Durante más de tres décadas, Colombia ha mantenido pendiente una de las promesas centrales de la Constitución de 1991: convertir los territorios indígenas en verdaderas entidades territoriales con capacidad para gobernar, planificar y administrar sus propios asuntos. 

Aunque ese reconocimiento quedó plasmado en el texto constitucional, nunca fue desarrollado plenamente mediante la legislación correspondiente. El resultado ha sido una brecha persistente entre el derecho escrito y su aplicación, dejando en suspenso una transformación institucional que debía fortalecer el carácter multicultural del Estado.