Cada 20 Horas, un Niño es reclutado en Colombia: La Crisis del Reclutamiento y los modelos de referencia de los niños y niñas en Colombia
Por: Zulma Rodriguez, Para la Veeduría Ciudadana Sentencia T 302 de 2017
Cada veinte horas, un niño, una niña o un adolescente es reclutado por un grupo armado en Colombia. No es una metáfora. Es una cifra oficial presentada por un panel de expertos en el evento organizado por la Contraloría General de la República, Cuyo tema central fue ““Control fiscal, articulación e inversión frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales en Colombia”.
Organizaciones como Save the Children, COALICO, ONU revelaron cifras contundentes, en los últimos 55 años del conflicto armado en Colombia cerca de 18.677 personas menores de edad han sido reclutadas para la guerra. Solo en lo que va corrido del 2026, ya se reportaron 25 casos confirmados de niños y niñas reclutados. El sistema de previsión de la Contraloría proyecta que el fenómeno crecerá a un ritmo del 3% anual, llegando a 286 casos para 2030 si no se toman medidas estructurales urgentes. Colombia es hoy el segundo país del mundo en reporte de asesinatos a adolescentes y el cuarto en violencia educacional, es decir las escuelas, que deberían ser entornos seguros, presentan algún tipo de amenazas que ponen en riesgo la seguridad de niños, niñas y adolescentes. El año pasado, 660 niños fueron asesinados en el país, frente a 187 líderes sociales asesinados.
El Estado colombiano, en la protección de niños, niñas y adolescentes ejecutó entre 2022 y 2024 más de 5,2 billones de pesos en atención a la primera infancia a través del ICBF, con una ejecución presupuestal superior al 97%. En el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), se invirtieron cerca de 4 billones adicionales para atender más de 808.368 denuncias de vulneración de derechos. A primera vista, las cifras parecen respetables.
Pero la Contraloría fue directa: ejecutar el presupuesto no equivale a garantizar derechos. El dinero se gasta, pero no transforma vidas.
En prevención del reclutamiento, la brecha es aún más alarmante. De los 12.891 millones de pesos asignados, solo se ejecutaron 9.216 millones, dejando sin invertir $3.675 millones. Peor aún: para el periodo 2024–2026, el presupuesto destinado a prevención sufrió una reducción del 83,8%, pasando a apenas 1.810 millones de pesos. Mientras los grupos armados crecen de 18.000 a más de 28.000 integrantes reportados. El Estado recorta el dinero para proteger a los niños que esos mismos grupos están reclutando a los niños ofreciéndoles condiciones que el Estado no les brinda.
Los expertos señalan que Colombia debería invertir el 2,3% del PIB en protección de la infancia. Hoy invierte menos del 1%. La brecha entre lo que se necesita y lo que se asigna no es técnica: es política.
El departamento del Cauca concentra el 44,2% de los casos de reclutamiento forzado en el país. Más de 15 de sus municipios enfrentan niveles de violencia y reclutamiento persistente, con presencia activa de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados. Aunque el Cauca incluyó el tema de prevención del reclutamiento en sus planes de desarrollo territoriales, lo hizo sin recursos específicos, lo que no permite la garantía de la salvaguarda de los menores en el territorio. Una declaración de intenciones sin financiación, es papel.
Lo que hace la situación aún más urgente, es su impacto sobre los pueblos indígenas ya que el 50% de los niños, niñas y adolescentes reclutados en departamentos como el Cauca pertenecen a comunidades indígenas. De las 631 víctimas indígenas actualmente en casas de protección del ICBF, al menos el 10% de los niños desvinculados vuelve al conflicto. Un dato que interpela directamente el modelo de atención: si uno de cada diez regresa a los grupos armados, el sistema de restablecimiento de derechos no está cumpliendo su promesa.
La falta de infraestructura educativa, transporte escolar y conectividad digital en las zonas rurales agrava el ciclo: sin escuela accesible y sin oportunidades reales, los jóvenes quedan expuestos. En este momento, 2.500 sedes educativas en el país están en riesgo alto de violencia y 1.070 escuelas han sido identificadas bajo amenaza directa de reclutamiento.
Hoy los modelos de reclutamiento se han modernizado y avanzan tan rápido como la evolución de las redes sociales, los grupos armados no esperan a los niños en los caminos. Hoy los encuentran en las pantallas. La Contraloría advirtió que las organizaciones ilegales han adoptado las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook como plataformas de captación, publicando contenidos que prometen lujos, vehículos, relaciones afectivas y una vida de reconocimiento. Narrativas de dinero fácil y poder fabricadas para seducir a jóvenes en situación de vulnerabilidad emocional, económica o familiar.
La creatividad de los grupos armados superó la capacidad de respuesta del Estado. Mientras las instituciones trabajan con manuales y protocolos diseñados para un conflicto territorial, los reclutadores operan en el universo digital sin ninguna barrera efectiva.
El reclutamiento no ocurre en el vacío. Ocurre en territorios donde el hambre también es estructural. En 2025 se reportaron 178 muertes probables por desnutrición aguda en niños colombianos, con 127 confirmadas. En ese mismo año, se registraron 33.442 lesiones asociadas a contextos de violencia, incluyendo más de 16.000 casos por delito sexual y 7.200 por violencia interpersonal. La violencia aportó el 52% de las causas de daño a la infancia.
La Contraloría identificó cinco condiciones indispensables para revertir esta crisis: trazabilidad del gasto, interoperabilidad institucional, focalización territorial, financiación suficiente y participación social. Son condiciones que hoy, en la mayoría de los territorios, no se cumplen.
El 73% de los centros zonales del ICBF visitados por la Contraloría reportó carecer de coordinación fluida con las secretarías de salud y educación. Los procesos de restablecimiento de derechos se demoran hasta 120 días en zonas rurales o de difícil acceso. Las Defensorías de Familia operan con cargas de entre 85 y 100 casos activos simultáneos por defensor. Y más del 97% de los casos de violencia sexual contra niños queda en la impunidad.
Encuentro Contraloría “Control fiscal, articulación e inversión frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales en Colombia”
La Contraloría identificó cinco condiciones indispensables para revertir esta crisis: trazabilidad del gasto, interoperabilidad institucional, focalización territorial, financiación suficiente y participación social. Son condiciones que hoy, en la mayoría de los territorios, no se cumplen.
No podemos quedarnos solo en dar a conocer las cifras. Como se señaló en el foro de la Contraloría: hay que judicializar, financiar, territorializar y sobre todo, no volver a empezar con cada nuevo gobierno. Los compromisos con la infancia deben ser vinculantes, presupuestados y medibles. Cada niño que permanece en su comunidad, que danza, que siembra, que sueña, es un reclutamiento que no ocurrió.