La sostenibilidad de las obras y acciones de la Sentencia T-302 de 2017

Escrito Por: Paulo Berty

En el corazón del desierto guajiro, allá donde el viento, el sol y la arena se entrelazan con la memoria de los ancestros, los wayuu siguen resistiendo. Entre los cardones y el silencio que habla, su pueblo enfrenta hoy un desafío para lograr que los proyectos comunitarios impulsados bajo el marco de la Sentencia T-302 de 2017 no se desvanezcan con el paso del tiempo, sino que se conviertan en los cimientos duraderos para su bienestar y autonomía.

La sentencia, que reconoció la grave crisis humanitaria que afecta al pueblo wayuu, trazó un mandato claro en torno de garantizar el acceso al agua, la alimentación, la salud y la participación efectiva, bajo un enfoque que respete su cultura y fortalezca su autodeterminación. Sin embargo, en la práctica, los múltiples proyectos que se anuncian y ejecutan han tropezado con un obstáculo persistente por la falta de articulación institucional y la escasa sostenibilidad de las intervenciones.

En muchos eirukus —las comunidades tradicionales wayuu— se observan huellas de iniciativas valiosas. Sistemas de energía solar, pozos profundos, programas de alimentación escolar, el pilotaje del ICBF, caminos mejorados o centros culturales rurales. Cada uno de estos proyectos encarna una esperanza colectiva, un intento de reconciliar la vida moderna con la sabiduría ancestral. Pero cuando la financiación termina, las promesas se diluyen. “Nos instalaron el sistema de agua, nos tomaron las huellas y la foto, y se fueron. Cuando se dañó la bomba, nadie sabía a quién llamar”, cuenta con desazón Eliecer Epieyu, autoridad tradicional de Walerapa, en Uribia.

La historia se repite una y otra vez. Los proyectos nacen con entusiasmo, pero mueren en el abandono por falta de seguimiento, de formación técnica o de apropiación local. No se trata solo de la ausencia de recursos, sino de la carencia de un enfoque integral que reconozca que la sostenibilidad no se impone sino que se construye colectivamente. Sin planeación a largo plazo, sin procesos de fortalecimiento organizativo y sin relevo generacional, el desarrollo se vuelve pasajero y asistencialista.

Los expertos coinciden en que la sostenibilidad de las iniciativas  en los territorios wayuu depende de una articulación real entre el Estado, las autoridades tradicionales, las universidades, las empresas y las organizaciones sociales. No basta con multiplicar programas; se requiere tejer una red de coordinación que evite la fragmentación institucional que tanto daño ha causado. “El modelo actual dispersa los esfuerzos. Necesitamos mesas permanentes que partan de la visión del propio pueblo wayuu, no de las agendas externas”, advierte el antropólogo y líder social Wilder Guerra Curvelo.

Esa articulación debe ir más allá de los despachos públicos. El sector privado, especialmente las empresas generadoras de energía eólicas que operan en La Guajira, tienen una deuda histórica y una responsabilidad ineludible que se expresa en trabajar desde la consulta previa, el respeto ambiental y el fortalecimiento cultural. Para los wayuu, el desarrollo no se mide en cifras, sino en armonía. “La sostenibilidad se entiende como el equilibrio entre pülasü (armonía) y ainma (vida comunitaria). Un proyecto sin alma cultural está condenado al fracaso”, recuerda Guerra Curvelo.

La voz de Irama Móvil Gámez,  wayuu del eiruku Apshana, resuena con fuerza en esa misma dirección: “La sostenibilidad no es solo técnica o financiera. Es cultural. Si no se respeta la forma en que vivimos, el proyecto no tiene espíritu”. Sus palabras revelan una verdad profunda, dado que el desarrollo sin identidad es vacío; el progreso sin pertenencia se convierte en una forma silenciosa de desarraigo.

Avanzar hacia la sostenibilidad exige entonces un nuevo pacto territorial interinstitucional. No un acuerdo formal o burocrático, sino un compromiso ético y político donde el Estado reconozca la capacidad de gobierno propio del pueblo wayuu y fortalezca sus estructuras de decisión. Las políticas públicas deben sostenerse en el tiempo, contar con presupuestos estables y promover la formación en gestión comunitaria. Solo así será posible construir procesos que trasciendan los periodos administrativos y generen confianza en las comunidades.

La Guajira no necesita más proyectos pasajeros, sino procesos vivos que germinen desde adentro. Los wayuu no esperan beneficencia, sino respeto, autonomía y alianzas verdaderas. La sostenibilidad debe convertirse en el eje de la autodeterminación, mientras la articulación institucional actúa como su soporte estructural. Sin sostenibilidad, los esfuerzos se extinguen; sin articulación, el territorio se fragmenta.

La Sentencia T-302 de 2017 no solo es un fallo judicial; es un llamado a la coherencia ética del Estado y de la sociedad. Su cumplimiento requiere unir la técnica con la sensibilidad, la política pública con la sabiduría ancestral. En la medida en que las instituciones logren integrarse en torno a un propósito común y los proyectos se piensen desde la mirada wayuu, será posible transformar la ayuda en justicia, y los programas en caminos de vida.

El desafío no consiste en comenzar  e inaugurar más  obras, sino en construir procesos de desarrollo endógeno, donde el pueblo wayuu sea protagonista, el Estado un aliado estratégico, y las empresas y universidades actúen desde el respeto y la corresponsabilidad. Solo así, en ese diálogo entre mundos, la sostenibilidad dejará de ser un eslogan y se convertirá en lo que siempre debió ser: una forma de dignidad y permanencia.

 

 

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