Hace nueve años, el 8 de mayo de 2017, la Corte Constitucional declaró que en La Guajira existía un estado de cosas inconstitucional (ECI), al reconocer la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las niñas y niños del pueblo Wayuu, en temas como la alimentación, el agua y la salud. Nueve años después, el país ha producido diagnósticos, programas e informes. Pero hay algo profundamente incómodo: sabemos mucho más de lo que estamos transformando.