La superación del Estado de Cosas Inconstitucional sigue siendo una tarea inconclusa.
Por : Paulo Berty. Veeduría ciudadana para la Sentencia T 302 de 2017.
La implementación de la Sentencia T-302 de 2017 durante el 2025
El balance de la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 durante la vigencia 2025 confirma que el Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira persiste, aunque con avances parciales en indicadores críticos asociados a la supervivencia infantil.
La acción gubernamental se caracterizó por una alta movilización institucional y presupuestal, reflejada en un avance administrativo superior al 80 % del Plan Provisional de Acción, pero con resultados territoriales desiguales y una brecha sostenida entre la ejecución formal y el goce efectivo de derechos en las comunidades wayuu más dispersas.
En materia de desnutrición infantil, 2025 registró una reducción relevante de la mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años, con una tasa departamental de 24,95 muertes por cada 100.000 niños, inferior a la observada en 2024, aunque aún muy distante del promedio nacional.
Este descenso se asocia principalmente al fortalecimiento de la búsqueda activa, la operación de equipos extramurales y la ampliación de la capacidad de respuesta del sistema de salud. No obstante, la persistencia de tasas elevadas de mortalidad por infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda evidencia que los determinantes estructurales del hambre siguen activos.
El acceso al agua potable continuó siendo el principal cuello de botella para la superación del ECI. A pesar de inversiones significativas en infraestructura y de un avance administrativo cercano al 78% en este componente, la verificación en territorio mostró que una proporción mayoritaria de los hogares rurales sigue dependiendo de fuentes no seguras como los jagüeyes. La sostenibilidad técnica y financiera de las soluciones entregadas se mantuvo como el problema central, lo que se refleja en la persistencia de una mortalidad por EDA varias veces superior al promedio nacional.
En seguridad alimentaria, se lograron coberturas institucionales altas a través de programas del ICBF y del PAE, garantizando la entrega regular de complementos alimentarios a la niñez atendida. Sin embargo, los datos territoriales confirman que estas intervenciones no lograron modificar de manera sustantiva la inseguridad alimentaria de los hogares, especialmente en zonas rurales dispersas. La dependencia de esquemas asistenciales y la baja sostenibilidad de los proyectos productivos limitaron la capacidad de las comunidades para generar autonomía alimentaria.
