionamiento propios y estructurados para cada pueblo indígena.
La transición energética es una oportunidad histórica para corregir desigualdades acumuladas durante siglos. Puede convertirse en el mayor proyecto de cooperación global o en una nueva etapa de acumulación desigual. La decisión es profundamente ética. En territorios con abundante sol y viento, el mundo tiene la oportunidad y la responsabilidad de demostrar que es posible construir un futuro energético más limpio, pero también más justo.