LA GUAJIRA EN LA LUPA
Escrito por: Zulma Rodríguez
zulma.rodriguez@fucaicolombia.org
Verificación de cumplimiento sentencia T-302 del 2017.
Un mes crucial ha tenido el departamento de La Guajira frente al desarrollo de reuniones con mira a la transparencia, imparcialidad y el cumplimiento de los mandatos sobre los derechos constitucionales básicos que se han desarrollado en las pasadas semanas.
Por un lado, la Corte Constitucional tuvo la audiencia sobre imparcialidad y transparencia en el cumplimiento de lo ordenado en el objetivo VI consignado en la Sentencia T302 de 2017 y que vale la pena recordar: “9.4.6 garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y la selección de contratistas” y para su cumplimiento, los órganos de control como la Contraloría General y departamental, la Defensoría y la procuraduría debían aplicar las siguientes actuaciones: “elaborar criterios de selección para los beneficiarios de las políticas públicas, informar mensualmente a la procuraduría los criterios de selección en cada contratación, crear indicadores para garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y informar en Wayunaiki los criterios de selección”
En su actuación frente a la Sentencia, la Contraloría informaba a la Corte Constitucional sobre el trabajo que está realizando de la siguiente manera: “La Contraloría tiene una actuación especial de fiscalización y se ha tramitado frente a los componentes de SGP y AESGPRI. Se ha venido desarrollando una actuación especial de fiscalización , que es una actuación, breve y sumaria que realiza la contraloría y en este caso, sobre AESGPRI en los años 2021, 2022, 2023 de los municipios accionados por la Sentencia y cuyos resultados se estarán liberando en el mes de Junio de 2024”.
Se realizará auditoría de cumplimiento de Corpoguajira 2022, 2023 en las que se incluyen temas relacionados con la Sentencia T 302 de 2017 y cuyos resultados darán a conocer en Junio 2024.
Se encuentra programado en el plan de vigilancia intersectorial y Control Fiscal para el segundo semestre de la vigencia una fiscalización sectorial en torno al cumplimiento de la Sentencia T302 de 2017 y una auditoria en cumplimento al departamento de La Guajira, así como a los municipios de Riohacha y Maicao , sobre los recursos del SGP. La Contraloría también desarrolló una vigilancia intersectorial vigencia 2023 en cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017 , sobre la vigencia 2019, 2020, 2021y 2022 y se obtuvieron 92 hallazgos administrativos y se pueden relacionar de la siguiente manera:
Disciplinarios 72, Fiscales 21, Indagación preliminar 3, Proceso sancionatorio 1, Otras: 8 y se evidencio que la mayoría de las entidades que tienen orden en el cumplimiento de la Sentencia tienen un escaso conocimiento de su rol, o al cometido fundamental de la Sentencia T 302 de 2017. Eso quiere decir que el departamento de La Guajira estará en la lupa de la vigilancia mediado por la presión que tiene frente a las actuaciones que se deben realizar con miras a informar a la Corte Constitucional sobre los avances de la Sentencia.
Sin embargo no serán los únicos con los ojos puestos en los territorios, ya que en el desarrollo de la visita de la CIDH y las entrevistas que tuvieron con diferentes organizaciones y estancias, se espera un informe con recomendaciones que ojalá logren ser vinculantes para obtener una actuación que permita que los niños y niñas puedan gozar de sus derechos fundamentales y así preservar la vida. Y frente a lo dicho por la Corte Constitucional y que ha acaparado los titulares delos principales periódicos cuando el Magistrado Reyes le decía al Fiscal: “que cada muerte de un niño es un homicidio por omisión y que se tendría que levantar una investigación penal por cada niño muerto” se abre la posibilidad de judicializar a las personas que comenten corrupción frente a los recursos que van destinados a la preservación de la vida de los niños y niñas no solo de La Guajira, sino de toda Colombia, pues esta debería ser una política nacional frente a los recursos del estado invertidos en la niñez.
También existe una gran preocupación frente al modelo que se está implementando por parte del ICBF para la atención de los niños, niñas, madres gestantes y madres lactantes y jóvenes hasta 14 años, ya que no ha tenido la rapidez que se necesita en su implementación y sumado a la temporada de sequía por la que atraviesa la región, las comunidades comienzan a resentir la falta de alimento y agua potable, que si bien no ha sido el objetivo principal del ICBF, si se ha convertido en un bálsamo para los niños y niñas que no cuentan con ningún recurso para conseguir un plato de comida en sus rancherías.
Se espera también con urgencia que el MESEPP comience su gestión y que se logren consolidar los indicadores del tablero de seguimiento y los diferentes comités técnicos de trabajo que deben comenzar su articulación para lograr, no solo consolidar los planes y acciones que se deben comenzar a ejecutar en el plan provisional de acción de emergencia, sino aquellas que se deben construir en el Plan de acción que debe estructurarse para el cumplimento de la Sentencia T 302 de 2017.
Por ahora, se tiene el radar puesto en los planes departamentales y municipales y en su visión de integrar las acciones, presupuestos y programas correspondientes al cumplimiento de las órdenes de la Sentencia, de lo contrario, se debería realizar una reestructuración de los mismos y tramitar las políticas públicas que sean necesarias, para que en los 4 años de los mandatos territoriales, se logren destinar recursos para el cumplimiento de las órdenes contenidas en la Sentencia T 302 de 2017.
Este parece ser un año decisivo para La Sentencia que está a días de conmemorar 6 años de incumplimiento y que desde su notificación el 28 de junio del 2018 lleva acumulado el triste recuento de 459 niños y niñas muertos por enfermedades asociadas a la desnutrición en el departamento de La Guajira.
